Envían a la cárcel a dos exministros del Gobierno Petro por escándalo de corrupción de la UNGRD
Por Laura Cano
El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento y ordenó enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior. Ambos hombres, que hicieron parte del Gobierno Petro, son señalados de liderar un entramado de corrupción que direccionó millonarios contratos y convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías ( Invías).
Se definió que no era suficiente la prisión domiciliaria
La decisión fue anunciada este 18 de diciembre por la magistrada Aura Rosero Baquero, quien definió que no se cumplían los requisitos para ordenarles prisión domiciliaria, como lo solicitó la Fiscalía. La medida fue impuesta para ambos como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, de los cuales se declararon inocentes.
El Tribunal consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía superaron ampliamente el umbral de inferencia razonable como determinadores de los delitos imputados, por lo que decidieron que la gravedad de los hechos requería imponer una medida más severa que la casa por cárcel.
Los hechos por los que fueron imputados
La Fiscalía sostiene que Bonilla y Velasco habrían comprometido más de 612.000 millones de pesos en contratos a congresistas entre mayo de 2023 y febrero de 2024, con la intención de conseguir sus votos a favor en iniciativas del Gobierno. Entre estas estaría la reforma pensional y la de la salud, que habrían intentado concretar con el redireccionamiento de 174 proyectos de Invías por $ 571.000 millones, y de la UNGRD, por más de $40.000 millones.
“Durante este lapso los exministros direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por $571,701,473,657 ycinco proyectos en la UNGRD por $40,536,363,430 pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos que serán detallados al imputar los hechos jurídicamente relevantes de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos”, indicó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño.
