Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Lucero Chávez
Decenas de manifestantes saltan de alegría frente al Congreso de la República del Perú. Es 10 de octubre y la presidenta Dina Boluarte acaba de ser destituida por los mismos legisladores que la blindaron durante casi tres años.
El día anterior, la larga crisis social y política de Perú había alcanzado un punto de ebullición. El candidato presidencial Phillip Butters fue atacado con piedras durante una visita provocadora a un pueblo del sur, cuyos manifestantes había denunciado durante mucho tiempo como “terroristas”. En Lima, un brutal tiroteo en un concierto de una reconocida banda de cumbia dejó a cinco músicos heridos, aumentando la sensación de que el crimen se estaba descontrolando. Horas después del tiroteo, en la madrugada del viernes, Boluarte fue destituida por el Congreso tras una audiencia rápida a la que ella optó por no asistir.
Pero la ira pública contra el gobierno tiene raíces mucho más profundas. La ola actual de indignación y descontento comenzó el 20 de septiembre, cuando decenas de jóvenes salieron a las calles del centro de Lima para protestar una ley de reforma de pensiones que les obligaría a cotizar al fondo nacional de pensiones a partir de los 18 años. La policía respondió a la manifestación con violencia.
“Hubo demasiada represión”, dice Jessica, una estudiante universitaria de 19 años que sólo proporcionó su nombre de pila por motivos de seguridad. “Dispararon directamente contra los cuerpos de los manifestantes. Un chico recibió un disparo en el pecho. Si no hubiera levantado el brazo, habría muerto”, afirma.
Esta violencia continuó en las protestas posteriores. En una manifestación en Lima el 21 de septiembre, la policía detuvo a Samuel Rodríguez, un joven que intentó ayudar a un oficial, pero terminó siendo arrestado. Más tarde esa semana, 18 manifestantes resultaron heridos en otra protesta en Lima, incluido un hombre mayor cuya agresión se volvió viral rápidamente al ser capturada en cámara.
Al igual que en protestas recientes en Nepal, Marruecos y Madagascar, los jóvenes han encabezado la denuncia de la crisis en el Perú para exigir un cambio. Al igual que sus contrapartes globales, la juventud peruana se ha unido bajo una bandera con una calavera sonriente y un sombrero de paja del anime One Piece, cuyo personaje principal, el joven pirata Monkey D. Luffy, se embarca con su tripulación en un viaje para derrocar a los poderes corruptos y encontrar la libertad. Es un símbolo apropiado para la filosofía de la Generación Z: cambiarlo todo.
Un estado violento en ruinas
Las tensiones sociales en Perú, producto de una crisis política arraigada, han ido en aumento desde 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo orquestó un autogolpe fallido para superar la obstrucción del Congreso. Boluarte, su vicepresidenta en ese momento, asumió la presidencia y pronto se coludió con fuerzas de centro y derecha para mantenerse en el poder.
La presidencia de Boluarte, marcada por escándalos de corrupción, no logró abordar ni siquiera las preocupaciones más básicas de los peruanos. “Hay una creciente sensación de malestar”, dice Omar Coronel, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. “No solo entre los jóvenes, sino en todo el país. Desde 2023, las encuestas han sido muy consistentes, dando a la presidenta y al Congreso una aprobación de menos del 10 por ciento”.
La violencia contra los manifestantes se ha vuelto común en todo el país, lo que ha impulsado el levantamiento actual. “Mi primera protesta fue el 20 de septiembre. Estaba en primera fila”, dice Jessica. “Lo que vi me revolvió el estómago. La policía no tiene piedad. Te disparan porque te disparan. Si hay un niño allí, no les importa. Si hay una persona mayor allí, no les importa”.
Si bien la violencia contra los manifestantes ha sido durante mucho tiempo una característica del Estado peruano, el gobierno de Boluarte ha sido excepcionalmente brutal. La represión comenzó inmediatamente después de la caída de Castillo, cuando el sur del país estalló en protesta a fines de 2022 y principios de 2023 en defensa de Castillo. Cuarenta y nueve personas fueron asesinadas por la policía durante las manifestaciones en las ciudades de Apurímac, Ayacucho y Puno, predominantemente indígenas, incluidos transeúntes y siete adolescentes. La masacre del 9 de enero en Puno se hizo infame por su brutalidad: al menos 18 personas fueron asesinadas a tiros en un solo día, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos describió como una “masacre”.
El gobierno negó todas las acusaciones, tachando a los manifestantes de “terroristas”. En una rueda de prensa con medios internacionales, Boluarte dijo a los periodistas: “Puno no es Perú”, una declaración ofensiva emblemática de las profundas divisiones geográficas del Perú.
Mientras tanto, en Lima, la gente se mantuvo al margen. “No hubo apoyo de nuestra parte. Todavía estábamos en una burbuja”, dice Yacok Solano, un residente de Lima de 22 años. “Por eso hay resentimiento hacia la gente de Lima. Cuando vives en Lima, crees que es el centro del mundo”.
Sin embargo, las recientes manifestaciones se han extendido por todo el país, un reflejo de la crisis que se profundiza. En solo nueve años, Perú ha tenido siete presidentes, un ciclo que ha generado inestabilidad institucional, impunidad y corrupción. La Generación Z y sus aliados exigen ahora nada menos que una reestructuración completa del país.
Las raíces del descontento popular
El 5 de septiembre, el gobierno aprobó una reforma de pensiones que obligaba a todos los mayores de 18 años a cotizar al sistema a partir de 2027. La ley también hizo obligatorias las cotizaciones para los trabajadores autónomos y fijó la edad de jubilación en 65 años. La medida de austeridad provocó un rechazo inmediato.
El setenta por ciento de la fuerza laboral del Perú es informal, una cifra aún mayor entre los jóvenes. El Informe Nacional de Juventudes 2021 reveló que el 83 por ciento de los puestos de trabajo ocupados por jóvenes son informales. La división entre Lima y las regiones andinas es marcada: mientras que la informalidad en las zonas urbanas alcanza el 79 por ciento, en las zonas rurales asciende al 96 por ciento. Mientras tanto, el ingreso promedio de los jóvenes es de alrededor de $320 al mes, apenas por encima del salario mínimo.
La precariedad económica de la gran mayoría de la población peruana contrasta fuertemente con la conducta de sus líderes. En julio, Boluarte duplicó su salario a unos $10,000 al mes. Los políticos del país “no piensan en la gente”, dice Jessica. “No piensan en los jóvenes. Solo piensan en llenarse los bolsillos, saquear el país y hacer lo que quieran con él”.
Los trabajadores de transporte de Perú también se han unido a las protestas. Sometidos desde hace tiempo a la violencia de grupos criminales —solo este año, más de 180 conductores han sido asesinados por negarse a pagar extorsiones—, sus peticiones de protección han sido ignoradas. Boluarte respondió a sus preocupaciones aconsejando a los conductores que evitaran ser atacados “no contestando llamadas telefónicas” de números desconocidos. Sin otro lugar al que recurrir, se han unido a los manifestantes de la Generación Z para exigir una revisión del statu quo.
Jessica comparte la sensación de una crisis generalizada relacionada con la inseguridad. “No fue solo la ley de la AFP lo que me afectó, sino también lo que vi en las noticias. Delincuencia, leyes que favorecen a los delincuentes, extorsión. Eso fue lo que impulsó a la Generación Z a salir a las calles a protestar”, afirma.
“El descontento está estallando por todos lados”, dice Noelia Chávez, socióloga de la Pontificia Universidad Católica. “Pero en Perú no hay partidos, líderes o proyectos políticos que sirvan de referente. Los jóvenes protestan porque hay una causa directa que les afecta. Y a este discurso contra la injusticia se suma el de un gobierno corrupto cuya represión experimentan de primera mano”.
Este descontento ya se ha cobrado su primera víctima política: Boluarte, quien fue destituida y reemplazada por el presidente del Congreso, José Jerí, el 10 de octubre. Sin embargo, según los activistas, su destitución es solo el comienzo. La Gen Z dice que las marchas continuarán.
De TikTok a las calles
Instagram y TikTok son las principales plataformas que utiliza la Generación Z para informarse. Con memes y videos cortos que se vuelven virales rápidamente, se han convertido en expertos en generar mensajes simples capaces de provocar indignación popular masiva en las calles. Coordinan manifestaciones a través de grupos en Telegram y Facebook.
“Son jóvenes que tienen recursos, tiempo y más oportunidades de salir a marchar que otras generaciones”, dice Chávez. “Aunque son un grupo heterogéneo, comparten la misma identidad vinculada a la situación política y social y, sobre todo, al uso de la tecnología”.
Los hashtags #GenZ, #corrupción y #ProtestasPeru generan contenido que incita a la ira, la indignación y la protesta. Cuando cayó Boluarte, los jóvenes recurrieron a este manual para movilizar rápidamente a multitudes y rodear las embajadas de Brasil y Ecuador para evitar su posible fuga. Según Jessica, se compartió un cartel con la foto de Boluarte en WhatsApp con el mensaje: “No a la fuga de la rata”.
“Nos estamos organizando mejor, creando alianzas y atrayendo a más gente gradualmente. Con la poca experiencia que tenemos, estamos logrando mucho”, afirma.
La capacidad de organización de los jóvenes manifestantes del Perú ha sido subestimada durante mucho tiempo. El ministro de Transportes y Comunicaciones de Boluarte, César Sandoval, se burló de ellos llamándolos “Degeneración Z”. Sin embargo, por ahora, parece que los manifestantes han tenido la última palabra.
Un fenómeno global
El movimiento juvenil del Perú se ha inspirado en levantamientos en el extranjero. Aprendieron que las protestas pueden dar resultados después de que jóvenes nepaleses quemaran el Parlamento y forzaran la renuncia del primer ministro Khadga Prasad Oli. Su esposa, Rajyalaxmi Chitrakar, murió a causa de las heridas después de que su casa fuera incendiada.
La ira y el descontento nepalíes hacia los “nepo babies” del país (los hijos de políticos que hacían alarde de sus ostentosos estilos de vida en línea en medio de la creciente desigualdad) se tradujeron fácilmente en la frustración de los peruanos con su propia élite política.
La identidad generacional es crucial para enmarcar las protestas en el Sur Global como una lucha de los jóvenes por su futuro. En Perú, está hipotecado por la certeza de que el sistema de pensiones fracasará; en Nepal, por el desempleo y la dependencia económica externa.
Aun así, las protestas lideradas por jóvenes enfrentan límites. “Las movilizaciones de la Generación Z funcionan más como un freno al autoritarismo que como un movimiento social que transforma la realidad”, afirma el politólogo Coronel. “Los jóvenes tienen una demanda legítima de restaurar la democracia y el equilibrio de poderes, pero debemos tener en cuenta que esta generación es enorme y variada”.
Pero los jóvenes de hoy recurren a numerosos símbolos compartidos para denunciar de manera creativa la concentración de poder en manos de unos pocos. En este escenario, la bandera de One Piece se ha convertido en un emblema poderoso. El anime retrata a las élites políticas como un grupo parasitario que se beneficia de la ciudadanía y que, por esa razón, merece ser derrocado.
El camino por delante
Los jóvenes peruanos que lideran las protestas dicen que su lucha está lejos de terminar. Continúan recurriendo a los símbolos del anime que los inspiraron a actuar. En un video reciente que anuncia una marcha nacional para el 15 de octubre, una docena de jóvenes aparecen con los rostros pixelados, parados frente a una bandera de One Piececolgada en la pared de la sala.
Aunque la lucha que se avecina será difícil, el nuevo presidente del país, José Jerí, es un objetivo claro. Abogado de 38 años afiliado al partido Somos Perú, sus antecedentes incluyen acusaciones de violación, enriquecimiento ilícito y desacato. El nuevo presidente también protegió a Boluarte de ser investigada por las masacres cometidas bajo su supervisión.
La Generación Z ha logrado una gran victoria contra la corrupción y la impunidad con la destitución de Boluarte. Pero, al igual que el pirata Monkey D. Luffy y su tripulación, todavía quedan muchos mares por navegar.
*Periodista especializada en género, ciudadanía y migración. Nació en Lima, Perú, y vive en Santiago, Chile. Fundadora de La Válvula, el lado V de las noticias.
