Marcha del 7F y febrero caliente en Argentina: ¿qué hacer frente a la deshumanización?
*Por Emilia Trabucco
La Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista del 7 de febrero se inscribe en una coyuntura marcada por la profundización del programa de gobierno y por una crisis de representación que atraviesa al campo popular argentino. La convocatoria retoma el antecedente del 1° de febrero de 2025, cuando los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos —al señalar como enemigos del orden a feminismos, disidencias, universidades, partidos políticos y organismos de derechos humanos— activaron una reacción social amplia.
Aquel episodio abrió un ciclo de movilización que hoy se despliega bajo condiciones más regresivas: caída sostenida del salario real, aceleración del proceso de empobrecimiento y una concentración del poder político y económico que se apoya en el vaciamiento de las mediaciones institucionales. Ello en un contexto de ofensiva del imperialismo sobre la región, con injerencia directa sobre los territorios a través de invasiones militares y asfixia por endeudamiento.
El 7F ocurre en la antesala del tratamiento parlamentario de tres reformas centrales para el oficialismo: la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y la reforma de la Ley de Glaciares. Se trata de una agenda coherente con un proyecto de reordenamiento social que traslada los costos del ajuste sobre las mayorías trabajadoras. La reforma laboral avanza en un país donde el 45% de la población ocupada se encuentra en la informalidad y donde mujeres, jóvenes y migrantes concentran los peores indicadores de ingresos y estabilidad.
En el último año, el salario mínimo perdió más del 30% de su poder adquisitivo y los convenios colectivos quedaron sistemáticamente por detrás de la inflación. La baja de la edad de imputabilidad se impulsa con más del 60% de niñas, niños y adolescentes bajo la línea de pobreza, reforzando un enfoque punitivo que convierte la exclusión social en materia penal.
La reforma ambiental se discute en un contexto de expansión extractiva, destrucción de los controles públicos y recortes presupuestarios a los organismos de fiscalización ambiental.
En este escenario, el movimiento sindical mantiene una presencia activa, aunque tensionada. Las movilizaciones realizadas en Córdoba y Rosario, impulsadas por dirigentes de distintas centrales y sindicatos —incluidos algunos de la propia CGT— expresan una voluntad de acción que contradice la espera de la conducción cegetista. Esa tensión no es meramente táctica, revela una disputa sobre el sentido del paro general y la movilización previstos para el 11 de febrero: si deben funcionar como mera presión negocial o como punto de inflexión política frente a la reforma laboral.
La masividad de esa jornada continúa dependiendo en gran medida de la decisión de la cúpula de la CGT, lo que vuelve a poner en evidencia una debilidad estructural del campo popular. La persistencia de una centralidad organizativa construida para una clase trabajadora industrial, masculina y formalizada condiciona el alcance de la respuesta frente a un ajuste que golpea precisamente donde esa estructura no llega.
Desde los espacios feministas y transfeministas populares se viene construyendo una lectura política que articula la secuencia del 7 de febrero, el 11, el 8 de marzo y el 24 de marzo como un mismo proceso de acumulación. El 7F aparece como una respuesta antifascista y antirracista frente al avance del discurso de odio y del programa antipopular; el 11 de febrero concentra la expectativa de una reacción sindical frente al tratamiento de la reforma laboral; el 8 de marzo vuelve a poner en el centro la explotación específica que recae sobre mujeres, disidencias y migrantes en el mundo del trabajo y en los territorios; y el 24 de marzo reactualiza la memoria histórica del terrorismo de Estado -a 60 años del golpe- como advertencia frente a las derivas autoritarias del presente.
Una secuencia articulada bajo el objetivo de “unir todas las luchas”, combatiendo la dispersión y abonando a la construcción de un programa de oposición, enlazando las consignas que el movimiento popular ha sostenido como reserva moral en las últimas décadas: derechos humanos, igualdad y justicia social. Esa continuidad expresa una acumulación de conflictos que remiten a un problema estructural de la democracia argentina, cada vez más vaciada de contenido social y crecientemente funcional a la concentración del poder económico y a la restricción de derechos.
Esa continuidad articula derechos humanos, igualdad y justicia social como las consignas que el movimiento popular ha sostenido como reserva moral en las últimas décadas, inscribiéndolas en una coyuntura atravesada por el ajuste, el avance punitivo y la concentración del poder, y señalando un problema estructural de la democracia argentina, cada vez más vaciada de contenido social y funcional a los poderes económicos concentrados.
En este marco, los feminismos, transfeminismos y movimientos de la diversidad ocupan un lugar político central. No como actor identitario, sino como expresión concreta de la materialidad actual de la clase trabajadora. Mujeres y disidencias concentran los mayores niveles de precarización, informalidad y pobreza; sostienen de manera mayoritaria las tareas de cuidado no remuneradas; y enfrentan cotidianamente la violencia en los territorios donde el Estado se retira.
Son ellas quienes, en muchos barrios, cuidan a infancias y adolescencias en una batalla cuerpo a cuerpo desigual frente al avance del narcotráfico, que se expande como economía de subsistencia y control social allí donde se desmantelan políticas públicas. Jóvenes empobrecidos son utilizados como fuerza descartable de ese negocio ilegal y luego señalados como responsables del deterioro social, mientras el discurso punitivista legitima más castigo y menos derechos.
Estas mismas mujeres y disidencias sostienen, en gran medida, las bases militantes de sindicatos, organizaciones barriales, movimientos sociales y espacios políticos, mientras las dirigencias continúan siendo mayoritariamente masculinas y alejadas de esa experiencia cotidiana de explotación múltiple.
Allí se anuda una de las claves de la crisis de representación: organizaciones construidas para una clase trabajadora industrial, masculina y formalizada muestran dificultades persistentes para asumir la transformación profunda de su base social y para procesar las nuevas formas de conflictividad.
Los feminismos y transfeminismos populares disputan ese límite también hacia adentro del campo popular. Enfrentan una lectura liberal e individualizante que reduce la conflictividad social a demandas fragmentadas y que, en el escenario global, opera como coartada para que las derechas fascistas instalen la caricatura de la “agenda woke” como enemigo interno. Esa operación apunta a erosionar la unidad, despolitizar el conflicto de clase y restarle heterogeneidad al movimiento popular en un momento de ofensiva reaccionaria.
El contexto internacional refuerza esta lectura. El destape de los archivos Epstein, sistemáticamente minimizado por los grandes medios alineados con el gobierno, expone la deshumanización estructural de las élites mundiales. En esa isla se ejerció violencia extrema sobre cuerpos considerados prescindibles, bajo la protección del poder económico y político. Esa misma lógica explica cómo esas élites concentran riqueza obscena, hambrean a millones, bombardean pueblos y ejecutan genocidios en distintas regiones del mundo. Se trata de una concepción del poder que jerarquiza vidas y naturaliza la destrucción.
Donald Trump y Elon Musk aparecen asociados a ese entramado de abuso, impunidad y concentración extrema de riqueza. Son también actores centrales en el sostenimiento financiero y político del proyecto que encarna Milei en Argentina. Los préstamos orientados a refinanciar deuda y profundizar la asfixia económica forman parte de un esquema de protectorado que se ejecuta localmente, sin ocupación militar, pero con endeudamiento, ajuste permanente y una fuerza represiva disponible cuando el consenso social se quiebra.
La marcha del 7 de febrero condensa ese nudo de conflictos sin resolverlo. Expone las limitaciones de una democracia liberal que garantiza gobernabilidad para pocos y sacrificio para muchos, y pone en escena un sujeto social que demanda ser reconocido como interlocutor válido.
La pregunta que queda —y que definirá el éxito o fracaso de esta secuencia— es si la capacidad de lectura política que exhiben los feminismos populares se traduce en capacidad de organización suficiente para imponerse el 11 de febrero, el 8 de marzo y el 24 de marzo. O si, por el contrario, la persistencia de formas de representación construidas para otra clase trabajadora terminará por diluir la potencia de esta movilización. La democracia argentina, cada vez más funcional a la concentración del poder económico, no garantiza el primer escenario. Pero tampoco lo impide.
La marcha del 7 de febrero condensa ese nudo de conflictos. Expone las limitaciones de una democracia liberal que garantiza gobernabilidad para pocos y sacrificio para muchos, y vuelve a colocar en el centro la necesidad de construir un proyecto político capaz de articular las luchas en curso. Frente al fatalismo deshumanizante que imponen las élites, la calle reaparece como espacio de disputa real por la representación, el sentido y el futuro.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
