Segunda Marcha Federal del Orgullo Antifascista, Antirracista Antiimperialista, una nueva movilización de resistencia
Por Alejandra Rizzo *
La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista nació como una respuesta directa a los dichos del presidente argentino en el Foro Económico Mundial de Davos, donde vinculó a los feminismos y a las diversidades sexuales con prácticas delictivas y cuestionó de manera explícita las políticas de género. Aquellas declaraciones, lejos de ser un exabrupto aislado, funcionaron como un punto de condensación de una ofensiva política más amplia que encontró en el movimiento transfeminista y de la diversidad a su enemigo interno.
El 1° de febrero de 2025, esa reacción tomó forma en una movilización masiva y autoconvocada que desbordó las calles de la Ciudad de Buenos Aires y se replicó en distintos puntos del país. La consigna fue clara: frente al odio, la estigmatización y el intento de disciplinamiento social, la respuesta es colectiva. “La vida está en riesgo. Basta. Al clóset no volvemos nunca más”, sintetizó el sentido político de aquella jornada.
A un año de esa primera irrupción, el próximo 7 de febrero, organizaciones feministas, transfeministas, LGBTIQ+, sociales, sindicales, de derechos humanos y autoconvocades volverán a movilizarse en todo el país en el marco de la Segunda Marcha Federal del Orgullo Antifascista, Antirracista, Antiimperialista. La convocatoria se inscribe como continuidad de aquel proceso, pero también como respuesta a un escenario de odio y miseria que se ha profundizado.
La marcha de 2025 no solo expresó el rechazo a un discurso presidencial pronunciado en un foro internacional, sino que canalizó un malestar social más profundo, vinculado a la crisis económica, la legitimación desde el Estado de discursos y acciones de odio, la erosión democrática y el avance de políticas que buscan vulnerar derechos conquistados por mujeres y diversidades.
Durante 2025, el avance de los neofascismos a nivel regional y global dejó en evidencia que la ofensiva reaccionaria no es espontánea ni desordenada. Se trata de un proyecto articulado que combina el desfinanciamiento de políticas públicas, la deslegitimación de la llamada “ideología de género”, la criminalización de la protesta y la habilitación de discursos de odio como herramientas de gobierno.
En este escenario, la reciente difusión de los llamados archivos Epstein vuelve a poner en evidencia la trama de impunidad que sostiene a las élites globales, con las cuales articula el presidente Milei. Desde una mirada feminista, estos documentos no exponen hechos aislados ni desviaciones individuales, sino una estructura de poder donde la violencia sexual funciona como mecanismo de dominación, intercambio y disciplinamiento. Las víctimas mayoritariamente niñas y jóvenes pobres fueron explotadas en un entramado que involucró a empresarios, dirigentes políticos, funcionarios judiciales y servicios de inteligencia, revelando hasta qué punto el patriarcado se articula con el capital y el Estado para garantizar impunidad. El silenciamiento sistemático de las sobrevivientes y la protección de los victimarios confirman una verdad que el feminismo viene señalando hace décadas: la violencia sexual no es un exceso del sistema, sino parte de su funcionamiento.
Este proceso se desarrolla en un contexto de crisis orgánica del capital, atravesado por la precarización laboral, el desempleo estructural y la digitalización de la economía. En ese marco, las mujeres y diversidades se encuentran entre los sectores más golpeados, pero también en la primera línea de resistencia, emergiendo como un sujeto político central que cuestiona las bases estructurales de un sistema sostenido en la explotación de los cuerpos y los territorios.
Las organizaciones y militantes convocantes al 7F advierten que el disciplinamiento no es sólo simbólico, sino también económico. Las mujeres y diversidades continúan siendo las más precarizadas laboralmente y quienes sostienen, de manera mayoritaria, las tareas de cuidado, la alimentación de las infancias y la reproducción cotidiana de la vida, sin reconocimiento ni remuneración. Por eso, una de las consignas que vuelve a tomar fuerza es que la ‘’deuda es con nosotres’’, “Que arda el fascismo”, “Acá no sobra nadie”, “Ninguna vida es descartable” “La Reforma Laboral y el Imperialismo que ardan” “Frente al fascismo organización y solidaridad”.
La elección del feminismo y el transfeminismo como enemigo interno por parte de gobiernos y derechas extremas no es casual. Figuras como Donald Trump, Nayib Bukele, Daniel Noboa o Javier Milei forman parte de una ofensiva global que busca reinstalar un orden social excluyente y castigar a quienes construyen comunidad, defienden derechos y se organizan colectivamente.
Frente a este escenario, la Segunda Marcha Federal del Orgullo Antifascista, Antirracista y Antiimperialista se presenta como una respuesta política que trasciende la defensa sectorial. El 7F articula la lucha por los derechos de género y diversidad con el antifascismo, el anticapitalismo, el anticolonialismo y la solidaridad internacional, desde Palestina hasta las luchas territoriales en defensa de los bienes comunes.
Del repudio a los dichos de Davos a la consolidación de un movimiento en las calles, el 7F se proyecta como un nuevo momento de acumulación política. Una reafirmación de que los transfeminismos y diversidades populares no son identidades individuales, sino proyectos colectivos que siguen construyendo poder desde los barrios, los sindicatos, los territorios y la calle, con la convicción de que la lucha es histórica y continúa.
*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Aquelarre Feminista en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL.
