Gremios enfrentan al Ejecutivo y proponen otro modelo de reforma fiscal
Con movilizaciones y un documento alternativo, los gremios salieron a disputar el rumbo de la Caja Fiscal y advirtieron que no aceptarán una reforma que cargue el ajuste sobre quienes aportan.
Trabajadores del sector público, con fuerte protagonismo de los gremios docentes, salieron a enfrentar el proyecto impulsado por el Ejecutivo y pusieron sobre la mesa una alternativa propia. Exigen frenar el tratamiento acelerado, abrir una mesa técnica y avanzar hacia una reforma que, aseguran, no castigue a quienes aportan ni vulnere derechos adquiridos.
La reforma de la Caja Fiscal entró este martes en una nueva fase de conflicto abierto. Diversos sectores de trabajadores del sector público presentaron una contrapropuesta formal al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, con la que buscan disputar no solo el contenido de la iniciativa oficial, sino también la forma en que se está intentando avanzar con uno de los cambios más sensibles del sistema previsional.
La presentación estuvo acompañada de movilizaciones frente al Congreso y de un mensaje político claro: el proyecto oficial, tal como está planteado, es inaceptable para amplios sectores del funcionariado, que advierten que la reforma traslada el peso del déficit a los trabajadores y desconoce condiciones laborales específicas, especialmente en el sector docente.
Un rechazo frontal al proyecto del Ejecutivo
Los gremios sostienen que la iniciativa del Ejecutivo introduce cambios estructurales sin un debate profundo ni participación real de los sectores afectados. En particular, cuestionan la incorporación de una edad mínima de jubilación en regímenes que históricamente no la tuvieron, como el magisterio, docentes universitarios y fuerzas públicas.
Según los sindicatos, esta modificación altera de manera sustancial las reglas del sistema y afecta directamente a trabajadores que ya se encuentran cerca de cumplir los requisitos para jubilarse. Por ello, uno de los ejes centrales de la contrapropuesta es que cualquier cambio rija únicamente para los futuros ingresantes, respetando derechos adquiridos y trayectorias laborales ya consolidadas.
El corazón de la contrapropuesta: más aporte del Estado
El punto más fuerte del documento presentado por los trabajadores es el reclamo de un mayor compromiso del Estado como empleador. Los gremios plantean que el déficit de la Caja Fiscal no se explica por los beneficios de los trabajadores, sino por una deuda histórica del Estado, que durante décadas no realizó aportes patronales suficientes.
En ese marco, la contrapropuesta exige elevar el aporte estatal hasta el 14%, muy por encima del porcentaje actualmente previsto. Para los sindicatos, sin este cambio estructural, cualquier reforma será solo un parche y el sistema volverá a entrar en crisis en pocos años.
Este planteamiento busca cambiar el eje del debate: de una reforma centrada en recortar beneficios o extender la vida laboral, a una discusión sobre cómo se financia realmente el sistema previsional público.
Rechazo a la edad mínima y a la retroactividad
Otro de los puntos más resistidos es la fijación de una edad mínima de jubilación que, según los trabajadores, no contempla las condiciones reales de trabajo, especialmente en el ámbito educativo. Los gremios advierten que la docencia implica un desgaste físico y emocional que no puede ser equiparado a otros regímenes, y que imponer una edad mínima elevada puede tener consecuencias incluso en la salud de los trabajadores.
Además, la contrapropuesta rechaza cualquier intento de aplicar las nuevas reglas de manera retroactiva o sobre personas que ya están próximas a jubilarse. Para los sindicatos, modificar las condiciones en la recta final de la carrera laboral constituye una vulneración directa de derechos y genera inseguridad jurídica.
Pedido de freno y apertura de una mesa técnica
En el plano político, los gremios no solo cuestionan el contenido del proyecto, sino también el ritmo del tratamiento legislativo. Exigen que la discusión se suspenda durante el receso parlamentario y que recién se retome en marzo, con la instalación de una mesa técnica amplia que incluya a representantes de los trabajadores, del Ejecutivo y del Legislativo.
El reclamo apunta a evitar lo que califican como un tratamiento exprés de una reforma que tendrá impacto durante décadas. Los sindicatos sostienen que una ley de esta magnitud no puede aprobarse sin consenso ni estudios técnicos compartidos.
Advertencias de conflicto y presión en la calle
El escenario no está exento de tensión. Los gremios advirtieron que, si el Ejecutivo insiste en avanzar sin diálogo, no descartan medidas de fuerza. En el caso del sector docente, incluso se mencionó la posibilidad de no iniciar el año lectivo si el proyecto oficial se aprueba sin modificaciones sustanciales.
Estas advertencias elevan el costo político de la reforma y colocan al Gobierno ante una disyuntiva: insistir con su proyecto original y enfrentar un conflicto social de gran escala, o abrir la negociación y rediscutir aspectos clave del plan.
Dos caminos en disputa para la Caja Fiscal
Con la contrapropuesta ya presentada, la reforma de la Caja Fiscal queda planteada como una disputa entre dos modelos. Por un lado, el del Ejecutivo, enfocado en ajustar parámetros del sistema para contener el déficit. Por otro, el de los trabajadores, que proponen reforzar el financiamiento estatal y limitar los cambios a las futuras generaciones.
Lo que está en juego no es solo un proyecto de ley, sino la definición de quién asume el costo de una crisis previsional largamente anunciada. En ese cruce de intereses, la Caja Fiscal se convierte en uno de los principales campos de batalla políticos y sociales del inicio de 2026.
