La ANDIS fue «cooptada»: el juez Casanello procesó a Spagnuolo por asociación ilícita
El magistrado definió la situación procesal de los indagados antes de la feria y señaló que la investigación no se agotaría en los hechos descubiertos hasta ahora.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al ex abogado de Javier Milei que ofició como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. En un duro fallo, el magistrado lo ubicó como jefe de una asociación ilícita y le achacó otros delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, defradudación por administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo.
En el fallo el magistrado también definió la situación procesal de otros 19 imputados, que también fueron procesados. Entre ellos están el ex número dos del organismo, Daniel María Garbellini, y los empresarios Pablo Atchabahián y Miguel Ángel Calvete, a quienes el fiscal Franco Picardi había sindicado como jefes paraestatales del organismo en su dictamen de principios de noviembre.
En conjunto con los procesamientos, el juez ordenó embargar a los procesados con cifras que llegan hasta los 202 mil millones de pesos.
Para el juez, la investigación permitió reconstruir la existencia de un «entramado de corrupción institucional» que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Andis. Para ello fue clave el rol de los «operadores externos», como Atchabahián y Calvete.
ANDIS, casa tomada
«La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad», estampó el magistrado en la resolución a la que accedió Tiempo.
De todos modos, para el juez existen «márgenes difusos» en el aparente esquema de corrupción por lo cual la investigación no se agotaría en los hechos probados hasta el momento. «Dentro de la propia Andis existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores», planteó.
Vale recordar que el caso se inició a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón en base a publicaciones periodísticas que daban cuenta de la difusión de una serie de audios atribuídos a Spagnuolo. En esas piezas que dio a conocer el streaming Carnaval, la voz que sería del ex titular de la Andis denunciaba la existencia de un esquema de sobreprecios en medicamentos para personas con discapacidad de la cual habrían sacado una tajada empresarios farmacéuticos y también señalaba a la cúpula de la Casa Rosada.
La señalada fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien de acuerdo a los audios se quedaba con un 3% de los retornos.
El papel de Spagnuolo
Casanello ubico a Spagnuolo como la autoridad máxima de la Agencia durante el periodo de tiempo en el que “tuvieron lugar las prácticas corruptas” orientadas a favorecer intereses privados mediante el pago de sobornos. El eje de la maniobra fue la adjudicación diseccionada de adquisición de insumos y medicamentos PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia) con sobreprecios. “Si bien a lo largo de la presente se relevó una porción nítida de la operatoria, se sospecha que la magnitud ha sido mayor”, afirmó el juez.
En el marco de la división de roles que operó de acuerdo a la narración judicial, el ex titular de la Andis y ex abogado de Milei “articuló y supervisó el direccionamiento de las compulsas de precios en beneficio de determinadas droguerías, a cambio de sobornos”. Según el magistrado, Spagnuolo posibilitó que personas extrañas al organismo tuvieran intervención directa en los procesos de contrataciones.
Para el juez, Spagnuolo optó por hacer frente a esos hechos con una “pretendida ceguera”. Sin embargo, eso “contrasta con los reclamos recibidos mientras las prácticas reprochadas se desarrollaban”.
Como ejemplo, el magistrado citó la declaración testimonial de Luis Cella, presidente de Prevent S.A., una droguería excluida del programa Incluir Salud. “El testigo (…) bajo juramento explicó cómo puso al descubierto lo que estaba ocurriendo sin que Spagnuolo hiciera nada al respecto en el plano formal”, relató el magistrado en la resolución.
Inmediatamente incrustó una captura de un correo electrónico que el empresario le mandó al entonces titular de la Andis en marzo de 2025, en el que le dijo: “Yo no puedo creer que usted no haya entendido el mensaje de lo que pasa en Incluir Salud. Le manifiesto cordialmente por última vez que incorpore a droguería Prevent S.A. al sistema de compras. Apelo a su criterio y solucione esto a la brevedad, caso contrario iniciaré las denuncias correspondientes por incumplimiento de funcionario público (sic)”.
Frente a eso, según el juez, Spagnuolo “no corrigió la práctica”.
En otro tramo del escrito de 307 carillas, el magistrado sostuvo que de momento se pudo reconstruir que el ex titular de la Andis “recibió importantes sumas de dinero”, tanto en efectivo como en especie. Una de esas entregas fueron 5 millones de pesos en efectivo que el empresario Miguel Calvete le entregó a través de un intermediario.
A su vez, “Spagnuolo disponía de una suma de dinero espurio cuyo manejo y contabilidad llevaba el propio Calvete, quien le habilitaba los fondos en función de la demanda que le expresara el propio funcionario”.
Tras conocerse el procesamiento, el abogado defensor de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, se limitó a responder ante una consulta de Tiempo que apelarán la decisión del juez. Entre los motivos, esgrimó que el magistrado “incumplió con las dos instrucciones precisas que le dio la Cámara Federal, que son determinar la autenticidad de los audios y explicar cómo se hizo la investigación sin tomarlos en cuenta”.
Vale mencionar que en ninguna parte de la resolución el magistrado tuvo en cuenta el contenido de los audios atribuidos al entonces titular de la Andis, que publicó Carnaval. Atacar esos audios ha sido la estrategia que utilizó la defensa del ex funcionario para intentar invalidar la investigación y de hecho es algo que el juez mencionó en su resolución pero no contestó de manera directa.
Los otros procesados
Al igual que Spagnuolo, para el juez el entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, también posibilitó que personas ajenas al organismo intervengan en decisiones internas o accedieran a información reservada clave para el esquema ilegal. El juez también lo procesó sin prisión preventiva y le imputó ser jefe de asociación ilícita junto con negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada.
“Vamos a interponer recurso de apelación contra un auto que entendemos es prematuro, que no llevó a cabo ninguna de las diligencias probatorias propuestas por las defensas y que no logra acreditar la imputación. La Cámara Federal pondrá orden, seguramente”, comentó a Tiempo Agustín Biancardi, abogado defensor del ex número dos de la Andis.
Pablo Atchabahián y Miguel Calvete son otros dos personajes que aparecen con roles centrales en el entramado, de acuerdo a la investigación judicial. Como se mencionó, el fiscal Picardi los situó como jefes paraestatales del organismo durante el periodo investigado. En su resolución de este lunes, Casanello sostuvo que ambos “pudieron intervenir en las decisiones del organismo, influenciando indebidamente y haciendo valer sus vínculos estrechos con las droguerías beneficiarias y laboratorios”.
Nuevas medidas
Además de los embargos millonarios, el juez dispuso una medida de no innovar respecto de las firmas involucradas en la maniobra bajo investigación. Con eso, busca evitar que, sin autorización previa del tribunal, se efectúe la venta de bienes o activos, junto con modificaciones del estatus jurídico de las firmas o cualquier tipo de reorganización.
Además, designó interventores informantes en las empresas Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A. por tres meses. A los interventores les encomendó la obligación de monitorear de forma permanente el estado de los bienes, operaciones y actividades de dichas empresas, algo que deberán informar al Juzgado cada 15 días.
Más indagatorias
Otro de los aspectos novedosos de la resolución es que el juez dijo que a partir de lo investigado hay condiciones suficientes como para convocar a declaración indagatoria a otras seis personas. Se trata de Fabián Parlakian, Matías Palotti, Patricio Denholm, Alan Pocoví, Sergio Mastropietro y Patricio Acosta.
Todos ellos habrían cumplido un rol específico en diferentes etapas del esquema ilegal investigado por la Justicia: desde intervención en la selección y priorización de prestadores para participar en las compulsas hasta informantes y canalizadores de fondos.
De esos nombres, el más conocido es el de Mastropietro, un empresario titular de la empresa aeronáuticautica Baires Fly S.A., quien de acuerdo a la resolución judicial también tuvo participación en la circulación del dinero aparentemente ilícito del esquema. A modo de ejemplo, los investigadores señalaron que la empresa Profarma le giraba dinero bajo facturación simulada.
