Defensa internacional de Jorge Glas califica como “burla y humillación” la publicación de sus fotos en prisión
Por Roberto Cadena
La defensa internacional del exvicepresidente Jorge Glas, encabezada por la abogada Sonia Vera, denunció públicamente al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, por un presunto acto de desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y por “humillación institucional”, tras la publicación de imágenes del exfuncionario recluido en la Cárcel del Encuentro acompañadas de un mensaje considerado “de burla y escarnio”.
En su cuenta oficial de X (antes Twitter), Vera —designada como defensora internacional en el caso Glas Espinel vs. Ecuador— señaló que la publicación del presidente constituye una violación directa de las medidas provisionales vigentes dictadas por la Corte IDH el pasado 17 de octubre de 2025, que ordenan al Estado ecuatoriano garantizar la protección y la dignidad del exmandatario.
“La publicación de imágenes del beneficiario en reclusión, acompañadas de expresiones de burla y escarnio, constituye una violación directa a la orden vinculante de la Corte IDH que prohíbe toda forma de exposición o trato incompatible con la dignidad humana”, afirmó la jurista.
En mi calidad de defensa internacional del señor @JorgeGlas, beneficiario de medidas provisionales vigentes ordenadas por la @CorteIDH mediante Resolución de 17 de octubre de 2025 (Asunto Glas Espinel vs. Ecuador), denuncio públicamente el acto de desacato y humillación… https://t.co/2h74Pufnoh
— Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) November 11, 2025
El mensaje de Noboa que motivó la denuncia fue publicado horas antes en su cuenta oficial, donde escribió:
Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales. pic.twitter.com/eJvUdZzsyU
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 11, 2025
El texto fue acompañado de dos fotografías de Jorge Glas dentro del centro penitenciario, bajo fuerte custodia policial. La publicación se viralizó rápidamente y generó debate sobre el tono político del mensaje.
Vera también señaló que el traslado de Glas a la Cárcel del Encuentro se realizó sin notificación a su defensa, sin informe médico y sin la intervención de la Mesa Técnica ordenada por el sistema interamericano, lo que —dijo— configura “una transgresión grave y dolosa de la Convención Americana y del Reglamento de la Corte IDH”.
“Lo ocurrido no es un exceso comunicacional: es un acto de Estado que desacata una decisión jurisdiccional internacional, compromete la responsabilidad internacional del Ecuador y pone en riesgo real, actual y grave la vida e integridad del beneficiario”, agregó.
La defensora alertó además que, en un contexto de nueva crisis carcelaria y proceso electoral en curso, la exposición pública de Glas representa “un uso político del sistema penitenciario y una forma de tortura psicológica institucionalizada, prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos”.
El presidente Daniel Noboa justificó previamente los traslados a la Cárcel del Encuentro como parte de su estrategia para recuperar el control penitenciario y combatir el crimen organizado y la corrupción. “El crimen quiso desafiar al Ecuador y hoy el país respondió con hechos”, dijo en un mensaje anterior.
El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos.
Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro. pic.twitter.com/fu3OJQ7fhC
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 10, 2025
Abogada de Jorge Glas denuncia violación de medidas provisionales tras traslado ordenado por Daniel Noboa
Por Noemí Moreira
La abogada internacional Sonia Vera, defensora del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, calificó el traslado de su cliente a la Cárcel del Encuentro en Santa Elena como un “acto de desacato y humillación institucional”. Esto fue por parte del presidente Daniel Noboa. Según Vera, es una violación a medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El anuncio ocurrió este lunes 10 de noviembre de 2025, a las 19h36. Noboa confirmó el traslado de Jorge Glas a través de sus redes sociales.
El presidente Daniel Noboa publicó en su cuenta de X: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales.” Se refirió a Glas Espinel entre 300 presos de ‘alta peligrosidad’. Todos fueron trasladados a la nueva prisión en Santa Elena. Minutos después, Vera reaccionó señalando que la publicación de imágenes del exvicepresidente en reclusión, acompañadas de expresiones de burla, viola la orden vinculante de la Corte IDH del 17 de octubre. Esta orden prohíbe exposición incompatible con la dignidad humana. Además, exige protección reforzada al Estado ecuatoriano.
Traslado sin notificación a defensa ni informe médico
Jorge Glas Espinel, condenado en firme por casos de corrupción como Odebrecht y Sobornos, además de una sentencia de primera instancia por peculado en la Reconstrucción de Manabí, fue movido desde la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Vera enfatizó que el traslado se realizó sin notificación a la defensa, sin informe médico y sin intervención de la Mesa Técnica ordenada por el sistema interamericano, configurando una “transgresión grave y dolosa” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su Reglamento y estándares internacionales en medidas provisionales. Este acto ha complicado aún más la situación de Jorge Glas.
La abogada recordó que Glas es beneficiario de medidas provisionales concedidas por la Corte IDH el 3 de noviembre de 2025, tras constatar riesgo cierto de daño irreparable a su vida, integridad personal y salud física y mental. Estas medidas obligan al Estado ecuatoriano a garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica permanente; permitir visitas de familia, defensa y médicos de confianza; mantener la mesa técnica de salud; y rendir informes periódicos sobre su estado. Estas provisiones son fundamentales, especialmente para Jorge Glas, en su situación actual.
Corte IDH negó hospitalización y arresto domiciliario
La Corte IDH negó, sin embargo, solicitudes de hospitalización urgente en unidad psiquiátrica, arresto domiciliario terapéutico o traslado a otro centro de privación de libertad. Vera argumentó que el anuncio público del traslado compromete la responsabilidad internacional de Ecuador y pone en riesgo real la vida e integridad de Glas.
En contexto de una nueva masacre penitenciaria y un proceso electoral en curso, la jurista describió la acción como “uso político del dolor humano” y “tortura psicológica institucionalizada”, prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. El traslado forma parte de una operación gubernamental para reubicar a reclusos de alta peligrosidad en la Cárcel del Encuentro, inaugurada recientemente en la provincia de Santa Elena como parte de esfuerzos por mejorar el control penitenciario en Ecuador.
Contexto de violencia carcelaria y polarización política
Este centro se presenta como una instalación de alta seguridad, amid crecientes preocupaciones por violencia en prisiones ecuatorianas, que han registrado múltiples masacres en años recientes. La defensa de Jorge Glas ha insistido en el cumplimiento estricto de las medidas provisionales de la Corte IDH. Un organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con jurisdicción vinculante para Ecuador desde su ratificación de la Convención Americana.
Violaciones a estas resoluciones pueden derivar en sanciones internacionales y monitoreo continuo por la Corte. Hasta el momento, el Gobierno ecuatoriano no ha emitido respuesta oficial a las declaraciones de Vera. La situación de Jorge Glas sigue siendo un tema delicado y controversial en el panorama internacional.
Caso Glas: condenas acumuladas desde 2017
El caso de Jorge Glas Espinel, exvicepresidente durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017). Se enmarca en investigaciones por corrupción que han generado polarización política en Ecuador. Glas permanece privado de libertad desde 2017, con condenas acumuladas que superan los 14 años.
La Corte IDH ha intervenido en casos similares para proteger a personas en riesgo, exigiendo informes periódicos al Estado para verificar cumplimiento.
