El Salvador | Defensoras de DDHH y familiares de detenidos exigen investigar muertes y desapariciones bajo régimen de excepción
Exigen investigar muertes y desapariciones bajo régimen de excepción en El Salvador
La defensora de derechos humanos Ivania Cruz exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador investigar las muertes de cientos de personas privadas de libertad en centros penales e identificar a los custodios involucrados en presuntos actos de tortura.
La denuncia coincide con los reclamos del Movimiento Madres por la Libertad y la plataforma Alerta Carlos El Salvador en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), donde exigieron verdad, justicia y pruebas de vida ante la falta de respuestas estatales.
Cruz, fundadora de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y exiliada por persecución política, indicó que la cifra de fallecidos en prisiones bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, asciende al menos a 547 según la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). La plataforma señaló que «lo que es aún más alarmante es que el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad«.
Obstáculos institucionales y causas de muerte
La abogada detalló que presentó un escrito a Medicina Legal para conocer el registro exacto, los nombres y las causas de muerte de los reclusos, pero la institución respondió que la FGR debía autorizar el acceso. La petición ingresada al Ministerio Público permanece sin respuesta oficial hasta la fecha.
Al respecto, Cruz cuestionó: «La Fiscalía, que es el ente que debe buscar el tema de la verdad judicial, o incluso la verdad administrativa, debería tener entre sus compromisos decir: bueno, y si existen muertes dentro de centros penales y estas muertes no son naturales, ¿qué es lo que está pasando?».
Un informe de SJH de finales de enero señala que la violencia física encabeza las causas de muerte con cerca del 32 % de los casos. Las incidencias se concentran en prisiones que albergan a más de 92.480 detenidos sin condena, mientras que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) no reporta decesos.
Cruz afirmó que la FGR debería indagar el actuar de los custodios dentro del sistema penitenciario y aseveró: «Si de verdad existiera una Fiscalía que debería estar haciendo su trabajo, la misma Fiscalía estaría investigando cuáles son los custodios involucrados en las muertes de tantas personas, que también son ahora los nuevos pandilleros».
Añadió que «son asesinatos; tanto lo hacían las pandillas como lo hace ahora el Estado salvadoreño por medio de centros penales, por medio de estas supuestas autoridades». El régimen de excepción acumula 54 prórrogas y al menos 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos.
Denuncias de desapariciones forzadas
En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Movimiento Madres por la Libertad exigió al Estado salvadoreño garantizar el derecho a la verdad y la reparación durante una concentración frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador.
La organización denunció que las detenciones sin información sobre la ubicación exacta dentro del sistema carcelario constituyen desapariciones desde la captura.
El movimiento señaló que «el régimen de excepción demuestra la ineficacia de las instituciones, la falta de independencia judicial y la ineptitud fiscal», alertando que la medida evidencia que «el Estado necesita suspender las garantías constitucionales de forma permanente para sostener la seguridad ciudadana mediante la represión».
Declararon la inocencia de sus familiares encarcelados y exigieron: «Este día exigimos saber dónde se encuentran nuestros hijos, hijas y familiares. Exigimos una prueba de vida y que se permita de inmediato la visita familiar, pues sus capturas fueron ejecutadas bajo el abuso y el autoritarismo oficial».
Eneida Abarca, fundadora de la iniciativa Alerta Carlos El Salvador, respaldó las demandas del movimiento y relató la desaparición de su hijo ocurrida el 1 de enero de 2022.
Abarca criticó la opacidad estatal al señalar: «La única institución encargada de dirigir la investigación del delito es la Fiscalía y la Policía. Ellos son los encargados de buscar y encontrar. Sin embargo, la cifra de cementerios clandestinos está en reserva, tanto la de desaparecidos como la de fosas. El Estado tiene todo bajo reserva«, y cuestionó: «¿Por qué tienen en reserva todas las fosas?, ¿por qué tienen en reserva todas las cifras de desaparecidos? ¿Qué está ocultando el Estado?«.
