Expertos documentan crímenes de lesa humanidad en el régimen de excepción
Durante meses, un grupo internacional de expertos revisó testimonios, bases de datos, fotografías de cadáveres y análisis médicos forenses y los sintetizó en un informe presentado ayer, durante el periodo de sesiones que se realiza esta semana en Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El reporte concluyó que en El Salvador existe una “base razonable para creer” que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad gubernamental. El Estado salvadoreño se abstuvo de pronunciarse al respecto tras escuchar los hallazgos.
El informe fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), integrado por la jurista Susana Sá Couto, profesora de derecho penal internacional en el Washington College of Law de American University; Claudia Martin, especialista en derecho internacional de los derechos humanos; Gino Costa, exministro del Interior de Perú y experto en seguridad; Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas y exsecretario ejecutivo de la CIDH; y José Antonio Guevara, especialista en derecho penal internacional y expresidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.
Estos expertos concluyeron que “estos hechos no constituyen excesos aislados, sino que conforman un patrón coherente de actuación estatal, caracterizado por su generalización, sistematicidad e intencionalidad represiva (…). Permiten sostener jurídicamente que en El Salvador podrían estar configurándose crímenes de lesa humanidad”.
Por ello advirtieron que las violaciones documentadas podrían formar parte de un “ataque sistemático contra la población civil”, uno de los elementos que el derecho internacional establece, según sustenta la investigación, para configurar crímenes de lesa humanidad.
Durante la audiencia de ayer ante la CIDH, donde se presentó el informe, la representante del Estado salvadoreño, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, se abstuvo de responder a los señalamientos del estudio. “No estamos acá para realizar una defensa sobre casos particulares que han sido señalados en esta audiencia”, dijo.
No obstante, en el resto de su intervención defendió el régimen de excepción, presentándolo como una medida “esencial” para la seguridad y justicia en el país.
La funcionaria negó que sea violatorio de derechos humanos, rechazó las denuncias de desapariciones forzadas y la criminalización de activistas. Aseguró que el Estado cumple con el debido proceso y garantiza la defensa técnica de los detenidos en el régimen.
“Es fundamental aclarar ante esta Comisión que la labor de defensa de derechos humanos no es criminalizada en El Salvador, pero tampoco puede ser una carta de inmunidad frente a conductas delictivas. En el país impera el principio de igualdad ante la ley”, alegó Mira, al ser cuestionada por relatores de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos durante la implementación de la medida.
“Esto no es solo una victoria de seguridad, es una victoria de los derechos humanos”, insistió.
Sin embargo, la investigación de los expertos del GIPES hace referencia al artículo 7 del Estatuto de Roma, que define crímenes de lesa humanidad cuando hay una repetición en actos como asesinato, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, violencia sexual o persecución por motivos políticos.
En la identificación de los patrones, el informe analiza dos líneas principales de hechos. La primera se refiere al trato hacia personas acusadas de pertenecer a pandillas en el marco del régimen, mientras que la segunda examina actos que, según los expertos, constituyen como persecución política contra “opositores” o personas percibidas como “críticas del Gobierno”.
Para documentar los hechos referidos a las acusaciones con pandillas, los investigadores realizaron entrevistas a profundidad con víctimas y familiares, analizaron bases de datos sobre detenciones y revisaron información recopilada por organizaciones nacionales e internacionales que han documentado vulneraciones de derechos en este contexto.
Los hallazgos evidenciaron agresiones sexuales cometidas en las prisiones por otros reclusos con consentimiento de las autoridades penitenciarias, muertes con objetos cortopunzantes, estrangulación y ahorcamiento, arbitrariedad en las detenciones.
“Este modelo de ‘gobierno de emergencia’ se ha convertido, en la práctica, en una forma habitual de administración del país, en el marco de la cual se han cometido violaciones graves a los derechos humanos, generalizadas y sistemáticas”, advirtió el GIPES en su informe.
El Gobierno ha defendido el régimen de excepción, vigente desde 2022, bajo el argumento que le ha permitido reducir los homicidios y debilitar a las estructuras criminales.
En la más reciente encuesta de LPG Datos, el 70.3 % identificó a la seguridad como el principal logro del Ejecutivo. Entre sus fracasos, el 2.2 % señala las capturas arbitrarias durante el régimen.
Un segundo grupo
En una segunda línea de la investigación, los expertos evaluaron casos de detenciones contra defensores de derechos humanos y opositores políticos. “El régimen de excepción no fue una simple medida extraordinaria y temporal, sino el mecanismo estructural que permitió normalizar la represión bajo apariencia de legalidad”, concluyeron al respecto.
El GIPES señaló que la documentación de estos patrones podría servir como base para futuras investigaciones sobre los posibles crímenes cometidos.
Argumentaron que en el derecho internacional, este tipo de informes suele ser utilizado por mecanismos de derechos humanos o tribunales para evaluar la apertura de investigaciones y determinar eventuales responsabilidades.
Plantearon también la existencia de responsabilidad penal individual para quienes “diseñaron, ejecutaron o toleraron” la política de seguridad. Según los expertos, estos elementos “podrían ser relevantes para eventuales investigaciones sobre la cadena de mando y la toma de decisiones dentro del aparato estatal”.
Además de la presidencia de la República, especificaron cargos como el director de Centros Penales; el director de Reconstrucción del Tejido Social; el director del Organismo de Inteligencia del Estado, el Órgano Legislativo, entre otros.
Este medio solicitó a la Secretaría de la Presidencia la postura del Gobierno salvadoreño sobre los señalamientos contenidos en el informe, pero hasta el cierre de esta publicación no se había recibido una respuesta oficial.
Finalmente, el grupo de expertos instó al tribunal internacional a investigar los hechos: “Recomendamos a la Corte Penal Internacional (CPI) analizar la situación de El Salvador bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, para iniciar una investigación de oficio por la Fiscalía de la CPI por crímenes de lesa humanidad como tortura, asesinato, desaparición forzada y otros actos inhumanos, cometidos en el marco de la política de seguridad iniciada en 2021”.
