Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El ajuste de cuentas de la oligarquía boliviana en contra de las clases populares ya está en curso. Aunque se venía anunciando sin eufemismos desde su primer día, el paquete de medidas recientemente decretado por el gobierno de Rodrigo Paz tomó por sorpresa a la mayor parte de la población, que apenas lograba adaptarse a la nueva realidad económica que le siguió a la salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la administración del Estado.
La caída en el precio del dólar, así como de algunos productos básicos de la canasta familiar, duró menos de lo que canta un gallo, a pesar de la intensa campaña desatada por los medios de comunicación para respaldar una “dolorosa cirugía mayor” a la economía nacional. Particularmente dolorosa, se tomaron la molestia de aclarar, para los más pobres.
El año termina con el retiro de una histórica subvención a los combustibles que duplicará, en las estimaciones más conservadoras, el costo de vida promedio en el país, mientras se recortan impuestos a los ricos y se celebran tratados que entregan el litio a empresas transnacionales estadounidenses. En medio de la conmoción, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora (familiar del padre del actual mandatario y también expresidente, Jaime Paz Zamora), afirma, consternado, “no entiendo por qué la gente está tan alterada”. Al otro lado de las cámaras, estampidas de ciudadanos inundan los mercados de las principales ciudades, mientras los trabajadores del precario sistema de transporte público preparan la suspensión de actividades que hará aún más difícil la vida de aquellos que no tendrán el dinero suficiente para pagar su pasaje.
Del DS 21.060 al DS 5.503: la muerte por decreto
No parece una coincidencia cómo perecen los modelos económicos redistributivos en Bolivia: por decreto. En 1982 un avejentado Víctor Paz Estenssoro anunciaba al país el desmontaje de un germinal Estado de Bienestar boliviano señalando: “o tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere”. Rodrigo Paz, familiar de Víctor, fue un poco más prosaico en su mensaje, pronunciado cerca de la medianoche del miércoles 17 de diciembre: “Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país”. El tono melodramático de ambos discursos, sin embargo, estableció la atmósfera de un velorio estatal. El fin del modelo redistributivo inaugurado por el MAS en 2006, junto a la nacionalización de los hidrocarburos.
El Decreto Supremo 5.503 contiene más de 120 artículos que configuran un sistema de medidas de ajuste que darán paso a un nuevo panorama económico para la sociedad boliviana no visto desde la época del reajuste neoliberal de los años 80 del siglo pasado. Su preámbulo no escatima en explicaciones acerca de la insostenibilidad del modelo económico del gobierno del MAS, su irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos, una alarmante corrupción en todos los niveles del Estado, que habrían dejado al país en una situación de emergencia ante el cual será necesario adoptar medidas urgentes y necesarias que harán posible la construcción de un “capitalismo para todos” y la destrucción del “Estado tranca”. Entre todas destaca, sin embargo, la eliminación de la subvención a los combustibles, que incrementará su precio entre el 87% y el 162%. La subida de precios más dramática del sector desde 1985.
No es una exageración. Fauno Lúbrico, canal de historia en redes sociales, enseña que el ajuste al precio de los carburantes en el país comienza, justamente, con el primer ajuste de cuentas del neoliberalismo en Bolivia, en 1985, de la mano del DS 21.060. En aquel entonces el precio de la gasolina paso de cuatro a 30 centavos de dólar. Le siguieron posteriores incrementos del 35% y 14% por parte del gobierno de Jaime Paz. En 2002 el gobierno del exdictador Hugo Banzer Suárez, luego de otro incremento de 27%, decreta la congelación de precios de los combustibles, en orden de calmar la ola de protestas que provocó inicialmente su medida. Un par de años después, en 2004, el gobierno de Carlos Mesa ordena otro aumento del 23%, contribuyendo con ello a su caída. Desde entonces no se trató de retirar dicha subvención hasta diciembre de 2010, durante el gobierno de Evo Morales, cuando se decreto otro “gasolinazo” que subía su precio en más del 73%. Una fuerte ola de protestas obligó al entonces mandatario a retroceder en su medida, que se consideraba en todo caso improbable hasta el día de hoy.
El paquete de medidas también incluye un incremento salarial que beneficiará a menos del 10% de la población económicamente activa, y un modesto aumento en bonificaciones para personas de la tercera edad y estudiantes de los niveles primario y secundario, de 300bs a cada uno, junto a otro incremento del salario mínimo de dos mil 300 a tres mil 300bs. Concesión difícilmente proporcional al endurecimiento de las condiciones de vida que tendrán que afrontar los habitantes de este país a partir de ahora. Aquello no evitó, sin embargo, que se pronunciaran sectores empresariales ahora dominantes en el Estado, como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Confederación, que expresó su respaldo a las medidas prescritas en el decreto presidencial, a las que consideró como un paso necesario para sacar a Bolivia de la crisis económica, cuestionando, eso sí, la elevación del salario mínimo como una medida de “posibles efectos severos”.
Eso no es todo, sin embargo. El decreto también incluye tres figuras que fulminan el modelo económico redistributivo inaugurado por el MAS en 2006: el retiro de la gasolina de la lista de sustancias controladas por el régimen jurídico del país, el silencio administrativo como regla general para proyectos de inversión en el país y la liberación de aranceles a proyectos extractivos. Con aquellas medidas las inversiones extranjeras interesadas en los recursos naturales del país podrán ver aprobados sus proyectos, con reducción de impuestos, en lapso de apenas 30 días. Los sectores priorizados serán minería, hidrocarburos, energía, transporte, agroindustria y manufactura, entre otros. La eliminación del “Estado tranca” que permitirá un “capitalismo para todos”, celebrado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien expresó su respaldo a las medidas de Paz mediante un comunicado de prensa, donde señaló que “EEUU colaborará con el gobierno de Bolivia para garantizar que estas reformas rindan frutos para el pueblo boliviano lo antes posible”.
Ganadores y perdedores del ajuste
Al día siguiente de anunciadas las medidas, el 18 de diciembre, el alcalde Iván Arias denunciaba ante los medios el incremento “abusivo” en el costo del transporte por parte de los choferes. El burgomaestre no está solo, al menos esta vez. Aunque fue acusado de favorecer a dicho sector al respaldar otro incremento en sus tarifas en el pasado, los acontecimientos recientes dieron paso a que ciudadanos de a pie se estrellaran, más bien, en contra de los trabajadores del transporte público, a los que acusaban en las cámaras de “aprovechados” y cuyo servicio nunca fue satisfactorio, justo ni eficiente. Aquellas quejas no están fuera de lugar, sin duda.
Al menos en la ciudad de La Paz y su colindante ciudad de El Alto el sistema de transporte ha resultado más que precario, insuficiente e, incluso, inseguro. No obstante, en un país donde la informalidad afecta a siete de cada 10 trabajadores, según las estimaciones más conservadoras, este se constituyó en un sector de alta absorción de la demanda de empleo. Según la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, su organización cuenta con al menos 50 mil afiliados registrados. Dicha cifra no incluye a los trabajadores que no se encuentran sindicalizados o que trabajan con vehículos rentados o no propios. El parque automotor en Bolivia subió de 444 mil vehículos en 2003 a más 2.6 millones, según el INE. Tal es la proporción del crecimiento del sector durante poco más de dos décadas.
Como cabía esperar, representantes del transporte público sindicalizado establecieron puntos de bloqueo en las principales ciudades del país al día siguiente de anunciada la medida. La Central Obrera Boliviana (COB), principal ente rector de los trabajadores, expresó su condena a la norma y determinó un paro de actividades indefinido hasta que se anule la medida, luego de un ampliado general celebrado en la ciudad de La Paz el viernes 19. Por su parte, la Confederación Sindical Única Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) hizo público su rechazo al decreto denominado gasolinazo y otorga un plazo de 24 horas al gobierno de Paz para abrogar el decreto, según un comunicado oficial publicado en redes sociales.
Adicionalmente, los trabajadores del sector minero también se pronunciaron al respecto. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se declaró en emergencia y advierte con impulsar la dimisión del gabinete del presidente Paz de no retroceder en la medida. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) expresó su rechazo al decreto por el impacto que tendrá en los costos productivos del sector, y anunció movilizaciones escalonadas en contra de la medida.
La subvención de los carburantes se constituyó en una solución accidental al problema del desempleo en Bolivia, al haber sido concebida para beneficiar, sobre todo, a las clases agroexportadoras del país, fuertemente dependientes del uso de carburantes para sus operaciones. Así, aunque la subvención le dio un respiro, precario y mal pagado, a las clases populares a través del transporte, esta benefició ante todo a las clases de empresarios dedicados al agronegocio, ubicados mayormente en la parte oriental del país. Estas clases, no obstante, cuentan ahora con la capacidad suficiente para comprar sus propios combustibles, al mismo tiempo que gozarán de otros beneficios desde el Estado. Por ello la Cámara de Agricultores del Oriente, que agrupa a lo más rancio de la oligarquía terrateniente, también hizo público su apoyo al decreto del Gobierno, a tiempo de reclamar se garantice el abastecimiento de combustibles para su sector.
Una ofensiva de clase
Ante los reclamos transmitidos por periodistas menos que alarmados durante su conferencia de prensa, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, respondió a las críticas que reclamaban en contra de los supuestos privilegios de funcionarios públicos, empresarios y otros sectores que no saldrían tan golpeados por las medidas de ajuste, en comparación al resto de la población. Su respuesta fue inquietante: los choferes no serían los únicos en sufrir. También se reducirían salarios en el sector público, a lo cual le seguirían despidos en el gobierno central. El mensaje fue claro: el sufrimiento no será para pocos.
No obstante, un par de semanas antes, el gobierno de Paz presentó tres medidas para afrontar la crisis económica cuya causa siempre culpa sobre el gobierno del MAS. Primera medida: se priorizará pagos a proveedores de combustible, medicamentos y jubilaciones, desde los que están más retrasados; segunda medida: modificación de la Ley del Presupuesto General del Estado con la finalidad de reducir 30% del gasto fiscal; tercera medida: abrogación de cuatro impuestos, a grandes fortunas, transferencias financieras, a juego y a las promociones empresariales mediante tres proyectos de ley. Uno de los principales beneficiados por dichas determinaciones fue el empresario Samuel Doria Medina. El sufrimiento, en todo caso, no sería para todos.
Así, aunque el modelo económico inaugurado por el MAS se agotó junto a las reservas de gas, es claro que su bancarrota irá a la cuenta no de todo el país, sino solo de su clase trabajadora; mientras empresarios de la banca, la agroindustria y la minería contarán desde ahora con los mayores respaldos gubernamentales para hacer negocios.
