Economía y Guerra Económica, la batalla de Delcy Rodríguez
Por María Rizzo y Matías Strasorier
El viernes 16 de enero, Delcy Rodríguez convocó al Consejo Nacional de Economía Productiva, la instancia de diálogo al más alto nivel entre el gobierno nacional venezolano y los líderes empresariales de los distintos sectores productivos del país.
El Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP) fue creado por Nicolás Maduro el 19 de enero de 2016, en un marco de «Emergencia Económica» y se ha consolidado como un espacio para coordinar políticas públicas, revisar nudos críticos de la economía y promover el crecimiento de la producción nacional bajo un modelo post-petrolero.
El Consejo se constituyó como el órgano operativo para activar los entonces 14 Motores Productivos (hoy ampliados a 18). Su objetivo era diversificar la economía para dejar de depender exclusivamente de la exportación de crudo. De este modo, el Gobierno Nacional de Venezuela, buscó un nuevo esquema de relación con el empresariado, y lo logra con esta instancia de concertación permanente en la que trabajan conjuntamente representantes del alto gobierno junto a líderes de gremiales y cámaras empresariales, como Fedecámaras, Fedeindustria, etc.
El contexto de creación del CNEP
En 2016, Venezuela enfrentaba una situación crítica debido a que el precio del barril de petróleo había caído a niveles mínimos históricos, rondando los 25 dólares, lo que redujo drásticamente los ingresos en divisas del país y generó problemas de abastecimiento, si se tiene en cuenta que el sector petrolero genera más del 95% del ingreso de divisas al país. Pero sin lugar a dudas el enfrentamiento más duro fue el asedio que el gobierno estadounidense llevó adelante, mediante la “guerra económica”.
«La guerra es la política por otros medios» o «La guerra es la continuación de la política por otros medios» (Clausewitz 1780-1831). Probablemente bajo esta premisa el gobierno estadounidense comenzó la “Guerra Económica” con Venezuela en 2015, cuando el por entonces presidente, Barack Obama, dictó la Orden Ejecutiva N° 13.692, la cual declaró a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».
Bajo este argumento el gobierno de Estados Unidos comenzó a dictar órdenes ejecutivas que afectaron a sectores enteros de la economía venezolana, sin necesidad de pasar por el Congreso. Entre 2017 y 2019, con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se ejecutó el «bloqueo» financiero y petrolero de alto impacto.
En agosto 2017, a través de la Orden Ejecutiva N° 13.808, se prohibió a cualquier persona o entidad bajo jurisdicción de EE.UU. transar nueva deuda emitida por el Estado venezolano y Petrólesp de Venezuela (PDVSA). Lo cual dejó a la República Bolivariana fuera del mercado financiero internacional, impidiéndole refinanciar su deuda y acceder a créditos para importar alimentos o medicinas.
En enero de 2019, comenzó el bloqueo petrolero. De este modo, EE.UU. aplicó medidas coercitivas directamente a PDVSA, prohibiendo la compra de petróleo venezolano y confiscando los activos de CITGO (la filial de PDVSA en EE.UU.).
En agosto de 2019, mediante la Orden Ejecutiva N° 13.884 congeló todos los activos del Gobierno venezolano en EE.UU. y prohibió cualquier transacción con el Estado. Esto convirtió a Venezuela en el primer país del hemisferio occidental bajo un embargo total en 30 años.
Otras acciones concretas con las que el país norteamericano “bombardeó” a Venezuela fueron la retención de oro y fondos: el Banco de Inglaterra retuvo más de 30 toneladas de oro venezolano, y fondos líquidos en bancos como Novo Banco (Portugal) fueron congelados. También se aplicaron medidas coercitivas unilaterales a empresas dueñas de barcos que transportaran crudo venezolano o trajeran diluyentes para procesar el petróleo pesado del Orinoco. Adicionalmente se ejecutó una desconexión del sistema financiero, lo que impidió que Venezuela pagara vacunas (como ocurrió con el mecanismo COVAX) o repuestos para el sistema eléctrico y de agua, ya que los bancos corresponsales rechazaban las transferencias venezolanas. Y, por si fuera poco, extendió las medidas a la red de suministro de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), argumentando corrupción, lo que dificultó la logística de importación de alimentos.
La mentira del narcotráfico y la resistencia venezolana
Luego de 10 años de Guerra Económica, la estrategia de unión nacional que diseñó Nicolás Maduro resiste y avanza. El crecimiento económico se observa en las calles y los comercios de Venezuela, en la dinámica cotidiana, como así también en el apoyo empresarial. Pero quizás el indicador más significativo de la guerra sostenida contra el país bolivariano, sea el recurso de la mentira al que acudió Donald Trump: acusar a Maduro de ser el líder del “Cartel de los Soles”, que la propia justicia estadounidense ya declaró inexistente. Con este pretexto el gobierno norteamericano, secuestró a Nicolás Maduro y Cilia Flores, mediante una acción militar, el 3 de enero de 2026.
Sin embargo, los hechos indican que a dos semanas del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, el Consejo Nacional de Economía Productiva continúa el rumbo.
En la reunión del 16 de enero del CNEP, la Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que el país registró 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico, cerrando el año 2025 con un incremento del 8.5% del PIB, liderando la región. Además informó la suscripción del primer contrato de comercialización y exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la historia de Venezuela y presentó tres leyes clave enviadas a la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para captar inversiones en «campos vírgenes» usando el exitoso modelo de la Ley Antibloqueo; la Ley de Derechos Socioeconómicos, para despenalizar y avanzar hacia un sistema de precios acordados y protección al consumidor y la Ley de Aceleración de Trámites, con el fin de desburocratizar y facilitar las exportaciones e inversiones.
También propuso crear un Comité Nacional de Defensa de los Derechos Económicos para representar a Venezuela en instancias internacionales.
Previamente el Vicepresidente Sectorial de Economía, Calixto Ortega, resaltó que el crecimiento se ha logrado bajo circunstancias de bloqueo únicas, e informó un crecimiento del 37% en el consumo de los hogares y un aumento del 7% en la inversión (formación bruta de capital fijo) durante el 2025.
Por parte del sector privado, el Director de Relaciones Corporativas de Farmatodo y Cámara de Farmacia, William Paz Castillo, subrayó la importancia del diálogo bidireccional en el Consejo y el éxito logístico en el abastecimiento además de ratificar el compromiso de la cadena con la producción nacional a través de sus marcas propias. Jorge Luis Nogueroles, Presidente del Banco Nacional de Crédito (BNC), reportó por su parte un crecimiento extraordinario del 630% en la cartera de crédito en el 2025 respecto al año anterior, destacando que el índice de morosidad es bajísimo (0.90%) y que el 90% de la población está bancarizada, con un 95% de transacciones digitales.
El rumbo para 2026 tiene como ejes centrales la sustitución de importaciones, para priorizar el uso de divisas de la renta petrolera para materia prima y bienes de capital, no para importar productos finales que el país ya produce. La promoción de Fondos Soberanos, a partir de los que el ingreso petrolero se destinará a un fondo para el desarrollo social y mejora del ingreso de los trabajadores y la Unión Público-Privada.
El encuentro del Consejo reafirmó la «familia» del Consejo Nacional de Economía, incluyendo desde el sector industrial tradicional hasta los nuevos emprendedores y las Comunas.
Entre los líderes empresariales estuvieron presentes Jorge Luis Nogueroles (Banca – BNC), uan figura clave para demostrar que el sector bancario privado está alineado con el financiamiento de la producción nacional, superando la etapa de la banca meramente transaccional. Ítalo Atencio (Retail – ANSA), participó como representante de los supermercados y su presencia en las primeras sillas simboliza la estabilidad del abastecimiento. Se lo vio muy atento a los anuncios sobre la Ley de Derechos Socioeconómicos, ya que esta ley busca eliminar trabas administrativas que afectan los precios finales. También estuvieron presentes Adán Celis y Luigi Pisella (Cúpulas – Fedecámaras/Conindustria).
Aunque no dieron discursos en el podio principal en esta ocasión, su ubicación en la primera fila es un mensaje político: ratifican que el sector privado industrial acepta el modelo de sustitución de importaciones planteado por el Gobierno, donde se priorizará la compra de productos «Hecho en Venezuela».
