México | Itzana Zúñiga, formadora del Instituto de Formación Política de Morena: “La pregunta actual ya no es solamente legal, sino ¿quién puede acceder?”

Itzana Zúñiga, formadora del Instituto de Formación Política de Morena: “La pregunta actual ya no es solamente legal, sino  ¿quién puede acceder?”

En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, NODAL dialogó con Itzayana Zúñiga, formadora del Programa Integral de Género del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, México, para conocer su mirada sobre los desafíos que atraviesa la lucha por el derecho a decidir en el país y en América Latina. En una región marcada por avances en materia de derechos reproductivos, pero también por resistencias y disputas políticas en torno a la autonomía de los cuerpos, el 28S vuelve a poner en el centro la necesidad de garantizar abortos legales, seguros y accesibles.

A más de tres décadas de la declaración del 28 de septiembre como Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, ¿cuál considera que es hoy el estado de esta agenda en su país y cuáles son los principales avances y desafíos pendientes para garantizar efectivamente este derecho?

Para hablar del momento actual del derecho al aborto en México me parece importante hacer un poquito de memoria de cómo llegamos hasta aquí, hasta donde estamos y que durante décadas el aborto voluntario estuvo criminalizado en México y aunque existían algunas causales para acceder a un aborto legal para miles de mujeres que necesitaban interrumpir un embarazo la realidad era la clandestinidad, el miedo, la desinformación, el riesgo. 

El primer cambio ocurrió en 2007 cuando la Ciudad de México que era gobernada por la izquierda despenalizó el aborto hasta las 12 semanas y aparte creó servicios públicos para garantizar este derecho y esto es importante decirlo, estos derechos no aparecieron de la nada, estos derechos son producto de décadas de lucha feminista pero también de gobiernos y de legislaturas de izquierda que tuvieron la voluntad política de convertir estas demandas en políticas públicas, pero después tuvieron que pasar 12 años para que otra entidad hiciera lo mismo, durante 12 años únicamente se podía acceder a una interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y fue hasta septiembre del 2019 cuando Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en despenalizar el aborto en México y esta reforma fue impulsada desde un congreso de Morena, donde Morena tuvo un papel central, ahí empieza a verse una nueva etapa en la que la llegada de fuerzas políticas de izquierda a los congresos estatales comenzó a permitir que una demanda histórica del movimiento feminista comenzara a convertirse en legislación en más territorios y esos 12 años entre Ciudad de México y Oaxaca también tienen una historia que no se nos puede olvidar.

Durante ese periodo muchas mujeres de otros estados tenían que trasladarse hasta la Ciudad de México para poder acceder a un aborto seguro gratuito y que estuviera dentro del marco legal y para eso algunas tenían que conseguir dinero para el transporte, pedir permiso en el trabajo, conseguir dónde quedarse y muchísimas veces pues ocultar completamente lo que estaban viviendo y para quienes no tenían esos recursos, la alternativa podía ser recurrir a procedimientos clandestinos. Lo digo también desde mi experiencia personal porque yo llevo más de 10 años acompañando abortos y una de las cosas que más he visto durante estos años es precisamente esa desigualdad, no todas las mujeres podían viajar, no todas tenían dinero, no todas tenían esa información y no todas tenían una red de apoyo que las acompañara. Por eso creo que la llegada de gobiernos y de congresos de izquierda fue fundamental para transformar esa realidad. Primero fue la Ciudad de México, después fue Oaxaca y posteriormente vimos una aceleración de la despenalización en distintos estados de la República Mexicana y el cambio ha sido enorme. Hoy, en septiembre de 2026, el aborto voluntario ya está despenalizado en 25 entidades federativas pero además, esta agenda continúa avanzando.

El 24 de septiembre de este año a unos días del 28S se presentó en el Senado una iniciativa de Morena para incorporar expresamente la salud sexual y reproductiva y los servicios de aborto seguro como materias de salubridad general. Esta iniciativa plantea, además, que estos servicios sean prioritarios y que las autoridades garanticen que estén disponibles y que sean accesibles. Esto me parece significativo para hablar del momento actual. No solamente estamos hablando de defender las conquistas que ya tenemos, seguimos construyendo un marco nacional que permita que el acceso al aborto seguro sea realmente un componente de la salud pública porque la despenalización no es el final, la despenalización es el piso mínimo.

Entonces hoy la pregunta ya no debe ser solamente en cuántos estados es legal el aborto, la pregunta hoy es si una mujer puede acceder realmente a él de manera gratuita, segura, oportuna, confidencial y sin ser juzgada, porque después de tantos años de criminalización el reto que tenemos ahora es que ninguna mujer tenga que volver a vivir aquello que durante décadas fue tan común, tener que viajar cientos de kilómetros, pagar lo que no tiene o recurrir a la clandestinidad para poder decidir sobre su propia vida reproductiva y es importante recordar que a la izquierda abrió esa puerta, pero el movimiento feminista luchó durante décadas para que esa puerta existiera y hoy nuestro desafío es que ninguna mujer se quede del otro lado.

En América Latina, el acceso al aborto continúa siendo un terreno de disputa política, social y cultural. ¿Qué obstáculos identifica actualmente para avanzar o evitar retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y qué responsabilidades tienen los Estados frente a esas disputas?

Creo que hoy la disputa por el aborto tiene una característica distinta, durante muchos años la batalla principal fue conseguir que dejara de ser un delito y esa fue una batalla profundamente política, en la que la izquierda, los movimientos feministas y las organizaciones de derechos humanos tuvieron un papel bien importante.

Ahora que hemos conseguido avances jurídicos importantes, quienes defendemos el derecho a decidir tenemos que enfrentar otra dimensión de la disputa: conseguir que este derecho realmente pueda ejercerse, porque una cosa es que el aborto esté despenalizado en la ley y otra muy distinta es que una mujer pueda llegar a un hospital, pueda ser atendida oportunamente, recibir información adecuada, encontrar los medicamentos que necesita y abortar sin ser juzgada. Y ahí seguimos encontrando obstáculos, tenemos barreras geográficas porque muchos servicios se siguen concentrando en las capitales, tenemos barreras económicas porque trasladarse, comer, hospedarse o simplemente faltar al trabajo tiene un costo, tenemos barreras culturales y lingüísticas, particularmente para las mujeres de pueblos originarios y de comunidades rurales, tenemos barreras institucionales y sobre todo seguimos enfrentándonos al estigma y a la desinformación, y esto también lo he visto como acompañante, porque muchas veces la primera necesidad de una mujer no es solamente conseguir el medicamento o encontrar un hospital, es encontrar a alguien que le diga: “sabes que no estás haciendo nada malo, tienes derecho a decidir, no estás sola”. Por eso creo que hoy también existe una disputa cultural, hay sectores que intentan mantener la idea de que la maternidad es un destino obligado para las mujeres y que nuestra capacidad reproductiva debe estar bajo control social.

Frente a esto el estado tiene una responsabilidad enorme, el estado no solamente tiene que dejar de criminalizar, tiene que garantizar las condiciones materiales para que podamos ejercer nuestra autonomía reproductiva.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció este año que cuando el aborto ya está despenalizado la falta de implementación de los servicios puede ser combatida mediante amparos y que las autoridades sanitarias tienen que organizar implementar y difundir estos servicios, es la obligación del estado. Entonces yo creo que la pregunta actual ya no es solamente legal, la pregunta ahora es ¿quién puede acceder? ¿en qué condiciones? ¿a qué distancia? ¿Con qué información? ¿con qué recursos? porque si una mujer con dinero puede viajar y acceder a un aborto seguro pero una mujer pobre, rural o adolescente no puede hacerlo entonces seguimos teniendo una desigualdad reproductiva y esa es la batalla que tenemos que dar ahora.

Las luchas por el derecho al aborto han construido históricamente articulaciones que trascendieron las fronteras nacionales. Frente al escenario actual de la región, ¿qué estrategias y alianzas considera necesarias para fortalecer una agenda latinoamericana que garantice el acceso al aborto legal, seguro y gratuito?

Creo que una de las mayores enseñanzas de la lucha por el aborto en América Latina es que ningún derecho se conquistó de manera individual. La historia del derecho a decidir es una historia de mujeres organizadas, de colectivas, de acompañantas, de médicas, enfermeras, abogadas, académicas, periodistas y mujeres comunes que decidieron decir que no querían seguir viviendo el aborto desde la clandestinidad, desde el miedo, desde la criminalización. Y para mí es muy importante reivindicar que estas luchas están profundamente vinculadas con la izquierda y con los feminismos de izquierda, porque no solamente estamos hablando de libertad individual, estamos hablando también de desigualdad, de pobreza, de acceso a la salud y de quien realmente tiene la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Porque durante décadas las mujeres con recursos podían encontrar alternativas, podían viajar, pagar servicios privados, salir del país.

Las mujeres pobres eran quienes quedaban más expuestas a la clandestinidad y a las consecuencias de la criminalización. Por eso necesitamos una agenda latinoamericana que no se limite a decir aborto legal. Tenemos que hablar de aborto seguro, gratuito, accesible, de aborto acompañado y necesitamos fortalecer las redes que ya existen.

Las redes de acompañantes son fundamentales porque también y muchas veces son el primer lugar al que llega una mujer cuando necesita información. Necesitamos alianzas con profesionales de la salud, con organizaciones de derechos humanos, con abogadas, con investigadoras y con quienes están produciendo la información científica y tenemos que compartir las estrategias jurídicas y políticas que han funcionado en nuestros países, pero también tenemos que defender la memoria, porque si olvidamos lo que ocurrió antes de la despenalización, podemos llegar a pensar que estos derechos siempre estuvieron ahí y no es así. Hubo mujeres criminalizadas, hubo mujeres que tuvieron que viajar, mujeres que abortaron en condiciones clandestinas, mujeres que murieron y hubo generaciones enteras de feministas que pusieron el cuerpo para cambiar esta historia.

Entonces, como mencionaba, llevo más de 10 años acompañando abortos y algo que tengo muy claro después de todo este tiempo es que acompañar también es una forma de hacer política, es decirle a una mujer que no tiene que atravesar este proceso sola y que su decisión merece ser respetada. 

Por eso, frente al escenario actual, creo que nuestra tarea es doble: defender lo que hemos conquistado y seguir avanzando hasta que ninguna mujer tenga que decidir entre su libertad productiva y su seguridad, entre abortar de manera clandestina o tener que abandonar su estado para poder ejercer un derecho. Entonces, la historia de la Marea Verde nos enseñó que cuando las mujeres nos organizamos podemos transformar las leyes y ahora tenemos que transformar también las condiciones materiales para ejercer esos derechos.