La ONU elaboró un crítico informe sobre la situación de Derechos Humanos en Argentina
El Comité contra la Tortura hizo observaciones sobre “detenciones masivas” y “violencia desproporcionada” de efectivos policiales en las manifestaciones.
El Comité contra La Tortura de la Naciones Unidas (ONU) emitió un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos y las situaciones que atraviesan las personas privadas de su libertad en Argentina, en el cual insta al Estado a “tomar medidas necesarias para prevenir y poner fin a las detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados por parte de agentes del orden” en las manifestaciones que se producen en la vía pública.
Asimismo, el Comité le reclama al Estado que “se deberá velar porque todas las denuncias” sobre violencia institucional contra las protestas “sean investigadas sin demora y de forma efectiva, independiente e imparcial; y, en caso de determinarse que hay agentes responsables, se les sancione adecuadamente”.
El informe de esta instancia internacional, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, es una evaluación realizada en el contexto del 83ª período de sesiones ordinarias de la ONU sobre el cumplimiento por parte de los Estados de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité le realizó días atrás una serie de consultas a funcionarios argentinos en base a informes elevados por las entidades que integran el Comité Nacional contra la prevención de la Tortura. El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, fueron los encargados de comparecer en Ginebra, Suiza, donde sesiona el Comité de la ONU.
En su exposición, realizada a mediados de noviembre, el exjuez criticó a los organismos de derechos humanos de Argentina y negó la cifra de 30 mil detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. “Pretenden tener a la República Argentina de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”, remarcó al exponer la posición del gobierno del presidente Javier Milei en relación a los derechos humanos
No obstante, el Comité de la ONU indicó en su informe que “se observan deficiencias en el derecho de las personas privadas de libertad a ser informadas de las razones de la detención y de los cargos que se les imputan, especialmente en los arrestos realizados en la vía pública en situaciones de flagrancia o en el marco de registros policiales sin orden judicial, que afectarían particularmente a niños y niñas, personas trabajadoras sexuales y personas en situación de calle, principalmente aquellas que padecen enfermedades de salud mental”.
El Comité expresó su preocupación “por las informaciones recibidas en las que se denuncian actos de violencia desproporcionada por parte de efectivos policiales, así como un uso excesivo de la fuerza durante la realización de arrestos, especialmente en situaciones de flagrancia y registros policiales”. “Preocupan además las informaciones que denuncian detenciones masivas, seguidas de actos de hostigamiento y el arresto sin supervisión judicial en el marco de “operativos preventivos”. Se recuerda en ese sentido operativos realizados en barrios populares, incluidos contra niños y niñas, en Tucumán, y durante acciones de “orden y limpieza” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle, incluidas aquellas con enfermedades de salud mental o consumo problemático de sustancias.
Lugares de detención
También se hicieron observaciones sobre “falta de rigurosidad e independencia en los exámenes médicos de ingreso a centros de detención, que suelen realizarse de manera superficial y en presencia de efectivos policiales”. Al respecto, el relevamiento indica su “preocupación por la falta de información sobre un sistema unificado y actualizado de registro de personas privadas de libertad a nivel nacional”, y pide medidas tendientes a “garantizar medidas para asegurar las salvaguardas de las personas privadas de su libertad”.
El Comité observa que en Argentina “no se dispone de datos estadísticos actualizados sobre la situación en todas las provincias”. Asimismo, expresa “su seria preocupación por las situaciones de detención prolongada, incluyéndose informes de casos en los que algunas personas han sido retenidas por más de seis meses o inclusive más de un año, en comisarías y otras dependencias policiales”. Y pide “asegurar la grabación de todos los operativos policiales durante manifestaciones y protestas y garantizar el acceso a dichas grabaciones a los órganos independientes de investigación”, y también “investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza en el marco de manifestaciones y protestas”. Además, sostiene que el “Estado Parte debe continuar sus esfuerzos para investigar todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad, incluidas aquellas que involucren torturas y desapariciones forzadas, cometidas durante la última dictadura cívico-militar, proveer los recursos necesarios para ello”.
Argentina debe así “garantizar la preservación y el acceso a archivos estratégicos para las investigaciones judiciales e históricas, y seguir garantizando la reparación integral de las víctimas y/o sus familiares”. En esa línea, el organismo de la ONU sostiene que “todas las víctimas de tortura y malos tratos deben obtener reparación.
El gobierno justificó en la ONU la represión a la protesta
Los funcionarios de Milei respaldaron la aplicación del protocolo antipiquete y la represión de la protesta social por las fuerzas de seguridad.
Durante la reunión anual del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) los representantes del gobierno de Javier Milei no sólo tuvieron expresiones negacionistas con respecto a los desaparecidos de la dictadura. También se dedicaron a justificar la represión que aplican sobre la protesta social a través del protocolo antipiquetes que implementó el Ministerio de Seguridad. Para los representantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el gobierno no respondió ninguna de las preguntas que le realizaron y se limitaron “victimizarse y amenazar con tildar de falsas las manifestaciones del Comité”.
A la hora del encuentro con los funcionarios argentinos, los expertos independientes que integran el CAT les hicieron preguntas en base a los documentos que varias organizaciones de la sociedad civil habían enviado previamente sobre la creciente violencia policial y represión estatal de la administración libertaria, entre ellas el CNPT, la CPM y el Cels. En ese contexto, el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños, de Asuntos Penitenciarios Julián Curi y de Asuntos Legales Diego Goldman denigraron la labor del CAT y repitieron sus críticas contra organismos de derechos humanos del país.
“Esta posición implica una regresión importante de nuestro país en materia de derechos humanos”, lamentó la CPM. Este organismo había presentado un informe crítico sobre la represión policial a la protesta social, en el cual dio cuenta de la sistematicidad y naturalización de la violencia policial, constatando desde diciembre de 2023 al menos 2.467 heridos y 223 personas detenidas arbitrariamente. También denunció la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, la violencia policial y la deficiente actuación judicial en la investigación de estos hechos. Al respecto, Goldman respondió que las cifras de heridos en las marchas “son todas mentiras”.
“Ni estos ni otros planteos sobre la situación de los derechos humanos en Argentina fueron respondidos por el gobierno nacional, ni contestaron específicamente a ninguna de las cifras, registros, denuncias y casos”, resumió la CPM. En representación del CNPT, estuvieron allí su presidente, Juan Manuel Irrazábal; el procurador Penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare -quien integra el CNPT- y el secretario ejecutivo, Alan Iud. Según informó el CNPT, el comité conta la Tortura de ONU puso el acento en lo que consideró una “grave afectación a los derechos fundamentales de personas que participan en marchas” y aludió a:
*La existencia de prácticas institucionalizadas de violencia contra las personas detenidas de carácter metódico, sistemático y regular.
*Su preocupación ante la información de uso arbitrario de armas menos letales en las movilizaciones sociales.
*El mantenimiento de torturas y malos tratos en contextos de encierro que constituyen prácticas arraigadas.
*La existencia de un número muy elevado de personas privadas de su libertad en instalaciones que no tienen espacio.
*Informes que reflejan violencia y acoso sexual a las mujeres detenidas, maniatadas y sin exámenes médicos.
Los funcionarios mileístas vincularon las críticas al “protocolo antipiquetes” con una “oposición nostálgica que aún no habría acusado el golpe de haber perdido las elecciones”. Y tal como informó Página/12, también recurrieron a la descalificación y la repetición de expresiones negacionistas como la que cuestiona la cifra de desaparecidos o la referencia a los “negocios” que se esconderían detrás de las políticas de memoria. En ningún momento de su exposición Alberto Baños aclaró que todos los sitios de memoria dependientes de su mando fueron vaciados tanto en términos presupuestarios y como de personal. “Al no poder responder ni tener datos fiables que aportar”, el gobierno “recurrió a la estrategia de victimizarse y amenazar con tildar de falsas las manifestaciones del Comité cuando sus preguntas resultan incómodas”, cuestionó la CPM.
Respecto del uso de armas menos letales, el funcionario Curi las denominó directamente “no letales”, y justificó su uso. Por su parte, Jorge Contesse, experto chileno y miembro del CAT, preguntó a la delegación gubernamental de la Argentina de qué depende la aplicación del protocolo antipiquetes, y si es un mecanismo adecuado, necesario y proporcional. “Antes de que me asignaran la relatoría de Argentina he visto en mi oficina hechos muy graves de afectación de los derechos fundamentales de las personas que participan en las marchas, las fotos están, de agresiones, de lesiones oculares, parecieran indicar un uso del protocolo no apegado a la legalidad”. Contesse también quiso saber si es cierto que personas que participan en movilizaciones pierden sus beneficios sociales. Curi le respondió que los organismos que estaban ahí sentados ni los canales de noticias que mira Contesse muestran los más de 200 policías heridos en manifestaciones.
“El derecho a manifestarse en paz está garantizado, si uno va a pegarle palos a la policía a tirar piedras eso es ilegal”, expresó Curi, al tiempo que defendió la aplicación de las figuras del daño y resistencia a la autoridad.
