Bolivia acelera su giro neoliberal tras los bloqueos y reabre la disputa por el Estado Plurinacional

Por Solange Martínez*

La reapertura de las carreteras tras cincuenta y tres días de bloqueos no significó el cierre de la crisis política en Bolivia. Por el contrario, el gobierno de Rodrigo Paz utilizó el fin de las movilizaciones para acelerar una agenda de reformas económicas, institucionales y políticas que apunta a redefinir el papel del Estado. En pocas semanas anunció un paquete de decretos, confirmó el envío de diez proyectos de ley al Parlamento, anticipó una reestructuración de las empresas públicas y profundizó la ofensiva judicial contra dirigentes sociales y el expresidente Evo Morales. Al mismo tiempo, consolidó un alineamiento regional con gobiernos de derecha y abrió una nueva etapa de confrontación con las organizaciones populares.

Más allá de las medidas económicas, la etapa inaugurada tras los bloqueos expresa una disputa de carácter estratégico. Lo que comenzó como un conflicto por el abastecimiento de combustibles y la pérdida del poder adquisitivo derivó en una confrontación entre dos proyectos de Estado: por un lado, una agenda orientada hacia la liberalización económica y la reducción del papel estatal; por otro, la defensa del Estado Plurinacional construido durante las últimas dos décadas como eje de soberanía, redistribución e inclusión política de los sectores indígenas y populares.

El escenario posterior a los bloqueos muestra que el conflicto boliviano excede la discusión sobre el abastecimiento de combustibles o la circulación en las rutas. Lo que está en disputa es el modelo de país construido durante el ciclo inaugurado por el Estado Plurinacional y la orientación que pretende imprimir la nueva administración. Mientras el Gobierno sostiene que las reformas buscan modernizar la economía y atraer inversiones, sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas y distintos analistas advierten que se trata de una restauración neoliberal basada en la reducción del Estado, la apertura de sectores estratégicos al capital privado y la redefinición del papel de las empresas públicas.

El primer paso de esa agenda se produjo el 2 de julio, cuando Rodrigo Paz promulgó un paquete de decretos supremos que modifican áreas centrales de la política económica. Las medidas habilitan la importación privada de combustibles, reducen aranceles, reforman el sistema tarifario eléctrico y el régimen de pensiones por invalidez, eliminan una reserva minera en Potosí y establecen beneficios tributarios para determinadas inversiones. El mandatario afirmó que estas decisiones constituyen apenas el inicio de un proceso más amplio de reformas estructurales.

Esa estrategia se profundizó el 12 de julio con el anuncio del envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional de diez proyectos de ley destinados a transformar el funcionamiento del Estado. El paquete incluye nuevas normas sobre electricidad, hidrocarburos, minería, inversiones, economía verde, justicia, régimen electoral, seguridad nacional y reducción del aparato estatal. Ese mismo día, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó que el Ejecutivo avanza en una reestructuración de las empresas públicas e incluso evalúa el cierre de aquellas que, según el Gobierno, ya no cuentan con condiciones técnicas o de mercado para continuar operando.

Las reformas avanzan mientras persisten los efectos del conflicto social. El 12 de julio fracasó la reunión entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia. Los transportistas rechazaron los compromisos verbales sobre el abastecimiento de combustibles y exigieron garantías por escrito, advirtiendo que podrían retomar las medidas de fuerza incluso bajo el estado de excepción. Un día antes ya habían rechazado suscribir un acuerdo por considerar que el Ejecutivo había incumplido compromisos anteriores. La persistencia del conflicto evidencia que las causas estructurales de las protestas permanecen abiertas.

La crisis social tampoco puede entenderse únicamente desde los bloqueos. Las organizaciones movilizadas sostienen que el conflicto respondió al deterioro del poder adquisitivo, la inflación y el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno. Desde esa perspectiva, los cincuenta y tres días de movilización fueron el resultado de la negativa oficial a abrir una negociación política de fondo y no simplemente una estrategia de presión de los sectores movilizados. La posterior utilización del estado de excepción y el despliegue de las Fuerzas Armadas marcaron un punto de inflexión en la respuesta estatal.

La ofensiva oficial continuó por la vía judicial. El 9 de julio, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación contra Evo Morales y otros dirigentes por los bloqueos, a partir de una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Días antes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, había ratificado que continuarían las investigaciones y las detenciones de referentes sociales vinculados a las protestas. Paralelamente, organizaciones de periodistas cuestionaron el proyecto de ley de acceso a la información pública aprobado por el Senado al considerar que restringe el acceso a documentos estatales y fue elaborado sin consulta con los sectores especializados.

La dimensión más profunda del conflicto no se explica únicamente por la confrontación entre el Gobierno y la oposición política. 

Tal como explicaba Raúl García, militante del Proceso de Cambio en una entrevista con Nodal Se Prende, la principal fortaleza del campo popular ya no reside en los instrumentos electorales, sino en la persistencia de un bloque indígena-popular conformado por organizaciones indigenas, campesinas, obreras, barriales y de la economía popular que no está dispuesta a “volver a ser nadies”. Ese entramado social, construido durante el proceso de cambio, habría demostrado durante los cincuenta y tres días de bloqueos que conserva capacidad de articulación y movilización pese a la fractura política que atravesó al MAS. Las protestas sostenidas contra el gobierno de Rodrigo Paz, confirman que esa crisis no implicó la desaparición del sujeto social construido desde la fundación del Estado Plurinacional. Por el contrario,  evidenciaron la persistencia de un bloque histórico que continúa articulando demandas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, la redistribución de la riqueza, el papel del Estado y los derechos de los pueblos indígenas.

Al parecer para este bloque social articulado, la disputa supera la coyuntura económica. Lo que se encuentra en juego es la continuidad del Estado Plurinacional como proyecto político. La defensa de las empresas públicas, el control estatal sobre los recursos naturales, la redistribución de la riqueza, los derechos de los pueblos indígenas y los mecanismos de consulta frente a la explotación de recursos estratégicos aparecen como los principales ejes de una confrontación que vuelve a colocar en el centro el modelo de desarrollo boliviano. 

En contraposición el objetivo de la agenda oficial no sería únicamente modificar la política económica, sino avanzar hacia una restauración del modelo republicano-neoliberal previo al ciclo inaugurado en 2006. 

En paralelo, Rodrigo Paz acelera la construcción de una nueva arquitectura regional e interna de apoyos. Durante la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) celebrada en Paraguay, mantuvo reuniones con los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador, y Santiago Peña, de Paraguay, mientras recibió el respaldo público del mandatario chileno José Antonio Kast. A ello se sumó el anuncio de que Petrobras ampliará su participación en Bolivia y colaborará en la reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Al mismo tiempo, sectores de la derecha parlamentaria comenzaron a reclamar una coalición de gobierno que garantice la aprobación del paquete legislativo y consolide un nuevo bloque de poder alrededor del programa económico oficial.

La etapa abierta tras el levantamiento de los bloqueos muestra que Bolivia ingresó en una disputa de mayor alcance. El debate ya no se limita a la administración de una crisis coyuntural, sino que enfrenta dos proyectos de país: uno orientado hacia la liberalización económica, la reducción del papel del Estado y una nueva “inserción” internacional; otro que busca preservar las bases políticas, sociales y económicas del Estado Plurinacional construido en las últimas dos décadas.

Solange Martínez es Psicóloga. Docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte).  Analista de NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).