Stargate capítulo Argentina: ¿La Gran Promesa de la IA o una Narrativa Especulativa de Alto Vuelo?
Por Lina Merino*
La noticia recorrió el mundo en horas: Sam Altman, el CEO de OpenAI, anunciaba a través de un video una inversión faraónica de 25.000 millones de dólares para construir “Stargate Argentina”, un megacentro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia. El proyecto, presentado como un hito histórico, promete posicionar al país en la vanguardia tecnológica global. Sin embargo, un análisis de los hechos disponibles, lejos del ruido mediático y la propaganda política, revela una trama de inconsistencias, falta de certezas y potenciales riesgos estratégicos que transforman el anuncio en un caso de estudio sobre la nueva geopolítica de la IA y el poder de la narrativa sobre la sustancia.
Desde el sector tecnológico, la primera alarma salta al examinar a los actores locales. El «socio estratégico» designado es Sur Energy, una empresa presentada como líder en infraestructura energética limpia. No obstante, la due diligence más básica arroja un vacío inquietante: Sur Energy no tiene presencia registral verificable, historial de proyectos, sitio web operativo, estructura directiva pública o antecedentes que avalen su capacidad para desarrollar una obra de 25.000 millones de dólares. Es, en la práctica, una empresa fantasma. Su surgimiento simultáneo al anuncio sigue el patrón de los «special purpose vehicles» utilizados en finanzas para proyectos de alto riesgo y opacidad. Confiar el desarrollo de infraestructura crítica nacional a una entidad sin trayectoria no es una apuesta, resulta inviable.
El segundo elemento de extrema preocupación es la imbricación de intereses públicos y privados, personificada en la figura de Demian Axel Reidel. Su participación protagónica en el anuncio, en su rol de Presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal a cargo del parque nuclear nacional, es cuando menos irregular. Este hecho no puede desvincularse del Decreto 695/2025 que autoriza la privatización parcial de NASA, permitiendo la venta del 44% de su capital. La coincidencia temporal no es inocente. La presencia de Reidel sugiere, fuertemente, que “Stargate” no es un proyecto aislado de datos, sino la punta de lanza de una operación mayor para reconfigurar el mapa de la infraestructura energética nacional, utilizando la demanda del centro de datos como justificación para la transferencia de activos estratégicos al capital privado.
Desde una perspectiva técnica y financiera, las cifras del proyecto carecen de sustento, el costo declarado del proyecto es irreal. Construir un centro de datos de 150 MW como el de China Telecom en el Parque de Información de Mongolia Interior, uno de los cinco centros de datos más grandes del mundo con 994.000 metros cuadrados, ronda los 3.000 millones de dólares. El anunciado centro de datos de 500 MW es colosal, pero su costo no justifica los 25.000 millones anunciados. Benchmarkings globales indican que proyectos de similar capacidad rondan los 10.000 millones de dólares. La inflación del monto, más allá de ser un gancho publicitario, podría buscar encubrir otros objetivos, como la adquisición de derechos sobre tierras, agua y energía a precios privilegiados bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El RIGI emerge aquí como el verdadero habilitador de este tipo de operaciones. Su arquitectura legal no se limita a otorgar exenciones fiscales; es profundamente extractivista en lo ambiental. Al declarar insumos esenciales como el agua y la energía como “no susceptibles a restricciones regulatorias previas”, sienta las bases para una apropiación discrecional de recursos comunes. Un centro de datos de esta envergadura consume una cantidad de agua equivalente a una ciudad de cientos de miles de habitantes para su refrigeración. La elección de la Patagonia, una región con ecosistemas frágiles y reservas hídricas vitales, no es técnica; es geopolítica. Se busca un territorio con capacidad de enfriamiento natural y estabilidad, pero sin las estrictas regulaciones ambientales de otros países. La “nube” de la IA, cuando toca tierra, se lleva el agua de nuestros ríos.
El impacto socioeconómico prometido también es una ilusión. La lógica de estos centros de datos es la máxima automatización. Una vez construidos, requieren entre 50 y 150 empleados permanentes, generalmente de alta especialización. La transferencia tecnológica es mínima, ya que los insumos y el know-how centralizado provienen de fuera. El beneficio local se reduce a puestos temporales de construcción y un consumo masivo de recursos que compite con comunidades y otras industrias.
La duda razonable planteada por Elon Musk, quien calificó a OpenAI de «mentira», aunque interesante, es menos relevante que las contradicciones internas del anuncio. La falta de una carta de intención pública, de contratos, de estudios de factibilidad y de cualquier documento verificable convierte a “Stargate Argentina” en una narrativa, no en un proyecto de inversión. Sigue el libreto de la cultura promocional y el bombo publicitario con anuncios espectaculares que buscan inflar valor accionario, generar credibilidad política para un gobierno y abrir puertas para negocios que ocurren en los pasillos, lejos del escrutinio público.
“Stargate Argentina” presenta todos los indicios de ser una operación de storytelling de alto nivel, donde la promesa de un futuro digital se utiliza como carnada para desbloquear activos energéticos estratégicos y recursos naturales bajo un marco legal, el RIGI, diseñado para la desregulación. La tragedia sería que, en medio del entusiasmo por la IA, Argentina canjee su soberanía energética, hídrica y tecnológica por una promesa vacía. El verdadero “stargate” o portal que se está abriendo no conduce a un futuro de prosperidad, sino al intento de imponer un extractivismo digital, donde la información, la energía y el agua están en el centro de poder de la Nueva Aristocracia Financiera y Tecnológica.
*Lina Merino es Lic. en Biotecnología y Biología Molecular, Dra. en Ciencias Biológicas (UNLP), diplomada en género y gestión institucional (UNDEF), Profesora (UNAHUR), investigadora (CICPBA); miembro del OECYT y analista de NODAL
