Organizaciones sociales y de DDHH realizan una caravana por la libertad de Milagro Sala a diez años de su detención arbitraria
Con motivo de cumplirse 10 años de la detención arbitraria de Milagro Sala, referente popular de la organización Tupac Amaru, organizaciones sociales y de derechos humanos desplegaron una jornada de acciones que comenzó el jueves 15 de enero en la ya conocida Marcha de las Madres de Plaza de Mayo y, el viernes 16, una caravana que partió desde la Casa de las Madres en la Ciudad de Buenos Aires y se dirigió hacia la ciudad de La Plata —donde Milagro se encuentra actualmente detenida y atravesando serios problemas de salud— con paradas en la Plaza San Martín y la Plaza Moreno, y un acto político de cierre. En ese marco, volvieron a poner en el centro de la escena uno de los casos más emblemáticos de persecución judicial y disciplinamiento político de la Argentina. Durante la jornada se leyó un documento que denunció, una vez más, el carácter ilegal y arbitrario de su encarcelamiento y reclamó el fin del hostigamiento contra la dirigente social jujeña.
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, pocas semanas después de la asunción de Gerardo Morales en la gobernación de Jujuy y de Mauricio Macri en la presidencia. Desde entonces, su caso se convirtió en un símbolo del uso del Poder Judicial como herramienta de persecución política, en un proceso conocido en América Latina como lawfare o guerra judicial.
El documento leído durante la jornada recordó que la detención de Milagro no fue un hecho aislado, sino parte de un dispositivo represivo más amplio que se desplegó contra referentes del campo popular, luchadores sociales, comunidades indígenas y opositores políticos. Un patrón que, con distintas modalidades, también alcanzó a figuras como Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y, en la Argentina, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La experiencia Tupac Amaru: organización popular y conquista de derechos
Milagro Sala es fundadora y principal referente de la Organización Barrial Tupac Amaru, nacida en 1992 con el objetivo de dar respuesta a las necesidades más urgentes de los sectores populares de Jujuy. Con el correr de los años, la Tupac se transformó en una de las experiencias de organización social más importantes del país y de la región.
Para 2009, la organización contaba con alrededor de 70.000 integrantes y había impulsado un proceso de construcción de barrios y desarrollo comunitario sin precedentes en la provincia y el país: más de 8.000 viviendas, 4.500 puestos de trabajo, una fábrica de ladrillos, un taller metalúrgico y una fábrica textil. Además, se crearon y gestionaron escuelas primarias, secundarias y terciarias, centros de formación profesional, puestos de salud con atención especializada para personas con discapacidad y espacios recreativos con piletas, canchas deportivas y equipamiento comunitario.
Ese modelo de construcción territorial con una mirada integral —vivienda, trabajo, educación, salud y recreación— fue reconocido y valorado incluso en ámbitos internacionales vinculados al derecho al hábitat y al desarrollo humano. Para amplios sectores populares de Jujuy, la Tupac Amaru representó la posibilidad concreta de organizarse y acceder a derechos históricamente negados.
El encarcelamiento de Milagro Sala no puede separarse de esa experiencia política y social. Su detención tuvo un carácter claramente ejemplificador: disciplinar, desarticular y enviar un mensaje al conjunto de las organizaciones populares sobre los límites que el nuevo poder político estaba dispuesto a imponer.
Desde 2016, distintos organismos internacionales de derechos humanos —entre ellos la ONU y la CIDH— han señalado las irregularidades del proceso judicial y han reclamado medidas para garantizar la libertad o, al menos, el cumplimiento de arresto domiciliario en condiciones compatibles con su estado de salud. Sin embargo, una década después, la dirigente social continúa privada de su libertad, sometida a un régimen de hostigamiento permanente y a la vulneración sistemática de sus derechos.
Durante estos diez años, además, Milagro tuvo que atravesar pérdidas personales devastadoras: la muerte de su hijo Sergio y la de su compañero de vida, Raúl Noro, en un contexto marcado por el encierro, el desgaste físico y el deterioro de su salud.
La caravana y el acto no fueron solo un gesto de solidaridad personal, sino también una denuncia política más amplia. Desde el inicio de la persecución, organizaciones sociales y de derechos humanos alertan que lo que está en juego no es únicamente la situación de Milagro Sala, sino el funcionamiento mismo del Estado de derecho en la Argentina.
“Su injusto encarcelamiento constituye una afrenta a la democracia”, señala el documento, y advierte que la persecución judicial sigue vigente como mecanismo para disciplinar a quienes luchan contra las estructuras de desigualdad y las políticas de ajuste.
En ese sentido, la convocatoria también puso el foco en la continuidad de estas prácticas en un contexto regional e internacional de avance de proyectos políticos autoritarios, de criminalización de la protesta social y de recorte de derechos.
Libertad a Milagro Sala
A diez años de su detención, la consigna sigue siendo la misma: libertad a Milagro Sala. El documento cerró con un llamado a poner fin al hostigamiento, a respetar su derecho a la salud y a terminar con la persecución contra quienes luchan por los derechos colectivos.
La caravana volvió a dejar en claro que el caso de Milagro no pertenece al pasado. Es una herida abierta en la democracia argentina y un recordatorio persistente de hasta dónde puede llegar el uso del aparato judicial cuando se convierte en una herramienta de persecución política.
