Agua, cobre y comando empresario: ¿Quiénes están detrás de la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina?
Por Emilia Trabucco*
La reforma de la Ley de Glaciares volvió a poner en primer plano una disputa que el gobierno de Javier Milei intentó presentar como un asunto técnico y de “modernización regulatoria”, pero que en el Congreso se expresó como lo que efectivamente es: una pelea por el control del agua, del territorio y de las condiciones de inserción de la Argentina en la nueva división internacional del trabajo.
El 27 de febrero de 2026 el Senado aprobó la modificación por 40 votos contra 31, con el argumento oficial de “destrabar inversiones” mineras; en Diputados, el tratamiento continuó entre el 25 y el 26 de marzo con audiencias públicas atravesadas por una masividad inédita y, al mismo tiempo, por un operativo de restricción política y seguridad que terminó por exponer la magnitud del conflicto. Se registraron más de 100.000 inscriptos para participar de la audiencia, lo que realmente ocurrió fue acceso limitado a una fracción mínima de expositores, vallado, presencia de Gendarmería y denuncias por el ingreso de oradores pro mineros que no figuraban en los listados.
La ciudadanía se movilizó para defender una Ley aprobada en 2010 -durante la presidencia de Cristina Kirchner- que protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, así como el derecho colectivo a las fuentes de agua para consumo humano, agricultura, recarga de cuencas, biodiversidad, información científica y turismo. Supone pasar de un régimen de resguardo del agua como bien común a un esquema que la subordina a la valorización económica del territorio.
Ese punto resulta decisivo porque la reforma reduce la tutela integral y la reemplaza por una definición centrada en la “función hídrica efectiva”, además de transferir a las provincias una parte central del poder de delimitación y control, en detrimento de un proyecto estratégico nacional. En términos materiales, el límite de protección se corre para ampliar el margen de avance de los proyectos extractivos de alta montaña.
Ahí se ubica el problema de fondo. La modificación de la Ley se inscribe en una secuencia más amplia que incluye el RIGI, un acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre minerales críticos —firmado el 4 de febrero de 2026—, reuniones con grandes mineras en las semanas previas al tratamiento legislativo, redefinición del régimen ambiental y reposicionamiento de la Argentina como plataforma exportadora de cobre, litio, oro y plata en la nueva fase de acumulación global. El acuerdo contempla financiamiento público y privado, simplificación de permisos, cooperación en mapeo geológico y acciones orientadas a fortalecer el posicionamiento argentino en cadenas globales de suministro de alto valor estratégico. Ese entendimiento prioriza a Estados Unidos en comercio e inversión en minerales clave, aunque sin cerrar la puerta a capitales chinos.
En ese marco, las reuniones mantenidas en la Casa Rosada entre fines de enero y comienzos de febrero de 2026 con ejecutivos de las principales compañías mineras permiten leer la articulación entre política pública y capital transnacional. En esos encuentros participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente de BHP y presidente del directorio de la compañía; Ron Hochstein, CEO de Vicuña; y José Luis Morea, country director en Argentina, en un contexto donde el Ejecutivo avanzaba simultáneamente en acuerdos internacionales y en la adecuación del marco regulatorio para el sector.
La reforma de la Ley de Glaciares se discute, así, en simultáneo con la construcción de una arquitectura política y diplomática destinada a asegurar minerales críticos para la transición energética y la reindustrialización tecnológica de las potencias. El cobre ocupa un lugar central en esa trama. BHP, Lundin y Glencore observan a la Argentina como uno de los grandes reservorios cupríferos aún sin desarrollar. La demanda global de cobre está impulsada por la electromovilidad, las energías renovables y también por los centros de datos; la compra de Filo Corp por parte de BHP y Lundin se inscribe en la carrera global por ese mineral.
En este punto, las declaraciones del canciller Pablo Quirno permiten precisar el carácter de la disputa. Al referirse al acuerdo con Estados Unidos, sostuvo que el mismo no implica excluir a China y que ese país mantiene inversiones en minerales en la Argentina y puede continuar haciéndolo. La inserción argentina se organiza así en un escenario de competencia entre capitales, donde la subordinación política y normativa favorece determinados circuitos —en este caso, occidentales— sin anular la presencia de otros actores.
El antecedente de la Ley de Glaciares permite entender el sentido de la disputa actual. Su sanción en 2010 fue el resultado de un conflicto político abierto en torno a la expansión minera en la cordillera, con Barrick Gold como actor central. La empresa operaba Veladero desde 2005 e impulsaba el proyecto binacional Pascua Lama, ubicado en zona glaciar, lo que generó una fuerte movilización social y una disputa institucional por los límites de la actividad extractiva. La norma fue inicialmente resistida por el sector minero y judicializada por la propia Barrick, que obtuvo medidas cautelares para frenar su aplicación. Recién en 2012, con la intervención de la Corte Suprema, la ley recuperó plena vigencia, consolidando un marco de protección ambiental construido en confrontación directa con ese modelo de explotación.
Ese conflicto se profundizó con los derrames de solución cianurada en Veladero en 2015, 2016 y 2017, que involucraron millones de litros de sustancias tóxicas y afectaron cursos de agua en San Juan. Esos episodios instalaron de manera definitiva el problema del agua como eje político. En ese contexto, la Ley de Glaciares operó como límite a un ciclo extractivo centrado en el oro. La discusión actual marca un desplazamiento a la expansión del cobre como insumo estratégico de la transición energética. La reforma en debate puede leerse, así, como el intento de reconfigurar ese límite construido en 2010 para adecuarlo a un nuevo ciclo extractivo, impulsado por actores, escalas de inversión y demandas globales distintas, pero sobre el mismo territorio y bajo una tensión estructural que permanece abierta.
En este nuevo escenario, los nombres importan. Glencore es una multinacional minera y comercializadora con sede en Suiza y cotización en Londres; entre sus principales tenedores aparecen el ex CEO Ivan Glasenberg, Qatar Holding y fondos globales como BlackRock, Capital Group y Vanguard. Lundin Mining está controlada por Nemesia S.a.r.l., vehículo financiero de la familia Lundin, una de las dinastías centrales del capital minero canadiense. BHP, asociada con Lundin en Vicuña, es el gigante anglo-australiano que lidera la carrera global por el cobre y otros minerales estratégicos.
Ese bloque empresario tiene proyectos concretos en disputa. Vicuña Corp., el joint venture 50/50 entre BHP y Lundin Mining, controla Filo del Sol y Josemaría, con inversiones proyectadas de alrededor de 18.000 millones de dólares. Ese distrito integra uno de los desarrollos de cobre, oro y plata más grandes aún no explotados del mundo y concentra apuestas que pueden convertirlo en la mayor inversión individual de la historia argentina. A fines de diciembre pasado la compañía presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dentro de la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).
Glencore ocupa otro lugar decisivo en esta avanzada. La firma busca producir hasta un millón de toneladas anuales de cobre en la Argentina en los próximos 10 a 15 años a partir de El Pachón, en San Juan, y MARA/Agua Rica, en Catamarca. Esa proyección se apoya en inversiones que superan los 13.000 millones de dólares.
También aparece Los Azules, en San Juan. El proyecto está en manos de McEwen Copper, subsidiaria de McEwen Mining. La composición accionaria de McEwen Copper revela la trama corporativa del desarrollo minero: McEwen conserva 46,4%; Stellantis tiene 18,3%; Nuton, la tecnología minera de Rio Tinto, posee 17,2%; el empresario canadiense Rob McEwen controla 12,7%; y el grupo Victor Smorgon 3%. La asociación entre una automotriz global, una de las mayores mineras del planeta y capital canadiense muestra hasta qué punto la transición energética reorganiza alianzas empresarias y vuelve más intensa la disputa por territorios ricos en cobre.
Ese es el bloque internacional que se beneficia con la reforma. Del lado nacional, el alineamiento es también preciso. La Cámara Argentina de Empresas Mineras defendió públicamente la modificación y reclamó precisiones sobre la delimitación glaciar y periglacial. La Cámara Argentina de Proveedores Mineros respaldó la iniciativa en nombre del desarrollo de la cadena productiva.
Gobernadores y estructuras provinciales ligadas a la Mesa del Litio y a la Mesa del Cobre empujan en la misma dirección: San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza ven en la Ley reformada un instrumento para acelerar inversiones, ampliar regalías, consolidar proveedores y captar divisas. El Ministerio de Economía, a cargo de la minería y los ejecutivos de las compañías repiten el léxico de la “certeza regulatoria”, que implica reducir límites ambientales, conflictos judiciales y costos de implementación.
La otra cara de esta disputa es quién paga el costo. La Ley vigente protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Las poblaciones de la cordillera y de las cuencas vinculadas a esos sistemas son las primeras afectadas. En Mendoza, donde se concentra alrededor del 20% de los glaciares del país, la economía vitivinícola depende críticamente del agua de montaña.
Pero la cuestión excede a esa provincia: la agricultura de oasis, la producción de alimentos en zonas áridas, el turismo de montaña, la vida cotidiana de comunidades andinas y la recarga de cuencas para consumo humano quedan expuestos cuando la vara de protección se desplaza para acomodarse a la lógica extractiva. También pierde capacidad de intervención el saber científico público: el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET y el Inventario Nacional de Glaciares (que establece la base obligatoria para proteger), piezas centrales del régimen de protección construido desde 2010, son subordinados a decisiones políticas provinciales y a presiones empresarias.
Lo que está en debate es la forma concreta que asume en la Argentina la transformación hacia un país proveedor de materias primas esenciales para las grandes mutaciones económicas mundiales. En la narrativa oficial eso aparece como ingreso de inversiones, empleo y divisas. En el mapa del poder aparece como subordinación territorial a cadenas globales controladas por corporaciones mineras, automotrices, fondos de inversión y potencias que buscan asegurar suministros estratégicos. El agua queda del lado de los costos a administrar; el cobre, del lado del negocio a garantizar.
Por eso las escenas del Congreso importan tanto. La Gendarmería en los accesos, los vallados, la volación al derecho de participación ciudadana y las denuncias de manipulación de oradores expresan una decisión política, abrir el territorio andino argentino a una nueva escala de valorización extractiva en nombre de la competitividad global. La reforma de la Ley de Glaciares ordena jurídicamente ese movimiento en un contexto donde la disputa mundial por minerales críticos acelera el pasaje de la Argentina a un lugar subordinado: exportadora de insumos estratégicos, importadora de tecnología y el derecho al agua negado bajo la dinámica extractiva y la lógica del lucro privado.
La pregunta política de fondo ya no es si habrá minería o no. La pregunta es quién decide sobre el agua, el territorio y la renta; para quién se reorganiza el marco normativo; qué función se le asigna al país en la geografía mundial del capital; y qué vidas quedan del lado del progreso prometido y cuáles del lado de los daños considerados tolerables. En esa frontera se está discutiendo hoy la Ley de Glaciares.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
