Bolivia | Tras la explosión en un cuartel militar, el vicepresidente Lara denuncia desinformación
Vicepresidente Lara advierte irregularidades en el traslado de Cerimedo y el desastre en Viacha
El vicepresidente Edman Lara criticó duramente el traslado del detenido Fernando Cerimedo desde Palmasola hasta Chonchocoro en La Paz, señalando que el privado de libertad gozó de privilegios que contradicen los protocolos de seguridad. Lara aseguró que Cerimedo no tenía manillas de seguridad y fue transportado en un vehículo particular, situación que no se aplicaría a cualquier otro ciudadano. El alto funcionario solicitó que el comandante general de la policía boliviana tome cartas en el asunto y sancione al personal responsable.
Respecto a los hechos ocurridos en Viacha, Lara relató que visitó el lugar en tres ocasiones para asistir a familias de soldados afectados por una serie de explosiones. Denunció que al inicio no existió un plan serio de búsqueda de personas desaparecidas y que recién después de sus críticas se desplegó un operativo con efectivos especializados, canes y maquinaria para localizar a los desaparecidos.
El vicepresidente también acusó al alcalde de Viacha de ausencia y falta de comunicación con la población y lamentó su mensaje a las familias afectadas, quienes buscan justicia y verdad sobre los hechos. Lara denunció desinformación y posibles engaños por parte del ejército, que atribuye las detonaciones a un accidente con granadas de artillería debido a mala manipulación, contradiciendo la versión oficial de una explosión de juegos pirotécnicos.
Además, indicó que la onda expansiva causó daños significativos a las viviendas cercanas al cuartel, y reveló testimonios de vecinos y familiares sobre la llegada de material desde Estados Unidos camuflado en zanahorias, presuntamente involucrado en las explosiones.
Lara también denunció el abandono de las víctimas heridas en el hospital Kenko, un centro privado donde varios soldados y civiles reciben atención insuficiente. Mencionó casos de niños con quemaduras graves y un soldado que debe comprar sus propios medicamentos, criticando la falta de apoyo estatal y militar.
El vicepresidente anunció que presentará un informe formal al presidente, al ministro de Defensa y al comandante de las Fuerzas Armadas, detallando la situación crítica de los afectados para exigir atención y justicia.
💥 Explosiones en el Regimiento Bolívar de Viacha dejan 3.600 inmuebles afectados, informó el defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya. pic.twitter.com/Tr3Gg3sR7b
— teleSUR TV (@teleSURtv) September 8, 2026
Diputados aprueban ley para restituir a policías y militares sancionados tras los hechos de 2019
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en sus estaciones en grande y en detalle un proyecto de ley que busca restituir a miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que fueron sancionados o dados de baja tras los hechos de 2019.
Con la aprobación legislativa, la propuesta normativa fue remitida a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento y eventual consideración.
De acuerdo con el contenido del proyecto, las sanciones y bajas aplicadas en ese periodo se habrían producido durante la anterior gestión gubernamental, en el marco de procesos disciplinarios contra efectivos policiales y militares por hechos como amotinamiento y presuntos actos de ultraje a símbolos patrios.
La norma establece que los tribunales disciplinarios policiales y militares deberán revisar cada caso de forma individual. En ese proceso, si se identifican vulneraciones al debido proceso u otras irregularidades, se podrá determinar la absolución y consecuente rehabilitación de los efectivos.
Asimismo, el proyecto contempla que, en caso de procederse a la restitución, se respeten derechos adquiridos como la antigüedad, el escalafón institucional y otros beneficios laborales, incluyendo la regularización de su situación salarial.
Los legisladores impulsores de la iniciativa sostienen que la norma contribuye a “desmontar el relato del presunto ‘golpe de Estado’” atribuido por el Movimiento al Socialismo (MAS) sobre los hechos de 2019, además de reparar una situación considerada como deuda con los uniformados involucrados en ese contexto.
Cabe recordar que en 2019 se produjo un motín policial en medio de protestas que denunciaban un presunto fraude electoral. En ese escenario, altos mandos policiales y militares se sumaron al pedido de renuncia del entonces presidente Evo Morales, hecho que marcó uno de los episodios de mayor tensión política en el país.
