Nicaragua | Asamblea Nacional da inicio a la segunda etapa del proceso de consulta amplia sobre la Ley de Reforma de la Constitución
Inicia segunda etapa de consulta sobre reformas a la Constitución de Nicaragua
La propuesta busca reforzar la soberanía nacional frente a injerencias externas, ajustar los periodos de cargos públicos y consolidar la estabilidad jurídica con el respaldo de diversos sectores sociales del país
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanzó en el proceso de consulta territorial sobre la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política durante un acto en Estelí. La propuesta busca reforzar la soberanía nacional frente a injerencias externas, ajustar los periodos de cargos públicos y consolidar la estabilidad jurídica con el respaldo de diversos sectores sociales del país.
El nuevo texto normativo plantea estrictos límites normativos para evitar el intervencionismo de potencias y organismos extranjeros en los asuntos internos del país centroamericano. De acuerdo con el primer apartado de la propuesta legislativa, se prohíbe de manera categórica que cualquier disposición, reglamento o ley dictada por otro Estado, coalición internacional u organismo externo posea validez o efectos jurídicos dentro de la jurisdicción nacional.
A la par de estas medidas de territorialidad jurídica, el proyecto impone severas inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública. En este sentido, no podrán optar a puestos de elección popular, cargos en el Poder Ejecutivo ni nombramientos que requieran ratificación legislativa aquellas personas que hayan impulsado actos contrarios a la tranquilidad social. La normativa inhabilita de forma explícita a quienes soliciten intervenciones armadas, financiamiento foráneo, medidas coercitivas o bloqueos económicos, así como a los promoventes de la injerencia extranjera, al considerar tales acciones como transgresiones directas a los valores fundamentales de la nación.
Extensión de mandatos institucionales para la estabilidad nacional
Entre las transformaciones más relevantes proyectadas en la Carta Magna destaca el ajuste de los periodos de gestión a siete años. Esta ampliación aplica a las autoridades electas por voto popular, funcionarios del Ejecutivo, directivos del Parlamento y altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Con este marco legal, el Consejo Supremo Electoral dispondrá de las atribuciones necesarias para calendarizar los procesos comiciales generales bajo este nuevo plazo, buscando con ello asegurar la continuidad de los programas de desarrollo, preservar la paz social y sostener la soberanía popular.
Amplio respaldo popular durante la asamblea en Estelí
Diversos representantes comunitarios expresaron su apoyo explícito a las modificaciones planteadas durante la jornada de diálogo territorial. En representación de la Juventud Sandinista 19 de Julio, Katherine Salguera remarcó que las reformas resguardan los derechos de las futuras generaciones, mientras que María José Armas, del sector sanitario, subrayó la importancia de mantener la gratuidad en la atención médica pública. Por su parte, la emprendedora Arelis Santos consideró que la estabilidad jurídica resulta indispensable para el avance de las economías familiares, manifestando la necesidad de frenar a quienes alteraron el orden social.
El encuentro concluyó con la aprobación unánime por parte de la representación social reunida en el lugar. La fase de discusión territorial continuará su curso previo a la ratificación definitiva del proyecto, la cual está programada para el próximo 18 de enero como homenaje al célebre poeta Rubén Darío.
Contexto histórico y desarrollo de la consulta legislativa
La Asamblea Nacional nicaragüense dio apertura a la segunda fase de la consulta pública referente a la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política en el marco conmemorativo del 48.º aniversario de la insurrección popular de Estelí. El foro se llevó a cabo en las afueras del Centro Cultural Felipe Urrutia, en el oeste del país, reuniendo a autoridades locales, movimientos juveniles y colectivos sociales como un ejercicio de democracia participativa.
Durante la actividad, el titular del Parlamento, el doctor Gustavo Porras, hizo hincapié en que la redacción del proyecto contempla más de tres siglos de resistencia histórica contra las presiones y la dominación foránea.
El pasado 2 de septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes participen en la planificación o ejecución de un «golpe de Estado», a los «traidores a la patria» o a aquellos que soliciten «intervención militar» o «bloqueos económicos».
«Aprobadas de forma unánime», dijo el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, tras la votación general del articulado en una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, 90 km al noroeste de Managua.
La norma constitucional será ratificada en una segunda votación a partir del 18 de enero, ya que la ley nicaragüense exige que los cambios constitucionales sean aprobados en dos sesiones legislativas distintas antes de entrar en vigor.
La ampliación del mandato a siete años también regirá para las actuales autoridades elegidas por voto popular, así como de los jefes del ejército y la policía.
La reforma fue anunciada por el copresidente Daniel Ortega el pasado 19 de julio durante el aniversario de la revolución sandinista y desató un amplio rechazo internacional.
La enmienda desconoce, sin embargo, la «aplicación de leyes extraterritoriales por parte de cualquier Estado, grupo de Estados u organismos internacionales».
En 2024, la Asamblea Nacional aprobó una reforma que extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta del país, al cargo de copresidenta. También pospuso las elecciones presidenciales, originalmente programadas para finales de este año, hasta finales de 2027.
