Las mentiras de la Junta de Accionistas de Petroperú para privatizarla
Alejandro Narváez Liceras (*)
En diciembre de 2025, el Ejecutivo peruano, refrendado por el presidente del Consejo de ministros, la ministra de Economía y Finanzas (MEF) y el ministro de Energía y Minas (MINEM), promulgó el D.U. 010 2025, que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú, con el argumento de que la empresa se encontraba en una crisis económica y financiera “que compromete su operatividad”.
Sin embargo, el análisis de sus estados financieros intermedios al 30 de septiembre de 2025, presentados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y las declaraciones de parte de representantes del Ejecutivo, revelan contradicciones profundas entre los motivos oficiales y la realidad financiera de la empresa. Este artículo examina esas contradicciones y expone por qué las afirmaciones de la Junta General de Accionistas (JGA) constituyen mentiras o, en el mejor de los casos, interpretaciones sesgadas con el fin de justificar una privatización encubierta.
El discurso oficial: Petroperú en “crisis irreversible”
La justificación principal expresada por la JGA y las autoridades del Ejecutivo es que Petroperú atraviesa una situación crítica que compromete su operatividad, lo que justificaría la reorganización patrimonial para garantizar la continuidad de la cadena de producción y el abastecimiento de hidrocarburos y así proteger la seguridad energética del país (D.U. 010 2025).
En diversas declaraciones públicas, se atribuye a Petroperú una situación de insolvencia técnica de corto plazo, citando cifras como un saldo de caja mínimo al cierre de 2025 (según análisis publicados en medios) que apenas cubriría obligaciones inmediatas. Esto ha sido usado para argumentar que no existe otra opción viable que fragmentar y promover privatizaciones parciales de activos.
La realidad financiera según los informes a la SMV
Los estados financieros intermedios al 30 de septiembre de 2025 muestran una realidad diferente y menos dramática de la que se presenta en el discurso oficial. Petroperú reporta cifras claras bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en cumplimiento de las obligaciones de presentación de información ante la SMV, incluyendo la hipótesis (principio) de negocio en marcha, lo que implica que la empresa no está en un proceso de liquidación o quiebra, sino que continuará operando en un futuro previsible sin intención ni necesidad de liquidar o cesar sus actividades.
De acuerdo con el estado de situación financiera intermedio:
• El activo total corriente de Petroperú al 30 de septiembre de 2025 fue de US$ 1,377 millones y unos activos no corrientes valuados en US$ 8,653 millones, dominados por propiedades, plantas, equipos y activos intangibles.
- El pasivo corriente fue de US$ 2,724 millones y los pasivos no corrientes de US$ 5,230 millones, con importantes colocaciones financieras (bonos).
- Un patrimonio neto de US$ 2,076 millones que demuestra posición de capital positiva.
- Moody’s, (marzo 2025) según hechos de importancia presentados a la SMV, mantuvo la calificación de Petroperú con perspectiva estable, reconociendo su rol estratégico en el abastecimiento nacional y la expectativa de mejora operativa con la optimización de la Nueva Refinería de Talara (NRT), la cual representa una proporción sustancial de la capacidad de refinación nacional.
Estas cifras no describen una empresa en quiebra, sino una entidad con desafíos de liquidez de corto plazo reflejados en pasivos financieros, sí, pero con activos sólidos y operación contínua que respaldan su negocio y justifican la necesidad de capital de trabajo, no la desmembración patrimonial.
Problemas de capital de trabajo: situación manejable
El informe de estados financieros al 3T2025 deja claro que Petroperú tiene un déficit de efectivo neto en comparación con algunos pasivos corrientes, reflejando tensión en capital de trabajo, pero no insolvencia. El saldo de caja y equivalentes fue menor al compararlo con las obligaciones de corto plazo, pero esto es una condición común en empresas intensivas en capital y con ciclos de operación largos, especialmente en refinación e hidrocarburos, donde los flujos de caja pueden ser volátiles, pero no necesariamente indican incapacidad de pago si existen estrategias de financiamiento y reestructuración operativa eficaces.
Este estado de situación financiera no obliga una disolución ni un cambio radical en la titularidad jurídica de sus activos. Lo que requiere es una gestión financiera y operativa más eficiente, algo que, de hecho, es reconocido por la propia dirección de Petroperú, y se ha venido trabajando en esa dirección hasta octubre de 2025.
Contradicciones en las declaraciones del Ejecutivo
Si bien no existen citas textuales fácilmente accesibles de las declaraciones públicas del primer ministro o de la ministra de Economía y Finanzas, el propio contenido del decreto y la cobertura de prensa han recogido mensajes de corte alarmista y contradictorias señalando que Petroperú estaba “al borde de la insolvencia” y que se requería una intervención urgente que incluye la reorganización patrimonial bajo un esquema de promoción de inversión privada.
Esta narrativa difiere de la información financiera oficial presentada ante la SMV, lo que evidencia un sesgo discursivo con fines de “justificar” la fragmentación y eventual transferencia de activos a entes externos, bajo el pretexto falaz de una crisis mayor a la real.
El D.U. 010 2025: ¿reorganización o privatización encubierta?
El texto del D.U. 010 2025 autoriza la reorganización patrimonial de Petroperú en uno o más bloques con facultades expresas para transferir activos a Vehículos de Propósito Especial, lo cual puede implicar transferencia de derechos económicos y políticos de unidades productivas que incluyen activos tangibles e intangibles, licencias, permisos y contratos asociados a la NRT y otras instalaciones. Estas facultades, además, derogan expresamente restricciones legales anteriores, como el artículo 1 de la Ley N.º 28244 que protegía a Petroperú de modalidades de promoción privada contrarias a su naturaleza estatutaria.
Estos cambios no solo son técnicamente profundos, sino políticamente sensibles, porque implican abrir la puerta a procesos que en la práctica pueden resultar en la privatización de facto de unidades estratégicas de la empresa bajo el paraguas de “reorganización”.
La NRT y la omisión de datos relevantes
A pesar de que la NRT es uno de los activos más importantes de Petroperú —capaz de procesar combustibles con estándares ambientales avanzados y representar una proporción significativa de la capacidad de refinación nacional—, la narrativa de crisis que se ha propagado se ha centrado en déficits operativos de corto plazo, sin ponderar adecuadamente el valor futuro de este activo integrado al negocio en marcha.
Esta lectura distorsionada de datos ha servido para alarmar al público y a los mercados, creando un ambiente más favorable para justificar la venta o transferencia de activos que, bajo una gestión adecuada, podrían seguir generando valor para el Estado a largo plazo.
Conclusión
La narrativa de que Petroperú está en quiebra o insolvencia terminal —utilizada por la JGA — no se sustenta en los datos financieros oficiales presentados ante la SMV. Si bien existen problemas de capital de trabajo y pasivos financieros importantes, la empresa sigue como negocio en marcha conforme a NIIF, con activos robustos, capacidad de operación continua y perspectivas de recuperación fundamentadas en la gestión interna y la optimización de instalaciones modernas como la NRT.
Por lo tanto, más que una crisis insuperable, lo que existe es una tensión financiera típica de empresas intensivas en capital, agravada por decisiones de gestión deficientes anteriores al 2025 y por una narrativa política que busca justificar la fragmentación patrimonial y, en última instancia, la privatización encubierta de activos estratégicos.
La verdad —contrastada con la versión oficial— es que Petroperú no está quebrada, sino que requiere políticas operativas y financieras más eficientes y coherentes, no la transferencia de control de sus activos a agentes privados bajo el disfraz de “reorganización urgente”.
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(*) Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ex presidente de Petroperú actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
