América Latina | Prevenir el suicidio exige mirar las condiciones de vida – Por Emilia Trabucco y Solange Martinez

América Latina | Prevenir el suicidio exige mirar las condiciones de vida

Por Emilia Trabucco* y Solange Martinez**

El suicidio juvenil crece en América Latina y el Caribe mientras una generación intenta construir su futuro en medio de la nueva fase digital del capitalismo: el despliegue de dispositivos tecnológicos que operan a nivel de la constitución misma de la subjetividad, un mundo del trabajo en transformación vertiginosa, desigualdades persistentes, crisis ecológica y guerras en curso. Razón suficiente para sacar al suicidio del fuero íntimo y leerlo en contexto, no como un hecho que ocurre puertas adentro del psiquismo individual, sino como un síntoma que habla de una época. Se trata, además, de un verdadero asunto de salud pública que, por su magnitud y por la forma en que se acelera en el tiempo, empieza a mostrar rasgos propios de una dinámica epidémica. 

La evidencia más reciente obliga a ampliar la prevención. Escuchar, detectar señales de alarma y garantizar atención profesional oportuna sigue siendo indispensable. Pero cuando una cifra crece de manera sostenida durante dos décadas, la pregunta deja de ser sólo qué le pasa a cada joven en particular, para volverse qué les está pasando a las condiciones que permiten estudiar, trabajar, vincularse y proyectar una vida.

Una curva que no es plana

En mayo de 2026, la Organización Panamericana de la Salud difundió un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Americas sobre mortalidad por suicidio entre personas de 10 a 24 años en 35 países de la región. La serie llega hasta 2021, último año armonizado disponible para la comparación regional, lo cual ya anticipa algo; lograr que el dato sea comparable entre países con sistemas de registro, subregistros y criterios de clasificación tan distintos es en sí mismo un problema, no sólo estadístico. Ese año murieron 18.157 adolescentes y jóvenes por esta causa. La tasa pasó de 5,7 a 7,84 muertes cada 100.000 habitantes entre 2000 y 2021, un aumento del 38%. El incremento más pronunciado ocurrió entre los 10 y los 14 años. Tres de cada cuatro muertes correspondieron a varones, aunque el crecimiento fue más rápido entre las mujeres.

De ahí se desprenden dos preguntas que exceden el número. ¿Qué está pasando en la vida de chicos y chicas de apenas diez, once, doce años para que ese sea el tramo etario donde más rápido crece la curva? ¿Y qué significa que la brecha de género se achique, no porque disminuya la letalidad históricamente asociada a los métodos usados por los varones, sino porque crece el padecimiento entre las mujeres? Ninguna de las dos se responde con más epidemiología: piden volver a mirar las condiciones concretas en las que esas infancias y adolescencias transcurren.

Tampoco se trata de un fenómeno inédito y aislado. Distintas series históricas, en la región y fuera de ella, muestran que los quiebres económicos abruptos -hiperinflaciones, devaluaciones, crisis de deuda- suelen ir acompañados de saltos en las tasas de suicidio, sobre todo entre quienes ven interrumpida de manera más brusca su posibilidad de sostener un proyecto de vida. Leído así, lo que atraviesa hoy la región no es un nuevo fenómeno, sino su expresión en esta nueva fase tecnológica y financiera de la economía y la sociedad.

Lo que las estadísticas no terminan de mostrar

La Organización Mundial de la Salud recordó en 2025 que el suicidio está atravesado por factores sociales, culturales, psicológicos, biológicos y ambientales. Un estudio publicado en JAMA Network Open en 2025, con 2.402 jóvenes de barrios vulnerables de Bogotá, Buenos Aires y Lima, encontró que la acumulación de eventos vitales estresantes se asociaba con mayores probabilidades de depresión y ansiedad. Esa acumulación no es azarosa en barrios atravesados por la falta de vivienda digna, la violencia cotidiana y la desigualdad. Esos eventos no son hechos sueltos que le suceden a un individuo, sino la forma en que una estructura económica y social se hace cuerpo, día tras día, en quienes la habitan. Una revisión sistemática de 2026, basada en 325 estudios, sumó desempleo, desventaja barrial, discriminación y baja conexión social entre los determinantes vinculados a las conductas suicidas juveniles.

Los datos recientes de Colombia permiten ver esa trama con mayor nitidez. Hasta el 27 de septiembre de 2025, el Instituto Nacional de Salud y su Observatorio Nacional de Salud habían registrado 28.290 intentos de suicidio; más de la mitad, el 56,6%, correspondía a personas de entre 15 y 29 años, exactamente la franja etaria que, como se verá, es también la más golpeada por la precarización laboral y la incertidumbre sobre el futuro. Detrás de esos registros aparecen conflictos familiares y de pareja, dificultades económicas, problemas educativos, situaciones de violencia y problemas laborales: no son variables sueltas, sino nudos de una misma trama.

Las condiciones materiales tampoco son un telón de fondo. UNICEF Argentina informó en 2025 que el 46,1% de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares pobres durante el primer semestre. En agosto, el 31% de los hogares con chicas y chicos decía que sus ingresos no alcanzaban para cubrir gastos corrientes, y cerca del 30% había restringido la compra de alimentos. Entre adolescentes de 13 a 17 años, cuatro de cada diez ubicaron a la pobreza y la violencia entre sus principales preocupaciones. Estas cifras no explican por sí mismas una conducta suicida (no se trata de establecer una causa única para cada intento), pero sí muestran que una crisis se constituye en la intersección entre lo íntimo y lo social, entre los vínculos cercanos y las condiciones sociopolíticas y económicas de vida.

El trabajo, la autonomía y el tiempo que no alcanza

El trabajo ocupa un lugar central cuando pensamos en las posibilidades reales de construir un futuro, y no sólo por el ingreso que provee; también porque funciona como uno de los principales organizadores de identidad, de rutina y de vínculo social. En agosto de 2026, la Organización Internacional del Trabajo señaló que, entre los 15 y los 24 años, la desocupación en la región triplicaba a la de los adultos, mientras la informalidad era 1,3 veces mayor y las tasas de participación y ocupación se ubicaban 20 puntos porcentuales por debajo. A ese escenario se suma la transformación tecnológica y muchas de las tareas que históricamente funcionaron como puerta de entrada al empleo juvenil están comenzando a modificarse con la expansión de la inteligencia artificial.

Vale la pena detenerse en cómo se construye ese dato, porque los propios instrumentos de medición del empleo tienden a subestimar el problema (algo bien documentado en economía laboral), alcanza con haber trabajado unos pocos días, aunque sea de manera informal y mal remunerada, para dejar de contar como desocupado; y quienes se desalientan y dejan de buscar trabajo simplemente desaparecen de las estadísticas de población económicamente activa. Si eso es así, la precariedad juvenil que documentan la OIT y la CEPAL es, muy probablemente, un piso. La cifra real de jóvenes sin ingresos genuinos ni horizonte de autonomía es mayor a la que muestran los números oficiales. Para quienes intentan dar sus primeros pasos en el mundo laboral, la incertidumbre no pasa sólo por conseguir un empleo, sino por poder sostener ingresos, independizarse y proyectar una vida. ¿Qué posibilidades tiene una generación de desarrollar un proyecto de vida cuando incluso el acceso al alimento, a la salud, la educación y el trabajo se vuelve cada vez más incierto, agravado por la desigualdad en el acceso a la tecnología y la alfabetización digital?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe aportó otra dimensión en diciembre de 2025. Informó que una de cada cinco personas de 15 a 29 años no estudiaba ni tenía trabajo remunerado. Esa situación recae con mayor fuerza sobre las mujeres, especialmente las rurales y de menores ingresos. Pero hablar de «inactividad» en estos casos oculta una parte central del problema. Existe una feminización de la pobreza en tanto  las mujeres e identidades feminizadas son sostenes de hogar, cuidadoras, madres; es decir, sí trabajan, pero no reciben remuneración por ese trabajo. ¿Qué produce, y qué invisibiliza, una categoría estadística como «inactividad» cuando quien no aparece en el mercado remunerado está sosteniendo, sin salario ni reconocimiento, buena parte de la reproducción cotidiana de su comunidad?

la urgencia de una ética de la vida frente al desamparo de la época 

Hablar de la juventud latinoamericana como si fuera un bloque homogéneo es, en sí mismo, parte del problema. La vida de una adolescente de una zona rural sin conectividad estable no es la misma que la de un adolescente urbano hiperconectado; el vínculo con el cuerpo, con el tiempo libre, con el trabajo y con el futuro no se construye de la misma manera en uno y otro caso, ni tampoco entre distintas clases sociales dentro de una misma ciudad. ¿Qué infancias y qué adolescencias estamos describiendo cuando hablamos de suicidio juvenil en la región? ¿Cuáles quedan mejor representadas en series como la de 35 países que citamos al principio, y cuáles apenas logran asomar?

Ampliar la mirada sobre la salud mental también implica preguntarnos qué la protege, más allá de la consulta individual. La evidencia sobre determinantes sociales coincide en algo que rara vez se traduce en política pública (y que cuando lo logra es ferozmente atacado en periodos de gobiernos reaccionarios): los vínculos sostenidos, las redes barriales, los espacios comunitarios y las formas de organización colectiva funcionan, en sí mismos, como factores de cuidado. Es ineludible denunciar qué pasa cuando la respuesta institucional disponible se reduce, cuando el presupuesto público destinado a salud mental no acompaña el crecimiento de los indicadores, y cuando la responsabilidad de sostener a quien atraviesa una crisis recae cada vez más sobre familias que están, ellas mismas, atravesadas por el mismo endeudamiento, la misma precariedad y la misma falta de tiempo que documentan estos datos. ¿Puede una familia sola sostener lo que un Estado se retira de sostener?

Al mismo tiempo, se plantea otro problema de orden histórico, civilizatorio. En las crisis profundas del sistema, y particularmente en la que atravesamos post pandemia del COVID19, que fragmenta los vínculos, intensifica el trabajo y convierte la totalidad de nuestro tiempo en una mercancía, la respuesta no puede agotarse en discutir la política pública, sino una ética de la vida. Necesitamos recuperar el tiempo para vivir, para encontrarnos con otros, para cuidar y ser cuidados, para imaginar un futuro propio. Luchar por la vida también significa defender la posibilidad de que cada persona pueda construir un proyecto, tomar decisiones sobre su existencia y participar de una sociedad que garantice las condiciones materiales para hacerlo. Allí aparece una tarea colectiva: disputar nuestro tiempo, nuestros vínculos y nuestra capacidad, como humanidad, de decidir qué vida queremos construir.

*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. **Psicóloga. Docente. Investigadora del Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte (UNLa). Analista de Nodal y del CLAE