Macroeconomía robusta y profunda fragilidad
“Hay quienes dicen que soy negativista, un pesimista. Soy realista, que es muy diferente. Trato de buscar respuestas a los problemas del país, lo que implica, ir al origen de esos problemas, a sus raíces, y proponer soluciones. El optimista sin datos, sin números, es un iluso”. ANL
Alejandro Narváez Liceras (*)
El Perú exhibe una de las paradojas más persistentes y desconcertantes de América Latina: una macroeconomía robusta coexistiendo con una profunda fragilidad social. Mientras las autoridades económicas resaltan la baja deuda pública, la estabilidad monetaria y la solvencia externa, millones de peruanos padecen de inseguridad alimentaria grave o moderada, empleos precarios y servicios públicos insuficientes. Esta dualidad, lejos de ser un fenómeno reciente, ha alcanzado un punto crítico en el periodo 2024 – 2025, revelando los límites de un modelo económico concentrado en estabilidad, pero muy débil en redistribución, institucionalidad e inclusión social.
En este artículo intentaré analizar esta paradoja mostrando algunas evidencias y cómo la política económica debería recuperar su esencia, su razón de ser: el bienestar de la gente.
Política económica y su fin supremo
La política económica —en teoría y en práctica— debería orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la atención y el debate se ha desplazado hacia temas estrictamente técnicos: equilibrio fiscal, metas de inflación, disciplina monetaria o estabilidad macroeconómica. Aunque estos elementos son importantes, pierden sentido cuando no se traducen en bienestar concreto para la población. Adam Smith (1776) advertía que la riqueza de una nación no radica únicamente en la acumulación de capital, sino en la capacidad de mejorar la vida de sus habitantes. De igual forma, Keynes (1936) señalaba que la economía debía estar al servicio de las necesidades humanas y no al revés.
Fortaleza macroeconómica: un espejismo estadístico
Desde la perspectiva estrictamente macroeconómica, el Perú mantiene indicadores que, en apariencia, son mejores que los de sus pares en la región. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) reportó que la inflación retornó al rango meta en 2024, ubicándose en 1.4% al 3T2025, una cifra significativamente inferior al promedio regional. Asimismo, las reservas internacionales netas superan los 90 mil millones de dólares en noviembre de 2025 (26% del PBI), otorgando un colchón importante frente a episodios de volatilidad externa.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (2025) ha insistido en que la deuda pública se mantendrá en torno al 31.3% del PBI para el 2025, una de las más bajas de América Latina, lo que preserva grados de libertad de la política fiscal. Cabe destacar que el Perú cuenta con un reducido déficit fiscal de 2.4% al 3T2025 (BCR: RI3T25), solo superado por Chile. Además, el sistema bancario peruano exhibe una ratio de solvencia o capital global (RCG) a septiembre de 2025 de 17.2%, nivel mayor al mínimo regulatorio exigido de 10%.
No obstante, este conjunto de cifras genera una ilusión de estabilidad que no captura la precariedad social subyacente. La macroeconomía peruana parece diseñada para ofrecer una imagen de fortaleza que no se traduce en mejoras sustanciales para la mayoría de la población. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad fiscal si no logra revertir la desigualdad ni cerrar brechas históricas en salud, educación o infraestructura?
El rostro oculto: pobreza, desigualdad y hambre
La pobreza monetaria (ingresos) se elevó a 27.6 % en 2024 (INEI, 2025), lo que significa que cerca de uno de cada tres peruanos no logra cubrir una canasta básica de consumo. Más alarmante aún, la pobreza extrema volvió a crecer (5.5%) por primera vez en una década. Consecuencia de este panorama y según el informe del MINSA (2025) 33,000 peruanos padecían tuberculosis en el 2024, y de acuerdo a la OMS la cifra real podría estar en 59,000 casos. Perú está entre los países con mayor aumento de esta enfermedad en América Latina.
Por otro lado, el 41% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria grave o moderada (falta de acceso continuo y suficiente a alimentos) entre 2022 y 2024, la cifra más alta de América del Sur (FAO, 2025). La anemia en niños menores de tres años subió a 45.3% y la desnutrición crónica en menores de cinco años alcanzó al 12.6% (ENDES 2025-I). El país de la mejor cocina del mundo golpeada por la falta de comida, ¡vaya paradoja! La precariedad laboral sigue siendo la norma: más del 70 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, con ingresos inestables y sin protección social, y un 42.3% de la PEA es subempleada (INEI, 3T25), es decir, trabajadores sin derecho a nada.
La fragilidad social no es solo una consecuencia económica, es también el reflejo de un Estado ineficiente e indolente, cuya presencia fuera de Lima es débil, fragmentada y, en muchos casos, inexistente. Esta ausencia institucional, combinada con décadas de baja inversión pública en infraestructura, educación, salud, etc., explica por qué amplios sectores de la población siguen en el abandono del Estado pese a los buenos indicadores macroeconómicos que tanto se propalan.
Estabilidad arriba, colapso abajo
El contraste entre estabilidad macro y deterioro social evidencia la naturaleza incompleta del modelo económico peruano de más mercado y menos Estado. Como señala el FMI (2024), economías con fundamentos sólidos pueden fracasar si carecen de instituciones capaces de traducir el crecimiento en bienestar. El Perú es un ejemplo paradigmático: sólido en cuentas fiscales, muy débil en cohesión social, eficiente en estabilidad monetaria, ineficiente en provisión de servicios públicos. Simplemente, no hay correlación entre ambos.
El problema no es únicamente distributivo, sino estructural: el crecimiento peruano ha dependido excesivamente de ciclos de precios de materias primas y de un sector privado dinámico que opera al margen de un Estado rezagado. Esta desconexión genera una economía primaria exportador que coexiste con una sociedad vulnerable, lo que explica la crisis social permanente y la desconfianza hacia las instituciones del Estado.
En términos concretos, la fragilidad social no es un accidente: es el resultado acumulado de un Estado débil e ineficiente, una élite económica egoísta y desconectada del Perú real y una “clase política” más centrada en disputas internas por pequeñas cuotas de poder que en diseñar un proyecto nacional.
¿Para quién crece la economía? La pregunta que incomoda
La economía no crece en abstracto, crece para alguien. La pregunta clave, planteada por clásicos y contemporáneos, es quién se beneficia de ese crecimiento. Según Amartya Sen (1999), el desarrollo debe medirse por la expansión de capacidades reales de las personas, no por la magnitud del PBI. Si el empleo es informal, los salarios son bajos y los servicios públicos son deficientes, entonces un crecimiento elevado carece de sentido moral y político.
El bienestar colectivo no es una consecuencia automática del crecimiento económico, es la resultante de políticas públicas deliberadas. Cuando el Estado deja que el mercado resuelva por sí solo problemas como pobreza, desigualdad o exclusión, lo que en realidad hace es perpetuar las brechas estructurales que afectan a los sectores más vulnerables.
La responsabilidad del Estado: más allá de la retórica económica
El Estado es el principal arquitecto de la política económica, y por tanto el primer responsable de que sus objetivos estén alineados con el bienestar social. Keynes (1936) advertía que una economía abandonada a la “mano invisible del mercado” podía generar más inestabilidad que prosperidad, precisamente porque el mercado no garantiza pleno empleo ni protección social. En este sentido, la intervención del Estado no es una anomalía, sino una necesidad para ordenar el sistema económico.
Sin embargo, en países con débil institucionalidad, la política económica se ha vuelto un ejercicio elemental tecnocrático desconectado de la realidad social. Se celebran metas fiscales mientras aumentan la informalidad, la pobreza, el hambre. Se aplaude la estabilidad monetaria mientras se deterioran los servicios de salud, educación y seguridad. Esta desconexión erosiona la legitimidad del Estado y, en última instancia, mina la cohesión social que luego explotará. Sin justicia social no habrá paz social duradera y genuina en el Perú.
Conclusión
El Perú vive atrapado en una paradoja profunda: presume de estabilidad macroeconómica sólida mientras su tejido social se deshace lentamente. Los logros monetarios y fiscales, aunque importantes, no compensan la fragilidad social que amenaza con socavar la cohesión nacional. El verdadero desafío no es mantener el orden macroeconómico, sino construir un Estado capaz de transformar tales cifras en bienestar, estabilidad en desarrollo y crecimiento para todos.
La política económica debe recuperar su esencia: mejorar la vida de las personas. Reducirla a un mero ejercicio de equilibrios macroeconómicos es vaciarla de contenido ético y social. El progreso genuino requiere un Estado capaz de
combinar estabilidad monetaria y fiscal con políticas públicas que generen oportunidades reales para todos los peruanos. El desafío no es solo técnico, sino moral: recordar que los números sólo tienen valor en economía cuando se traducen en bienestar humano.
(*) Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.
Perú sigue rezagado en reducción de pobreza y vulnerabilidad, según nuevo informe del Banco Mundial
América Latina y el Caribe (ALC) cerraron 2024 con un hito histórico: la tasa de pobreza más baja del siglo, 25,5%. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que este avance convive con brechas estructurales persistentes —desigualdad, informalidad y baja productividad— que ponen en riesgo la continuidad de la recuperación social. El caso peruano es particularmente preocupante: mientras la región avanza, Perú no ha logrado retornar a sus niveles prepandemia y exhibe una vulnerabilidad elevada, sobre todo entre la población que logró ascender temporalmente a la clase media.
El informe del organismo, “Tendencias recientes de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe 2025”, subraya que la región avanza, pero más lentamente que otros países de ingreso medio-alto. Si bien proyecta que la pobreza caería ligeramente a 25,2% en 2025, alerta que el impulso pospandemia está empezando a agotarse.
Perú: recuperación más lenta y fragilidad estructural
A diferencia de economías vecinas, Perú no ha recuperado sus indicadores previos a la crisis sanitaria. La pobreza monetaria cerró 2024 cerca del 27%, muy por encima del 20% registrado en 2019. Para el economista Fernando Cuadros, esto evidencia que “todavía no hemos recuperado los niveles de pobreza previos a la pandemia” y que gran parte de los hogares que salieron de la pobreza en los últimos años lo hicieron de manera coyuntural, sin mejoras estructurales.
Este retroceso está directamente vinculado al deterioro de la capacidad adquisitiva, el alza del subempleo y el aumento de la informalidad. Perú es uno de los países con mayor proporción de población vulnerable (cerca del 40%), superado solo por El Salvador. En contraste, Uruguay y Chile lideran la región con más del 67% de su población en la clase media.
Una región que avanza, pero con debilidades profundas
A escala regional, la clase media alcanzó un récord de 42,8% en 2024. No obstante, la vulnerabilidad se estancó en 32%, sin avanzar desde hace una década. Este grupo, que se encuentra apenas por encima de la línea de pobreza, sigue siendo altamente susceptible a choques económicos y laborales.
La pobreza presenta además un claro sesgo generacional. Uno de cada tres pobres es menor de 18 años, proporción que se mantiene inalterada en los últimos diez años. En contraste, los adultos mayores solo representan el 5,6% de la población pobre, gracias a pensiones y activos acumulados.
La educación también muestra avances limitados. Aunque ha aumentado el número de personas con secundaria completa —sobre todo en hogares pobres—, los retornos laborales de la educación han caído. Esto revela mercados laborales poco dinámicos y sectores productivos que no pueden absorber mano de obra calificada.
Informalidad: el mayor obstáculo de la región
La informalidad sigue siendo el nudo crítico del estancamiento latinoamericano. Ocho de cada diez trabajadores pobres se desempeñan en empleos informales, mientras que en la clase media la cifra cae a uno de cada tres. Este patrón perpetúa bajos ingresos y escasa protección social.
En Perú, la informalidad es especialmente estructural. Solo la mitad de los trabajadores tiene empleo asalariado —muy por debajo del 90% que se observa en economías desarrolladas— y entre los trabajadores pobres predomina el autoempleo precario. Cuadros explica que la informalidad persiste porque la economía no genera suficientes empleos asalariados formales, y porque la productividad ha permanecido estancada desde 2016, cayendo además con la pandemia.
Movilidad laboral: el factor decisivo
El informe muestra que la principal vía de salida de la pobreza es laboral. Si un jefe de hogar consigue empleo, la probabilidad de superar la pobreza aumenta en 26,5 puntos porcentuales; si además mejora de ocupación, el aumento llega a 8,9 puntos adicionales. Por el contrario, perder el empleo eleva en 15,7 puntos la probabilidad de caer en pobreza.
El problema, advierte Cuadros, es que la mayor parte de los cambios laborales ocurren entre ocupaciones informales o de baja calificación, lo que limita las mejoras sostenibles. De manera paralela, la inseguridad ciudadana y la reducción de la inversión privada restringen la creación de empleo formal, especialmente en Perú, donde persiste incertidumbre regulatoria en sectores como la tercerización.
El profesor César Puntriano recuerda que el ciclo de reducción de pobreza en las décadas de 2000 y 2010 estuvo impulsado principalmente por el crecimiento económico cercano al 6% anual. Sin dinamismo productivo ni inversión, señala, no es posible aumentar empleo ni reducir desigualdad.
Reformas laborales y productivas pendientes
Cuadros sostiene que la regulación laboral peruana no es particularmente rígida ni costosa, y que la evidencia muestra que los regímenes promocionales de menores derechos laborales no generaron formalización masiva. De hecho, los mayores avances se dieron cuando el crecimiento económico estaba impulsado por mayores inversiones.
Para promover la formalidad laboral, el economista propone reformas orientadas a fortalecer las instituciones del trabajo, evitar la precarización y, sobre todo, elevar la productividad. Entre ellas: limitar el uso discrecional de contratos temporales, fortalecer la negociación colectiva, reforzar la inspección laboral y evitar la desnaturalización de regímenes contractuales especiales.
La región más desigual del planeta
Pese a los avances recientes, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. El coeficiente de Gini cerró 2024 en 49,1 puntos, aún dentro de la categoría de “alta desigualdad”. El 20% más rico concentra 54% del ingreso total, mientras el 20% más pobre apenas recibe el 4%.
Brasil y Colombia muestran las mayores brechas, mientras Uruguay, El Salvador y República Dominicana tienen estructuras relativamente menos concentradas. Aunque los ingresos laborales crecieron más entre hogares de bajos ingresos, la mejora sigue siendo insuficiente para reducir de manera significativa la desigualdad acumulada.
Riesgos para el futuro y necesidad de reformas estructurales
El Banco Mundial advierte que entre 2025 y 2027 la reducción de la pobreza será mucho más lenta —alrededor de 0,3 puntos por año— debido a un entorno económico menos favorable. Entre las principales amenazas se incluyen la persistencia de la inflación en servicios, el lento descenso de las tasas de interés, el aumento de déficits fiscales, la caída de la inversión extranjera directa y la debilidad generalizada de la productividad laboral.
Ante este escenario, el organismo recomienda reformas más profundas: potenciar sectores de alto potencial como agroindustria, turismo y energías renovables; mejorar la calidad educativa y alinearla a las necesidades productivas; fortalecer la capacitación laboral; promover la formalización y eliminar barreras para la movilidad; y modernizar sistemas tributarios e infraestructura.
Sin estos cambios —advierte el informe— la región corre el riesgo de repetir su patrón histórico: avances temporales sin transformaciones estructurales que aseguren progreso sostenido.
