Histórico: con la votación definitiva del Senado, Uruguay aprobó la ley que regula la eutanasia
La ley de eutanasia, llamada de “muerte digna”, fue aprobada el miércoles de noche en el Senado por 20 votos en 31. Ya había sido aprobada en Diputados por 64 votos en 93.
El Parlamento aprobó la Ley de Muerte Digna. Con el impulso y el voto unánime de las bancadas del Frente Amplio en Diputados y Senadores, se ha convertido en ley el derecho a la Muerte Digna.
Esta ley es avance en la defensa de los derechos humanos. Consagra la autonomía de cada… pic.twitter.com/I8Gnf9eEjF
— Frente Amplio (@Frente_Amplio) October 16, 2025
El Senado terminó de aprobar la ley que regula la eutanasia el miércoles de noche sobre la hora 22:30, con 20 votos a favor en 31 senadores.
De esta forma el Parlamento dio sanción definitiva al proyecto que se llamó de “muerte digna”, y que había sido aprobado en Diputados el 13 de agosto, con 64 votos afirmativos en 93 legisladores presentes.
El proyecto pasó al Poder Ejecutivo, que tiene ahora 180 días para reglamentar la ley.
La aprobación definitiva en el Senado se obtuvo con los 17 votos del Frente Amplio (mayoría en la Cámara) y tres senadores de la oposición: Graciela Bianchi del Partido Nacional, Ope Pasquet y Heber Duque del Partido Colorado.
Pasquet, que había impulsado este proyecto años atrás desde la Cámara de Diputados, ingresó al Senado como suplente de Robert Silva, en tanto Duque lo hizo como suplente de Andrés Ojeda.
#Uruguay Después de diez horas de discusión, la Cámara de Senadores dió sanción definitiva y se aprobó la Ley de Muerte Digna en Uruguay. De esta manera, el país sudamericano se convierte en el primero en América Latina en legalizar la Eutanasia. @teleSURtv pic.twitter.com/PIgFIN5sP4
— Mateo Grille (@mateoteleSUR) October 16, 2025
La votación culminó a la hora 22:28, y las personas que siguieron el debate durante todo el día rompieron el silencio en aplausos y vítores durante varios minutos.
La aprobación del articulado también se hizo por mayoría (20 en 31), con un aditivo en el artículo 4, también aprobado por la misma diferencia.
La ley
La ley, que lleva varios años de discusión y modificaciones, y que ahora se llama “ley de muerte digna”, regula el procedimiento de eutanasia en casos especiales de enfermedades terminales o incurables, y cuando el paciente así lo resuelve en el uso pleno de sus facultades.
Para ello, un médico deberá certificar que se dan las condiciones previstas en la ley, en cuanto a la enfermedad incurable, en etapa terminal, o con un sufrimiento tal que no se puede reducir ni eliminar.
Si ese médico no está convencido de que el paciente reúne las condiciones para habilitar la eutanasia, se puede convocar a un segundo profesional para que evalúe la situación.
#SesiónSenado | El Plenario debate el proyecto de ley de Muerte Digna.
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En caso de opiniones divergentes entre los dos médicos ya citados, entonces se habilita la consulta a un ateneo médico para que resuelva si corresponde o no el procedimiento de muerte asistida.
La ley establece la objeción de conciencia del médico, esto significa que el profesional convocado para resolver y aplicar la eutanasia puede negarse si así lo desea.
El debate
El colorado Ope Pasquet aseguró que se trata de una ley que permite a las personas «que padecen sufrimientos insoportables por causas de enfermedades incurables, decidir libremente acerca del final de su vida y contar con la ayuda médica para ejecutar su decisión”.
“La ley es necesaria, porque hay personas sobre las que recayó la desgracia de una enfermedad para la que la ciencia no tiene cura, que saben que no hay luz al final del túnel y que mientras esperan ese final, sufren terribles dolores físicos, sufren moralmente porque pierden autonomía y necesitan de otros para todo”, agregó.
Afirmó que «la pregunta crucial es si una persona adulta y en su sano juicio tiene derecho a morir cuando lo decida o tiene el deber de vivir hasta que le llegue la muerte natural».
«Nuestra propuesta no le impone nada a nadie. Respeta la pluralidad de opiniones y creencias sobre este asunto», insistió Pasquet.
«Es libertad para elegir, eso es lo que reclamamos. El que quiera eutanasia que la pida, y el que no la quiera, que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a clasificar a los pacientes en eutanasiables y no eutanasiables. Esta es una falsedad que se ha repetido una y otra vez. La decisión es absolutamente privativa de la persona de cuya vida se trata. Si está en la situación prevista por la ley se dará trámite a su pedido y si no, no», remarcó y se refirió también a la libertad del equipo asistencial con su objeción de conciencia.
Frente Amplio
El senador del Frente Amplio Daniel Borbonet fue quien presentó y defendió la ley en nombre del oficialismo, y afirmó que su posición es por «la libertad, la dignidad y la autonomía de las personas que a través de este proyecto de ley, que fue resultado de un proceso extenso, serio, democrático y deliberativo, puedan decidir como un derecho lo que ellos desean hacer».
«Este proyecto no obliga a nadie, ofrece una alternativa que hoy no hay», sostuvo y respaldó que es un proyecto garantista.
En contra
Por su parte, el senador blanco Javier García cuestionó la denominación de «muerte digna» al proyecto. «La pregunta es bajo qué parámetros se fija la indignidad al morir. Quién es la autoridad política, jurídica, médica que determina que una vida es indigna. Cuál es el parámetro, cuál es el protocolo», sostuvo y cuestionó el concepto de libertad aplicado por quienes están a favor del proyecto.
«Una persona enferma tiene su libertad limitada, cualquiera, no es verdad que todos tenemos la misma libertad. El que está sano y el que tiene un cáncer tienen libertades diferentes», dijo. «El Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida. La ley tendría que tener la misma potestad para ofrecer la capacidad de vivir que la que ofrece el proyecto de ley actual», agregó.
García aseguró que «no ofrece garantías» ni para el paciente ni para el equipo de salud, por poder ser «sometido a un jurado». En ese sentido cuestionó que se actúe después de que se produzca la muerte.
Es «una ley mala desde el punto de vista técnico, que tiene muchas y graves inconsistencias, que evita derechos, que quita derechos y que pone al equipo médico y al equipo de salud en un riesgo muy importante».
