Venezuela bajo asedio: el factor tecnológico
*Por Lina Merino
La agresión estadounidense contra Venezuela del 3 de enero de 2026 no debe interpretarse como un episodio aislado ni como una “operación quirúrgica” de alcance limitado. Se trató de un punto de inflexión geopolítico y tecnológico en la política imperial hacia Nuestra América, que expresa con claridad una nueva forma de intervención basada en la integración de inteligencia artificial, vigilancia persistente, guerra electrónica, ciberoperaciones y procesamiento masivo de datos en tiempo real. El objetivo no fue sólo militar, sino político: enviar un mensaje de disciplinamiento regional.
Lo ocurrido puede definirse como un combate militar de alta intensidad y como la demostración explícita de que Washington puede apagar sistemas críticos, atravesar defensas y secuestrar a un Jefe de Estado en su propio territorio, desbordando cualquier narrativa de mera intervención logística o antinarcóticos. El ataque se inscribe en una doctrina de seguridad hemisférica recargada, donde la violencia directa vuelve a ocupar un lugar central como instrumento de reordenamiento político.
La operación, denominada por Estados Unidos “Operación Resolución Absoluta”, combinó bombardeos sobre instalaciones estratégicas (bases aéreas, puertos y nodos logísticos en Caracas y sus alrededores) con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Desde el discurso oficial, la Casa Blanca presentó la acción como una fusión entre autoridad policial y poder militar, una lógica que expresa la convergencia entre fuerzas armadas tradicionales y tecnologías de control remoto. Para Trump el ataque en el que participaron más de 150 aviones y drones fue «ejecutado sin fallas», aunque el resultado fue un combate con más de 100 muertos.
La ofensiva desplegada exhibió componentes tecnológicos decisivos. Drones de reconocimiento capaces de operar en espacios aéreos hostiles, plataformas aéreas de última generación que funcionan simultáneamente como sistemas de combate y nodos de información, capacidades avanzadas de guerra electrónica y ciberoperaciones orientadas a desestabilizar infraestructuras críticas formaron parte de un mismo dispositivo.
El apagón sobre Caracas que causó el ataque cibernético demostró lo que ya había denunciado Maduro en 2019, cuando fallaron los sistemas de una central hidroeléctrica y luego de años de apagones cuyos daños colaterales pueden ser gravísimos. Pensemos por ejemplo en las consecuencias de un apagón en el funcionamiento de los hospitales, por mencionar alguno de los perjuicios a la vida humana que conllevan este tipo de ataques.
No es nuevo el funcionamiento del complejo industrial militar de Estados Unidos. Las mayores empresas militares del mundo como las estadounidenses Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics o Raytheon y BAE Systems de Reino Unido, son las principales dentro de un sector que facturaron unos USD 679 mil millones en 2024, según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Pero en este nuevo momento en el paradigma tecnológico, que no es otra cosa que un elemento de la Nueva Fase en el modo de producción capitalista, el rasgo operacional distintivo de la guerra pasa por la centralidad de la producción y procesamiento de los datos en información, de las capacidades en las comunicaciones, y del uso de la inteligencia artificial, que ya no aparece como una herramienta auxiliar, sino como un componente estructural del dispositivo de guerra. Algoritmos que integran múltiples fuentes de información permiten acortar los tiempos de decisión, centralizar y concentrar el control operativo, pero sin acortar márgenes de flexibilidad táctica. El campo de batalla se vuelve un espacio informatizado, donde la superioridad se define por la capacidad de procesamiento, producción de información, comunicaciones, automatización, flexibilidad táctica y, recién, poder de fuego y contra-fuego.
El uso de inteligencia artificial para correlacionar señales, comunicaciones, imágenes y movimientos territoriales, junto con la coordinación operativa entre agencias como el Cyber Command y el Space Command, muestra hasta qué punto el campo de batalla ha sido digitalizado y automatizado.
Anteriormente ya hemos analizado cómo el ecosistema Palantir de Peter Thiel y Alex Karp, emplea su Artificial Intelligence Platform integrando datos de inteligencia, comunicaciones, imágenes satelitales y videos de drones, funcionando como un sistema operativo de targeting del ejército israelí o para la vigilancia dentro del propio Estados Unidos y los sistemas de datos empleados en la persecución a migrantes, mediante los acuerdos entre la empresa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Pentágono. Aunque no hay confirmación oficial de que Palantir o sus servicios hayan desempeñado un papel directo en el ataque a Venezuela, The Kobeissi Letter dijo en X que “Las acciones de Palantir, $PLTR, subieron casi un 5% en las operaciones nocturnas, en su reacción inicial a los acontecimientos de este fin de semana en Venezuela. El mercado está comprando acciones de Palantir tras la exitosa misión estadounidense para capturar a Maduro.”
Uno de los elementos centrales de la ofensiva fue la guerra electrónica. La neutralización de radares, la interferencia de comunicaciones y la degradación de sistemas de defensa no se lograron sólo mediante ataques físicos, sino a través del control del espectro electromagnético. A esta dimensión se sumaron las ciberoperaciones con sistemas múltiples de inteligencia y coordinación en tiempo real. Cortes eléctricos, fallas en sistemas de comunicación y disrupciones en redes estratégicas forman parte de una lógica que apunta a desorganizar al Estado, generar confusión social y facilitar la intervención directa. En este esquema, la guerra no comienza con la caída de misiles, sino con la caída de sistemas. Las infraestructuras digitales y energéticas se transforman así en objetivos estratégicos de primer orden.
Los aviones de guerra electrónica EA-18G Growler constituyen una pieza central de la arquitectura de ataque tecnológico desplegada por Estados Unidos. Fabricados por Boeing e integrados con sistemas desarrollados por Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems y EDO Corporation, estos cazas están diseñados específicamente para suprimir defensas aéreas enemigas mediante el control del espectro electromagnético. El Growler combina receptores de alerta radar de cobertura total de Northrop Grumman, pods de interferencia táctica ALQ-99 de EDO Corporation capaces de bloquear radares y comunicaciones adversarias, sistemas de contramedidas de comunicación digital ALQ-227 de Raytheon que permiten interceptar, grabar y manipular señales enemigas, enlaces satelitales seguros para intercambio de datos críticos y radares AESA APG-79 también desarrollados por Raytheon.
Imagen: EA-18G Growler de Boeing
A esto se suman los dispensadores de contramedidas ALE-47 de BAE Systems, que protegen a la aeronave de misiles guiados por radar e infrarrojos. Su función no es la destrucción directa de objetivos físicos, sino la paralización de los sistemas que hacen posible la defensa aérea y el mando enemigo, confirmando el rol estratégico de la guerra electrónica y de las grandes corporaciones tecnológicas en las operaciones militares contemporáneas
Este tipo de intervención se inscribe en una transformación más profunda: la militarización de las tecnologías desarrolladas en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Plataformas creadas para la gestión de datos, la optimización logística o la toma de decisiones empresariales son hoy adaptadas al uso bélico. La frontera entre lo civil y lo militar se diluye, y las grandes corporaciones tecnológicas se integran de manera directa al complejo militar-industrial.
En este sentido, Venezuela es el laboratorio. Lo que se ensaya sobre su territorio forma parte de una tendencia planetaria: la consolidación de una guerra algorítmica de baja visibilidad mediática, pero de alta intensidad estratégica. Una forma de intervención que no requiere ocupaciones prolongadas ni despliegues masivos de tropas, porque se apoya en la asimetría tecnológica, la vigilancia total y la dependencia digital.
El ataque del 3 de enero confirma que la disputa contra Venezuela no es solo política o económica. Es una disputa por la soberanía en el siglo XXI: soberanía sobre el territorio, pero también sobre los datos, las infraestructuras, la energía y la capacidad de decisión autónoma. En un mundo atravesado por la digitalización del poder, la agresión imperial adopta formas más sofisticadas y menos visibles, pero no por eso menos violentas.
Es imperativo que también se comprenda las fortalezas de una Venezuela conducido por un proyecto político con voluntad emancipadora, que ha construido grandes niveles de organización política popular, y que cuenta también con una “tecnología” de organización social que los intereses financieros, tecnológicos y militares también reconocen: la autodenominada “fusión popular-militar-policial”.
Comprender esta lógica es clave para América Latina y el Caribe. Lo que hoy se despliega sobre Venezuela puede mañana replicarse sobre cualquier país que desafíe el orden impuesto por el capital financiero-tecnológico. El ataque a Venezuela debe entenderse también en el marco del avance de acuerdos militares con Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y otros países de nuestra región, mediante el despliegue “temporario” de tropas, la ampliación de accesos aeroportuarios, patrullajes aéreos y sistemas de monitoreos, o los ejercicios militares de tropas yankees en Argentina bajo la denominada “Operación Tridente”.
La defensa de la soberanía ya no puede pensarse sólo en términos clásicos: implica disputar también el control de las tecnologías, de las infraestructuras digitales y de los sistemas de información que organizan la vida social y política contemporánea. Venezuela vuelve a marcar el límite. No solo frente a una agresión militar, sino frente a un modelo de dominación que articula intereses capitalistas, producción industrial-tecnológica, concepciones geopolíticas y, finalmente, violencia y guerra. Intentar entender esa articulación es, entonces, un primer paso para enfrentarla.
*Lina Merino es Lic. en Biotecnología y Biología Molecular, Dra. en Ciencias Biológicas (UNLP), diplomada en género y gestión institucional (UNDEF), Profesora (UNAHUR), investigadora (CICPBA); miembro del OECYT y analista de NODAL.
