EEUU cuestiona fallo que evita regulación de Ositran en puerto de Chancay: “el dinero chino barato cuesta soberanía”
Continúa la polémica por el fallo judicial que limita la intervención del Estado en el Megapuerto de Chancay y reconoce su carácter de propiedad privada. La controversia escaló a nivel internacional luego de que Estados Unidos expresara su preocupación por lo que considera un riesgo para la soberanía peruana.
A través de sus redes sociales, la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló estar “preocupada por reportes de que Perú podría quedar sin poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes”, y advirtió que la infraestructura estaría bajo jurisdicción de “propietarios depredadores chinos”.
Asimismo, remarcaron “el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio” y cuestionaron el origen de la inversión en el megapuerto ubicado al norte de Lima. “Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, indicaron.
En la misma línea, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, sostuvo: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.
¿Qué establece el fallo judicial?
El Poder Judicial determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) debe «abstenerse de ejercer -directamente o a través de sus dependencias u organismos técnicos adscritos- sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción» sobre las actividades del puerto.
En la práctica, esto significa que el regulador no podrá intervenir en la operación del terminal ni aplicar medidas de control administrativo.
La única excepción será la fijación de tarifas a los usuarios finales, y únicamente en caso de que el Indecopi confirme previamente que no existe competencia en el mercado.
Por su parte, Cosco Shipping Ports, operadora del megapuerto de Chancay defendió el marco legal que regula su funcionamiento como puerto de titularidad privada y precisó que operan de manera permanente diversas entidades del Estado encargadas de la supervisión, control y fiscalización de las actividades portuarias.
