Corte Constitucional suspende emergencia económica y gremios advierten riesgos fiscales y constitucionales
Laura Lesmes Díaz
La suspensión provisional de los efectos del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional fue recibida como una decisión relevante por distintos sectores empresariales y económicos del país, que coincidieron en señalar la ausencia de causales sobrevinientes y la necesidad de preservar el orden constitucional. Para los gremios y analistas, la medida evita impactos inmediatos e irreversibles sobre ciudadanos, empresas y entidades territoriales, mientras se adelanta el estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la declaratoria.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que “es de gran importancia la decisión tomada por la Corte Constitucional de suspender los efectos de la emergencia económica, hasta tanto no se pueda estudiar la misma de fondo”. Según explicó, existe un amplio consenso nacional en torno a que no se presentaban las causales exigidas por la Constitución para decretar una emergencia económica. En ese sentido, sostuvo que “no se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado un proyecto de ley tributaria o una ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional”.
Desde su perspectiva, la decisión de la Corte adquiere relevancia constitucional, al tratarse de la primera vez que se suspenden provisionalmente los efectos de un decreto de emergencia económica. Mac Master señaló que, de no haberse adoptado esta medida, “se hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluyendo ciudadanos, incluyendo empresas, incluyendo departamentos, incluyendo municipios, que estaban siendo afectados por algunas de las decisiones tomadas con base en la emergencia económica”. Para el dirigente gremial, la suspensión es “una noticia importante para la democracia” y para “la defensa del Estado de derecho en Colombia”, al considerar que se trata de una decisión “razonable y prudente”.
Desde el ámbito del análisis económico, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, se sumó a las preocupaciones sobre la declaratoria de emergencia, al advertir que la situación fiscal del país, aunque compleja, no corresponde a un hecho nuevo o imprevisible. Esta visión fue compartida por María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, quien señaló que “acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final”.
Lacouture destacó el “rigor e independencia de la Corte” y reiteró que, desde AmCham Colombia, se ha insistido en que los hechos invocados por el Gobierno “son estructurales y previsibles y exigen soluciones permanentes, no medidas extraordinarias”. En su análisis, persisten “dudas sustantivas sobre la existencia de un hecho sobreviniente que habilite una emergencia económica”, dado que la situación fiscal no resulta nueva desde una perspectiva económica.
Adicionalmente, advirtió sobre los riesgos asociados a las medidas tributarias adoptadas bajo la emergencia, en particular aquellas relacionadas con impuestos indirectos. “Varias de las medidas adoptadas corresponden a impuestos indirectos, como IVA a importaciones, licores y tabaco, cuya devolución sería prácticamente imposible si el decreto llegara a ser declarado inexequible”, explicó. A diferencia de los impuestos directos, señaló que en estos casos se generan “potenciales daños irreparables a los contribuyentes”, lo que refuerza la necesidad de la suspensión provisional mientras se adelanta la revisión de fondo.
Desde el Consejo Gremial, su presidenta Natalia Gutiérrez manifestó que el gremio respeta “plenamente la independencia y autonomía de la Corte Constitucional” y consideró que la suspensión del decreto de emergencia “era necesaria, es coherente con la Constitución y cumple la función clave de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirían efectos inmediatos e irreversibles”.
Gutiérrez sostuvo que no existe una crisis imprevisible que justifique el uso de poderes extraordinarios y recordó que el país “cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales ordinarios”. En esa línea, enfatizó que no pueden emplearse facultades excepcionales “para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático”. Para el Consejo Gremial, la estabilidad institucional y el respeto por la Constitución constituyen elementos esenciales para el país, especialmente en un contexto de discusión fiscal y económica.
A su turno Juan David Velasco socio de impuestos en Baker McKenzie Colombia, señaló que la decisión por su abierta contradicción con la Carta Política, tiene como efecto evitar un daño irreparable a los contribuyentes.“Ahora, esperamos que, ante la evidencia abrumadora, el estudio y la sentencia definitiva declaren la abierta inconstitucionalidad del decreto de emergencia económica. Se trata de un nuevo precedente contitucional que refuerza el equilibrio entre los poderes públicos y envía una señal positiva de confianza en el Estado de Derecho en el país”.
En conjunto, las reacciones de los líderes gremiales y analistas económicos reflejan una lectura coincidente sobre la decisión de la Corte Constitucional: la suspensión provisional del decreto de emergencia económica preserva la excepcionalidad del instrumento, protege a los agentes económicos de efectos irreversibles y garantiza que cualquier decisión de fondo se adopte dentro de los cauces del orden constitucional y del debate democrático.
“Vendrán consecuencias”: Petro sobre suspensión de emergencia económica
Por Juan Carlos González
El presidente Gustavo Petro, afirmó que la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto que declaró la emergencia económica y social, con el que el Gobierno aumentó los impuestos para completar el presupuesto de 2026, beneficiará a los “megarricos” del país.
“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor”, dijo Petro en su cuenta de X, donde añadió que el nuevo Congreso, que será elegido el 8 de marzo intentará pasar esa cuenta a la sociedad”.
Y agregó: Se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente, antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad”, señaló Petro.
Se suspende a partir de la fecha , pero al estar vigente, antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad https://t.co/nlMVJwDjZh
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026
Tras declarar el 22 de diciembre «el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia» de ese documento, el Gobierno publicó una semana después los decretos con los nuevos tributos incluían un aumento del impuesto al patrimonio.
Ese tributo se cobra a quienes tienen un patrimonio superior a 3.600 millones de pesos y oscila entre el 0,5 y 2 %.
Sin embargo, con el decreto el Gobierno había estipulado que la tarifa del impuesto al patrimonio empezaría en una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos y con un incremento porcentual de hasta el 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos.
