La disputa por los territorios, los recursos y la vida en América Latina y el Caribe
*Por Fernando Rizza, Carolina Sturniolo y Bruno Ceschin
Sobre América Latina y el Caribe se cierne nuevamente un proyecto de dominación continental. El avance del control imperial sobre la región adopta formas más sofisticadas, más silenciosas y a la vez más violentas. Es la disputa abierta por el control territorial de los recursos estratégicos como el agua dulce, el litio, la megaminería, los combustibles fósiles, las energías “verdes” y los alimentos. El nuevo rostro del capitalismo global en su fase financiera y tecnológica, una reedición del viejo proyecto colonial adaptado a los tiempos del capital digital, las nuevas tecnologías y el discurso ambientalista.
No es casual que esta avanzada se apoye en una estructura histórica de concentración y desigualdad agraria que nunca fue desmontada. América Latina es, desde la colonia, una región donde la tierra se encuentra en pocas manos. Según Oxfam, el índice de Gini aplicado a la distribución de tierras agrícolas ronda entre 0,84 y 0,85, el más alto del mundo. En Colombia, el 1 % de las fincas ocupa el 81 % de la superficie agrícola; en Paraguay, el 2,6 % de los propietarios controla el 85,5 % del área rural, sólo por citar algunos ejemplos.
Detrás de estos números se oculta una historia de despojo, violencia y concentración que no terminó con las independencias formales. A medida que el capital trasnacional se territorializa, se vuelve más evidente la tensión entre la acumulación por desposesión y los derechos colectivos a la tierra, el agua, la biodiversidad y la autodeterminación de los pueblos. Se configura hoy bajo el mando de fondos de inversión transnacionales, corporaciones globales y plataformas financieras que ven en la tierra un activo, un título de propiedad, una mercancía global más.
La territorialización del capital financiero y tecnológico global
El proceso actual de concentración, extranjerización y financiarización de la tierra ya no se mide solo por los títulos de propiedad, sino por quién ejerce el control efectivo sobre los territorios, las cadenas globales de valor y las infraestructuras asociadas como los puertos, las hidrovías, los centros logísticos y comerciales, entre otros.
El Observatório da Expropriação da Terra en Brasil ha documentado cómo fondos como BlackRock, Vanguard y State Street participan en el financiamiento de empresas que controlan vastas extensiones en el Matopiba, la frontera agroexportadora del Cerrado. Allí, la expansión de la soja y del agronegocio avanza a costa del desplazamiento de comunidades campesinas y pueblos originarios, generando deforestación, pérdida de biodiversidad, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una violencia y criminalización de la lucha inusitadas.
En Paraguay, el 15 % de la tierra cultivada se encuentra bajo dominio de productores brasileños con fuerte respaldo financiero. En Argentina, más de 10 millones de hectáreas están formalmente en manos extranjeras, aunque la cifra real puede ser mayor debido al uso de estructuras societarias interpuestas, pooles de siembra, que ocultan a los verdaderos beneficiarios.
La escena se repite en toda la región donde las grandes corporaciones, los fondos de inversión y los capitales especulativos se apropian de la tierra, del agua y de los recursos naturales de la biodiversidad para ejercer su control y apropiación de la riqueza devenida del trabajo social. El resultado es un nuevo ciclo de acumulación por desposesión, donde los territorios son el tablero sobre el que se juega la disputa global por el control de la biósfera y la biodiversidad.
Desigualdad estructural y capitalismo de rostro verde
Mientras los grandes actores concentran tierras, recursos y tecnología, más del 80 % de las explotaciones agropecuarias latinoamericanas son de tipo familiar o de pequeña escala, y controlan apenas entre el 13 % y el 25 % de la superficie. Estas unidades productivas sostienen buena parte de la alimentación local, pero enfrentan enormes obstáculos, ya que disponen de un escaso acceso al crédito, a la asistencia técnica, a la comercialización y a las políticas públicas.
El discurso del “desarrollo sostenible”, promovido por los globalistas y las corporaciones transnacionales, aparece como la nueva máscara del viejo proyecto extractivista. Bajo la bandera de la transición energética, se despliega un capitalismo de rostro verde, que busca legitimar la apropiación de nuestros recursos con una retórica ambiental.
Las mismas corporaciones que lideran la devastación del planeta son hoy las que invierten en startups de sustentabilidad, en proyectos de captura de carbono, en energías “limpias” y en manejo de suelos. Pero, ¿qué sustentabilidad puede haber en un modelo que expulsa campesinos, destruye ecosistemas y privatiza el agua? ¿De qué transición ecológica hablamos si los pueblos de la región siguen siendo los que ponen el territorio, el trabajo y la vida?
La región vuelve al extractivismo de recursos naturales, bajo un modelo de dominación territorial y tecnológica. El litio, el cobre, el hidrógeno verde o la energía solar aparecen ahora como los nuevos “commodities del futuro”, pero su extracción sigue el mismo patrón colonial, un enclave imperial, economías dependientes, exportaciones reprimarizadas y control extranjero.
Violencia, despojo y criminalización de la resistencia popular
El avance del capital global sobre los territorios tiene un costo humano altísimo. Según Global Witness, América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente y la tierra. En 2022, más del 60 % de los asesinatos de defensores ambientales ocurrieron en nuestra región. En 2024, la cifra creció, al menos 120 defensores fueron asesinados o desaparecidos, el 80 % de los casos globales.
No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de disciplinamiento social y político. La violencia busca quebrar la moral de los procesos organizativos, imponer el silencio, y garantizar el avance del extractivismo. Es la continuidad de la guerra colonial por otros medios, la guerra contra los pueblos que defienden la vida.
Frente a ello, los movimientos sociales, campesinos e indígenas han levantado resistencias múltiples y creativas. La CLOC-Vía Campesina, que agrupa a más de 80 organizaciones en 21 países, articula luchas por la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y los derechos de los pueblos. En Venezuela, las comunas socio-productivas reconfiguran la propiedad colectiva; en México, Bolivia, Brasil y Ecuador, los pueblos originarios han impulsado formas autónomas de autogobierno y gestión territorial.
Estas experiencias no solo enfrentan el despojo, sino que reconstruyen el sentido del territorio como espacio de vida, de comunidad y de emancipación. Allí donde el capital ve mercancía, las comunidades ven historia, cultura y futuro compartido. Allí donde el mercado busca ganancias, los pueblos buscan justicia y dignidad.
Construir comunidad es soberanía territorial
El desafío que enfrenta América Latina y el Caribe es profundo, o seguimos siendo una periferia víctima del extractivismo, subordinada al capital global, o construimos una alternativa comunal, soberana e integrada basada en la cooperación, la justicia territorial y la producción sustentable.
Ello implica redefinir la propiedad y el uso de la tierra, reforma agraria integral, democratizar el acceso a los bienes comunes, y fortalecer las economías campesinas, indígenas y populares. Supone también recuperar la planificación pública sobre los recursos estratégicos y desmantelar las estructuras corporativas que operan bajo el manto de la “sustentabilidad”.
El bien común es una construcción comunitaria, colectiva. Y América Latina tiene una larga historia de resistencia y creación popular que demuestra que otro modelo es posible. Desde la economía comunal hasta las agroecológicas campesinas, desde las cooperativas energéticas hasta las redes de intercambio justo, los pueblos del continente están dando las claves de una nueva integración, no del mercado, sino de la vida.
Hoy, frente al nuevo ALCA del siglo XXI, ese entramado de capital financiero y digital, extractivismo verde y control territorial, es urgente recuperar la soberanía sobre nuestros recursos y nuestros cuerpos. No hay sustentabilidad sin justicia social, ni transición ecológica sin redistribución de las riquezas.
El futuro de América Latina dependerá de nuestra capacidad de romper las cadenas del neocolonialismo financiero-digital y volver a poner los pies en la tierra, esa tierra que es de los pueblos, que producen y trabajan.
*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo Territorial en América Latina y el Carible. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA)
