Familiares de personas desaparecidas sostienen carteles durante un plantón en el Palacio de Carondelet. (JOSÉ JÁCOME / EFE
Ecuador | Organizaciones de DDHH se movilizan exigiendo información sobre desapariciones forzadas durante operativos militares
«Queremos la verdad»: familias de desaparecidos en operativos militares exigen información
Piden que el Ministerio de Defensa entregue datos sobre las operaciones en las que se detuvieron a sus parientes. Desde entonces, nunca más volvieron a saber de ellos.
Más de 50 familias de personas desaparecidas durante operativos militares piden que el Ministerio de Defensa desclasifique información sobre las detenciones de las víctimas.
El pasado mes de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso que el Estado entregue datos relacionados con los informes de las operaciones, las unidades y personal que intervino en los hechos.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha respondido que no puede entregar esos informes porque son reservados.
Ante esta negativa, decenas de familiares de los desaparecidos viajaron a Quito desde las provincias del Guayas, Los Ríos y Esmeraldas para realizar un plantón en Carondelet con el objetivo de que se esclarezcan los casos.
No queremos vivir eternamente con una pregunta sin respuesta, queremos la verdad, justicia y que los encuentren”, manifestó Lizbeth Bolaños, representante de las familias.
Familias en medio de la incertidumbre
Priscila Mendoza llegó desde Babahoyo, provincia de Los Ríos. Ella es esposa de Dalton Ruiz, quien desapareció en octubre del 2024, cuando regresaba a su casa de un rodeo montubio junto a dos amigos más.
Ella cuenta que una patrulla militar los interceptó cuando se trasladaban en un taxi. El único que quedó detenido fue Dalton y nunca más se volvió a saber de su paradero.
“Muchas veces les hemos pedido información, pero simplemente dicen que es reservado, que ellos no pueden decir nada, cuando nosotros como familiares tenemos desesperación por saber dónde están”, comentó Priscila.
Mauriuxi Minota, en cambio, viajó desde Esmeraldas para pedir claridad sobre la desaparición de su hermano, Cirilo, quien según su relato fue detenido durante una operación militar en un taller mecánico de Quinindé en abril de 2024.
La mujer narró que tres ciudadanos quedaron detenidos. Dos aparecieron “extremadamente golpeados”, pero de su hermano no se conoce nada.
Pedimos que nos den información de dónde dejaron a nuestros familiares y por qué se los llevaron”, solicitó Mauriuxi.
Mientras tanto, Dafni Quiñones relata que su hijo, Fardi Muñoz, fue llevado por soldados mientras compartía con su cuñado y un grupo de amigos en una esquina del barrio San Jorge Alto de la ciudad de Esmeraldas.
“Si supuestamente eran criminales por qué no los cogieron para llevarlos a la cárcel, esa era su obligación, no desaparecerlos”, apuntó la señora.
Agregó que ha pedido información a los militares de la zona, pero nadie le quiere dar una respuesta sobre el paradero de sus familiares.
Fardi dejó a una niña de dos meses, es un dolor tan duro saber que la bebé conoce a su padre por una foto y tampoco sé qué contestarle cuando pregunta por él”.
¿Desapariciones involuntarias o forzadas?
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) calcula 53 casos de personas presuntamente desaparecidas tras intervenciones de agentes estatales. Sin embargo, Fernando Bastias, representante de la organización, recalca que la cifra puede ser mayor, ya que la Fiscalía tiende a registrar estos hechos como desapariciones involuntarias.
Es lo que ocurrió con María Fernanda, de 32 años, y su esposo Francisco Peralta, quienes fueron capturados la madrugada del 13 de septiembre de 2024 por una patrulla militar que irrumpió en su vivienda en Puebloviejo, provincia de Los Ríos.
Gioconda Vera, madre de la víctima, comentó que el Ministerio Público registró el caso como desaparición involuntaria, pese a que conocía sobre la intervención de soldados.
Tras una larga lucha, la tipificación cambió a desaparición forzada, que es considerado un delito de violación de los derechos humanos en el que interviene el Estado, en este caso, los uniformados.
“Hasta la actualidad no hay noticias sobre su paradero. Dos niños quedaron en la orfandad. María Fernanda no era ninguna delincuente como dicen las autoridades, se graduó de administración de empresas”, comentó Gioconda.
¿Qué pasa si el Ministerio de Defensa no entrega la información?
Todos los casos mencionados anteriormente aún continúan en investigación, pese a que se registraron en 2024. El principal motivo, según las familias, es la falta de información por parte del Ministerio de Defensa.
Por ello, el CDH, entidad que representa a la mayoría de las víctimas, y otras organizaciones sociales entregaron a la cartera de Estado una petición de cumplimiento de la medida cautelar fijada por la CIDH.
Fernando Bastias, abogado del CDH, indicó que en caso de que no haya una respuesta en 40 días se activaría una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional, la cual podría desencadenar la destitución de Gian Carlo Loffredo.
Además, anunció que presentarán ante la alta magistratura una demanda de desclasificación. “Estamos hablando de crímenes sistemáticos y generalizados cometidos en la Costa ecuatoriana y el ministro los conoce y pese a eso, no solo decidió callar, sino que ahora decide encubrir”.
Por el momento, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado sobre estos casos, que se vienen denunciando desde la declaratoria del conflicto armado interno.
🚨 El SNAI se pronunció tras la denuncia de José Serrano sobre presuntos actos de tortura en la cárcel El Encuentro. La entidad aseguró que el mensaje no habría sido difundido «desde el interior del centro penitenciario mediante un dispositivo»👉 https://t.co/TCPM3sZRmo pic.twitter.com/ELP5zQNd4m
— Revista Vistazo (@revistavistazo) September 1, 2026
