“A la violencia existente en Ecuador se suman nuevas vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Estado”, denuncia INREDH
Por Sofía Montoya
El miércoles 10 de diciembre de 2025 se conmemoraron los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un contexto de profunda preocupación para las organizaciones sociales sobre su vigencia real en el Ecuador.
#10D | #JusticiaParaByronGuatatuca Hoy en el día de los #derechoshumanos queremos conmemorar a Byron Guatatuca y a su familia, defensores de derechos humanos, que se encuentran luchando por memoria, verdad y justicia. ¡Defender nuestros derechos no debería costarnos la vida! ¿y… pic.twitter.com/Ei6Nptpy53
— INREDH (@inredh1) December 10, 2025
Para hogares enteros, comunidades empobrecidas y poblaciones históricamente vulneradas, la promesa de dignidad que recoge este instrumento internacional parece cada vez más lejana.
Desde el Instituto Regional para los Derechos Humanos (INREDH), la abogada Ariadne Celi advierte que el país atraviesa “un escenario bastante preocupante”, especialmente respecto a la garantía estatal de derechos y el rumbo de las políticas públicas en materia de seguridad.
“Nos preocupa la vigencia y la garantía de los derechos humanos tal como están siendo manejadas actualmente desde las políticas estatales”, señala Celi.
Militarización y nuevas vulneraciones
El Ecuador vive cifras históricas de homicidios, secuestros y extorsiones. Desde 2024, con la declaración del conflicto armado interno y la militarización de las calles, el Estado ha apostado por un enfoque de “mano dura” para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, para INREDH estas medidas no han dado resultados y, por el contrario, han provocado nuevas violaciones de derechos humanos.
“Estas decisiones no han solucionado el problema de la violencia; al contrario, a la violencia ya existente se suman vulneraciones cometidas ahora desde el propio Estado”, afirma.
Desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias
INREDH ha documentado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y excesos en el uso de la fuerza, especialmente en operativos militares y policiales en sectores empobrecidos de Guayaquil y otras ciudades.
Durante el último paro nacional también se registraron abusos policiales y militares, criminalización de la protesta, procesos por presunto terrorismo y paralización de servicios públicos, además de la muerte de dirigentes y comuneros indígenas.
“Hubo aprehensiones irregulares, traslados de civiles a manos militares o policiales y procesos judiciales desproporcionados. Muchos casos se han denunciado por vía penal e incluso ante organismos internacionales”, explica Celi.
Obstáculos para la justicia
El acceso a la justicia se ve gravemente limitado. Según INREDH, existe una negativa constante del Estado para entregar información sobre operativos de seguridad, incluso a la Fiscalía. Las recientes leyes de inteligencia han permitido declarar como reservada información clave para las investigaciones.
“Sin acceso a información es prácticamente imposible que las investigaciones avancen. En casos de desaparición forzada, si no se actúa en los primeros días, la información se pierde. Las familias siguen buscando verdad, justicia y reparación”, enfatiza la abogada.
Crisis global y discursos de odio
Celi señala que Ecuador forma parte de un escenario global de crisis de derechos humanos y avance de discursos de extrema derecha que desacreditan los sistemas de protección.
“Nos preocupa que ese discurso también intente instalarse en Ecuador, como cuando se afirma que la Constitución ‘defiende delincuentes’. Las personas privadas de libertad siguen siendo personas con derechos y dependen totalmente del cuidado del Estado”, recuerda.
La abogada destaca que el triunfo del “No” en la última consulta popular evidenció una resistencia social frente al debilitamiento de las garantías constitucionales.
Las poblaciones más afectadas
Niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, migrantes, pueblos indígenas y grupos empobrecidos siguen siendo los más golpeados por la violencia y la desigualdad estructural.
“Existe un racismo sistémico en el Estado. Hace falta una mirada interseccional que reconozca cómo se superponen las desigualdades”, sostiene Celi, destacando también la incidencia social en casos como el de los niños de Las Malvinas.
¿Qué son los derechos humanos?
En medio de la desinformación y los discursos de odio, INREDH insiste en recuperar el sentido básico de los derechos humanos.
“Son prerrogativas que tenemos todas las personas por el hecho de ser humanas. Están ligados a la dignidad y a la posibilidad de una vida digna”, explica la abogada.
Estos derechos están reconocidos en instrumentos internacionales y en la Constitución ecuatoriana, que exige políticas públicas y garantías efectivas para su cumplimiento.
“Exigir derechos es necesario, porque cuando se limitan para uno, se limitan para todos”, agrega.
Defender derechos en tiempos hostiles
Ser defensora o defensor de derechos humanos en el Ecuador se ha vuelto una labor de alto riesgo. Miembros de INREDH y de otras organizaciones han sido detenidos durante protestas mientras realizaban tareas de observación legal.
“Ha sido fuerte para el equipo. Por eso es clave tejer redes, hacer comunidad y cuidarnos entre quienes cuidamos a otros”, concluye Celi.
Los derechos se defienden
A 77 años de la Declaración Universal, INREDH llama a la ciudadanía a mantenerse alerta, informarse desde fuentes confiables como la Constitución, rechazar las noticias falsas y los discursos de odio, y sostener la exigencia colectiva por una sociedad más justa.
“Seguir luchando por los derechos humanos es luchar por la dignidad de todas las personas”, remarcan desde la organización.
