Chile se organiza contra la ola antiderechos – Por Coordinadora Feminista 8M
Chile se organiza contra la ola antiderechos
Por Coordinadora Feminista 8M*
En nuestro país existe desde el año 2017 el derecho a interrumpir el embarazo en tres causales (Ley IVE). Violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre. En cualquiera de estos casos las mujeres y niñas enfrentan una situación no elegida, dolorosa, violenta y de grave vulnerabilidad. Cuando se tramitaba esta ley, parlamentarios de derecha, entre ellos José Antonio Kast actual presidente de Chile, solicitaron que se declarara inconstitucional. No lo lograron.
El acceso a esta prestación de salud es muy limitado. El obstáculo más relevante es la objeción de conciencia que puede hacer valer el personal de salud. La mayoría de las objeciones se esgrimen ante la causal de violación – más de un 40%-, según estudio del 2024-2025 de Corporación Humanas. Esto es sumamente grave: en Chile, 4 de cada 10 especialistas se declara objetor ante causal de violación. Hay casos críticos, como el del hospital de Cauquenes, donde un 100% de los especialistas son objetores. Existen otros casos casi igual de graves: En otros 7 establecimientos hospitalarios públicos la cifra de objetores supera el 70%. Aún más, de los hospitales consultados solo el 23% tiene protocolos actualizados para efectuar derivación en caso de objeción. Debido a estas barreras, se conoce un caso de una niña de 12 años que, debido al vencimiento de los plazos legales y evaluaciones clínicas restrictivas, no pudo acceder a la interrupción del embarazo, debiendo continuar la gestación bajo hospitalización prolongada, según el Octavo informe sobre derechos sexuales y reproductivos en Chile (Miles Chile, 2026).
En los centros de Atención Primaria de Salud, que constituyen la primera ventana de acceso al sistema de salud pública en Chile, muchas veces el personal de salud desconoce la ley y sus protocolos por lo que no cuentan con herramientas para acompañar a niñas o mujeres que necesitan interrumpir su embarazo. Esta realidad provoca brechas territoriales significativas de acceso a la salud sexual reproductiva.
Pese a las limitaciones de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la derecha gobernante y parlamentarios que están más a la derecha aún, impulsan proyectos de ley para hacer más difícil el acceso al aborto. Estos proyectos enmarcan el debate legislativo actual en torno al derecho al aborto en nuestro país. Desde julio de 2026 hemos tenido un proyecto de ley anti aborto por mes. En ese mes, parlamentarios de derecha presentaron un proyecto para que personal médico obligue a personas que buscan acogerse a la ley a escuchar latidos del corazón del feto, en un intento de torcer su voluntad y aumentar el sufrimiento de la mujer. El proyecto establece que una negativa a escuchar los latidos determina la no realización del aborto. Desde el feminismo reaccionamos en rechazo a esta brutalidad. Realizamos un pañuelazo masivo a nivel nacional con lo que la marea verde volvió a instalarse en las calles del país. Este proyecto no se ha abandonado, pero perdió fuerza. En agosto de 2026, presentaron un proyecto de ley que sanciona con penas de cárcel la venta y distribución de medicamentos abortivos, en especial el Misoprostol. En septiembre, por su parte, presentaron otro proyecto de ley para calificar como homicidio la muerte del que está por nacer cuando ésta se produce por homicidio o feminicidio de una mujer embarazada.
A los ataque legislativos contra nuestros derechos sexuales y reproductivos se suman los planes de gobierno que recortan presupuesto para su financiamiento. Este 28 de septiembre nos sumamos a la jornada de acción global por el aborto exigiendo aborto legal, seguro, gratuito, sin causales y rechazando el desfinanciamiento de derechos, especialmente de los derechos que afectan la vida, la salud y soberanía sobre nuestros cuerpos. Estas políticas sólo aumentarán el aborto clandestino en el que las mujeres de clases populares mueren o sufren daño a su salud física y psíquica; mientras que, en contraste, las mujeres de estratos acomodados abortan en clínicas privadas o en el extranjero garantizando su vida y salud. Por eso nuestra consigna es “aborto legal, es justicia social”.
En este camino estamos forjando unidad de acción con trabajadoras y trabajadores de salud y con estudiantes universitarios y secundarios que se verán afectados por los recortes presupuestarios. Serán cuatro días de movilización. Partimos con un pañuelazo en el día de acción global por el aborto el 28 de septiembre, continuamos el 29 y 30 de septiembre con paro y movilización de trabajadores del sector de salud primaria agrupados en la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalidad (CONFUSAM) y culminamos el 1 de octubre con paro nacional convocado por organizaciones de estudiantes agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) contra la ley de presupuesto que anticipa los recortes económicos a los programadas de educación y salud.
En síntesis, estamos en condiciones de afirmar que mujeres, trabajadores y estudiantes ya comenzamos la resistencia a los planes de la ultraderecha. Nos organizamos para ir de menos a más, para aumentar nuestra capacidad de respuesta a la ola anti derechos impulsada por los sectores conservadores en distintos sectores del mundo. No podemos dejar de decir que estos mismos sectores sostienen políticas belicistas, genocidas y de ataques armados contra sectores de sus propios pueblos.
*La Coordinadora Feminista 8M, (CF8M), es un espacio que articula, desde un horizonte feminista a múltiples y diversas organizaciones sociales, políticas e individualidades de Chile.
