Venezuela: la fuerza del relato
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*
Hay operaciones militares que se ejecutan con tropas y armas, y otras —más persistentes— que se libran en el terreno del sentido. La acción de Estados Unidos sobre Venezuela combina ambas dimensiones, pero es en el plano del relato donde se juega gran parte de su legitimación internacional.
Esta operación viene de una larga trayectoria que se extiende por los 27 años en los que la Revolución Bolivariana ha gobernado, pero tiene hitos recientes, en los intentos de deslegitimar y desconocer los resultados electorales del 28 de julio de 2024 y de impedir, sin éxito, la asunción de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2025, para encumbrar un gobierno paralelo. A partir de ese momento, el bombardeo mediático para la construcción de una narrativa que justifique la agresión militar del 3 de enero, ha ido en aumento. Con ese objetivo intentaron vincular al Presidente con una organización criminal – el Cártel de los Soles- cuya inexistencia fue afirmada hace escasos días por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según difundió el New York Times. La lucha contra el narcotráfico fue el gran marco de justificación para las acciones militares emprendidas contra Venezuela.
Bajo ese principio lo que se presentó como una acción legal en nombre de la lucha contra el narcotráfico encubrió, en realidad, un secuestro político: la aprehensión ilegal del presidente constitucional de un Estado soberano y la violación abierta de principios básicos del derecho internacional.
Nombrar los hechos no es un detalle menor. No se trata de una “captura”, sino de un secuestro. No hay aquí un procedimiento judicial sino una acción de fuerza, cuidadosamente envuelta en retórica legalista. La Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes —suscripta tanto por Estados Unidos como por Venezuela— establece con claridad la inmunidad personal de los jefes de Estado. Convertir al presidente Nicolás Maduro en rehén político desconoce ese principio y lo transforma en instrumento de presión geopolítica para forzar concesiones, apropiarse de recursos soberanos y quebrar la autodeterminación del pueblo venezolano.
El relato dominante también intenta desplazar el eje del conflicto hacia una supuesta traición interna. Sin embargo, los hechos recientes muestran lo contrario: no hay fractura, hay cohesión. Hubo combate para proteger al presidente y su investidura, con un saldo trágico de al menos 80 personas fallecidas, entre ellas 32 integrantes de una misión cubana de cooperación en seguridad. Ese dato fue deliberadamente ocultado para reforzar la idea de una caída sin resistencia y de un poder en descomposición.
La misma lógica opera al intentar presentar la investidura de Delcy Rodríguez como una transición débil y subordinada a los dictados de Washington. La realidad institucional desmiente esa narrativa. El domingo 4 de enero, Rodríguez presidió el Consejo de Ministros número 757 con plena participación del gabinete y de los vicepresidentes sectoriales. Al día siguiente, juró ante la nueva Asamblea Nacional surgida de los comicios del 5 de mayo de 2025, mientras el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, exigía la restitución de Nicolás Maduro y Cilia Flores y se rendía homenaje a los caídos. Las Fuerzas Armadas, lejos de exhibir fisuras, ofrecieron honores a la presidenta encargada.
Tampoco prospera la imagen de un Maduro quebrado moralmente. En su comparecencia en Nueva York, el propio presidente rechazó los cargos en su contra y se definió como “prisionero de guerra”, reafirmando su legitimidad y enviando señales de fortaleza a su pueblo. No es la traición el núcleo del mensaje que emerge desde Caracas, sino la supremacía tecnológica de una operación estadounidense que apuesta a la guerra híbrida: secuestros selectivos, coerción extraterritorial y lawfare en lugar de invasiones clásicas.
Otro de los pilares del relato imperial es la idea de que el petróleo venezolano “pertenece” a Estados Unidos. La historia real lo desmiente. Desde la nacionalización de 1976 hasta las sanciones impuestas en 2019, Venezuela ha defendido su soberanía energética frente a intentos de saqueo que incluyeron la apropiación por parte de EEUU de activos de la empresa estatal CITGO y el control externo de exportaciones. Presentar las actuales negociaciones de PDVSA como una imposición de Estados Unidos en una especie de transición tutelada es falsear declaraciones públicas en las que el gobierno venezolano fue claro: “si Estados Unidos quiere petróleo y gas, debe pagarlos y respetar la soberanía nacional”, como lo recordó Delcy Rodríguez ante los trabajadores petroleros en una movilización el 18 de diciembre.
La semana previa al ataque estadounidense, Nicolás Maduro dialogó, en un recorrido por las calles de Caracas con Ignacio Ramonet. Allí narró que en diversas oportunidades Venezuela se mostró dispuesta a la comercialización y de petróleo y a la recepción de inversiones norteamericanas, pero en condiciones soberanas. También ofreció datos de los resultados, que pese a las agresiones externas, Venezuela ha ido obteniendo en el complejo proceso de echar a andar la economía, en medio del asedio.
Por segundo año consecutivo el país lidera el crecimiento de la economía real en América Latina y el Caribe, según en el reciente informe de la CEPAL que estima una expansión del 9% para el cierre de 2025.
A pesar de la pérdida del 99% de los ingresos petroleros producto de las medidas coercitivas unilaterales, lograron producir sus propios alimentos. El mercado nacional ya cuenta con 90% de productos de fabricación propia. El dato fue proporcionado por Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) en octubre de 2025.
Según datos oficiales al cierre de 2025, se experimentaba un incremento del 34% en las ventas y el consumo. Para combatir la guerra económica, el gobierno trabajó arduamente en un mecanismo de indexación para proteger el salario.
Finalmente, lo que se busca denostar no es solo un conjunto de recursos materiales, sino algo más profundo: un proceso de construcción de poder popular que desafía al capitalismo digital y deshumanizado. Durante el año 2025 se realizaron cuatro consultas nacionales trimestrales, logrando la aprobación y financiamiento de 33.000 proyectos populares, como parte del modelo de democracia directa y protagónica nacido de la visión de Hugo Chávez que fue plasmada en el Libro Azul. Hacen parte de este sistema 49 mil consejos comunales y 4100 comunas (órganos de participación, organización y gestión popular en las comunidades).
Contra esa experiencia es que se levanta, por estos días otro relato: el de unas calles vacías y un pueblo inmóvil. Sin embargo, desde el ataque y los meses previos al mismo, se suceden movilizaciones diarias en Caracas y en todo el país, protagonizadas por mujeres, trabajadores, comunas y organizaciones sociales, arquitectos todos de la democracia participativa que existe en Venezuela.
La disputa por Venezuela es, en gran medida, una disputa por el sentido. Llamar secuestro a lo que es secuestro, agresión a lo que es agresión, y soberanía a lo que es soberanía no es un gesto retórico: es una forma de dar respuesta en un contexto en el que la guerra es total.
El concierto internacional y las organizaciones políticas de la región y el mundo no deberían cesar en el pedido de liberación del Presidente Constitucional de Venezuela y la diputada y primera combatiente, Cilia Flores, si aún se consideran adherentes a principios soberanos y al Derecho Internacional.
*Paula Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, directora de NODAL. Matías Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y ex Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Analista de NODAL
