Imbabura: las huellas de la represión en Ecuador
Por Rommel Aquieta Núñez*
El martes 14 de octubre muy temprano en la mañana, el día se va despegando en el altiplano andino de la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador. La gran nube de gas lacrimógeno, originada por las bombas disparadas por la fuerza militar y policial, que cubre la ciudad de Otavalo y sus alrededores se dispersa poco a poco revelando el horror de la represión estatal.
Por las calles de la provincia se escucha el golpeteo metálico, el silbido y el chirrido de motocicletas policiales mezclado con los gritos, el llanto y las voces desesperadas de la población. El miedo lo inunda todo. En una esquina dentro de una amplia calle interior un hombre es detenido. Desde una casa vecina al punto donde todo ocurre se graba el accionar policial completo. Un grupo de cinco agentes estatales golpean a un hombre, incluso cuando cae al suelo, luego lo levantan y lo obligan a caminar. No lo escuchan, ni lo atienden ante lo que trata de explicar, solo saben que deben enfrentarlo, golpearlo y apresarlo porque es el enemigo.
En pocos segundos personal motorizado se suma también a la acción para concretarla con más violencia. Cuatro motos y una camioneta doble cabina atiborrada de personal policial llegan hasta el lugar. Apenas detienen el vehículo, agentes vestidos de civiles bajan para continuar aporreando al detenido, uno de ellos lanza una patada voladora al puro estilo del arte marcial acertando un golpe directo en la persona inmóvil que luego se combina con varios puñetazos más sobre su cuerpo.
Rápidamente y junto al resto de sus compañeros otro policía lo empuja al balde trasero de la camioneta. Su cuerpo cae sobre el frío metal del vehículo. El automotor que utiliza la policía dentro de esta operación es de color gris y no tiene placas, no es un vehículo oficial, aun así, en su parte posterior y ya inmovilizada completamente se encuentra otra persona arrestada. Una vez arriba el detenido es pateado simultáneamente por más policías. Lo insultan, le gritan “hijo de puta” mientras los golpes vienen y van. Por último y para rematar, uno de los agentes que no está uniformado, usa un contenedor donde se transportan bombas lacrimógenas para acertar un golpe directo en su cabeza antes de arrancar y retirarse con su obligación cumplida.
Al igual que en este caso, cientos de personas viven a diario en Ecuador la arremetida de una represión policial y militar desmedida y sin tregua. La brutalidad con la que las fuerzas estatales reprimen a la ciudadanía se impregna de crueldad y barbarie. A penas un día antes en la parroquia rural La Esperanza, dentro de la misma provincia de Imbabura, un grupo de más de 15 militares, que eran parte de un enorme convoy calificado como “humanitario” por los voceros principales y ministros del gobierno nacional ecuatoriano, golpearon a William Carlosama una y otra vez antes de detenerlo y transportarlo con paradero desconocido.
William es tan solo un adolescente, pero las fuerzas estatales represivas lo identifican como un terrorista. Por ello entre todos los uniformados lo rodean, lo patean, lo golpean con sus macanas, lo pisan y le dan múltiples puñetazos mientras yace en el suelo sin poder defenderse ante la fuerza, las armas y las botas de sus verdugos.
La violencia generada por el Gobierno de Daniel Noboa no tiene límites. Estos dos casos son solo un par de muestras reales que visibilizan la verdadera crudeza y el horror que se vive tras todo el despliegue militar y policial que el presidente ecuatoriano y su equipo de gobierno han ejecutado en distintos puntos estratégicos del territorio nacional a lo largo de 23 días desde que empezó el paro nacional en el país, siendo la provincia de Imbabura el principal epicentro del conflicto y la resistencia indígena.
Según datos del colectivo Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, al día 22 del paro nacional se han reportado más de 300 vulneraciones a los derechos humanos, 144 personas han sido heridas, 12 personas se encuentran desaparecidas temporalmente y han registradas y verificadas más de 100 detenciones y un fallecido, todo en el marco de la represión policial y militar.
Noboa y sus fuerzas del orden persiguen, atacan y reprimen al pueblo, allanan domicilios, irrumpen en hospitales e imponen el racismo estructural como sistema y base discursiva a la vez para negar la violencia y todas las acciones cometidas oficialmente. Invocando el sentido patriótico, el nacionalismo exacerbado y la idea de la lucha y el aniquilamiento del terrorismo, parte de su equipo de ministros y el denominado “bloque de seguridad” refuerzan sus líneas de acción y crean verdaderos campos de batalla y zonas de conflicto donde el personal militar y policial bajo su mando reprime a manifestantes y no manifestantes de manera desproporcionada y sin importar las consecuencias.
Mujeres, niños, adultos mayores, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, comuneros y estudiantes, todos son atacados, gaseados, golpeados, empujados, detenidos y hasta enjuiciados de manera violenta y arbitraria. La sangre derramada tiñe las calles y también la memoria de un país condenado a una guerra creada por su propio gobierno. Las decisiones del Estado ecuatoriano hoy se traducen en cifras alarmantes que deberían provocar reacciones críticas en toda la comunidad internacional.
El 14 de octubre de 2025, el “convoy humanitario” y las fuerzas militares y policiales que lo conforman reprimieron por horas y brutalmente a cientos de personas que ejerciendo su derecho legítimo a la resistencia reclamaban con valentía condiciones de vida dignas para todo el pueblo ecuatoriano. Durante la jornada de protesta de este martes más de 60 personas fueron detenidas, una mujer fue herida de gravedad según lo reportó la dirigencia de Organizaciones Cayambis y un periodista del medio ApakTv fue herido por impacto de bala mientras realizaba una cobertura de la represión en Otavalo.
Según reportes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), hay 50 heridos aproximadamente, algunos de gravedad por impacto de perdigón y una nueva persona fallecida. Rosa Elena Paqui, mujer kichwa de 61 años, quien murió a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos.
Lo cierto es que el saldo de la represión todavía podría ser peor, es cuestión de tiempo para que la nube de gas y mentiras se difumine totalmente y muestre la verdadera imagen de lo que significa hoy la política estatal y las acciones terroristas e inhumanas que ejecuta el gobierno de turno en contra del pueblo en Ecuador. Quizás y cuando las balas dejen de dispararse en este país sudamericano sea ya muy tarde, es indispensable que seamos conscientes de que los gritos de ayuda necesitan ahora mismo la atención y solidaridad viva que pueda brindarse desde todos y cada uno de los rincones del mundo.
*Ecuatoriano, papá, militante y lector de tiempo completo. Comunicador social, periodista e investigador independiente en temas de memoria política. Magíster en comunicación con mención en visualidad y diversidades, y colaborador del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro IDEAL.
