Uruguay rescindió el contrato con el astillero español Cardama
El gobierno uruguayo confirmó la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, luego de detectar una serie de irregularidades en las garantías que entregó la empresa con sede en Vigo. Uruguay ya le había pagado unos 30 millones de dólares, casi un tercio del precio total de las dos patrulleras oceánicas que había comprado.
El presidente Yamandú Orsi anunció la decisión, que tiene como trasfondo una diferencia política entre la gestión actual de la coalición de izquierda Frente Amplio y el gobierno anterior del derechista Luis Lacalle Pou. Incluso, este tema motivó un enfrentamiento público entre ambos mandatarios.
Asimismo, el parlamento uruguayo estableció –por unanimidad- un cuerpo legislativo con el objetivo de examinar las gestiones realizadas entre 2010 y 2026 para la incorporación de embarcaciones de guerra destinadas a la vigilancia del océano Atlántico sur, proceso que derivó en la rescisión contractual con el astillero español Cardama.
El objeto de la investigación abarcará la totalidad de las gestiones realizadas para dotar al Estado uruguayo de buques de guerra con capacidad para patrullar el océano de su jurisdicción. Hacia el final del gobierno de Lacalle se suscribió el acuerdo con la empresa con sede en Galicia para la construcción de dos patrulleras oceánicas, por un monto cercano a los 80 millones de dólares.
Desde el comienzo, el Frente Amplio manifestó objeciones respecto a la selección del astillero español: cuestionó que la firma del contrato se efectuara en los días previos a la finalización del período de gobierno de la coalición de derecha.
Como consecuencia de la finalización del vínculo contractual, se ha iniciado un litigio en instancia internacional. El Estado uruguayo procura recuperar los 30 millones de dólares que fueron abonados a la empresa en concepto de pagos adelantados durante la vigencia del acuerdo. Paralelamente, la constructora naval española busca obtener una compensación económica derivada de la terminación del contrato de construcción de las embarcaciones.
