Colombia | El partido Pacto Histórico condena campaña mediática contra el expresidente Gustavo Petro y su familia
Pacto Histórico responde a los rumores de inclusión de Gustavo Petro y su familia en la lista de la OFAC
La colectividad emitió un comunicado oficial en Bogotá calificando los señalamientos mediáticos como una campaña sin fundamento probatorio.
El movimiento político Pacto Histórico rechazó de forma categórica la campaña mediática impulsada contra el expresidente Gustavo Petro Urrego, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su exjefe de despacho Armando Benedetti. A través de un comunicado público emitido en Bogotá el 12 de octubre de 2026, la Dirección Nacional de la colectividad denunció la difusión de seudoacusaciones amparadas en fuentes anónimas sobre su presunta inclusión en listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Comunicado a la opinión pública:
Funcionarios de EE.UU. y Colombia confirmaron a The New York Times que el presidente @petrogustavo no enfrenta cargos penales en ese país. La Embajada de Colombia en Washington lo calificó como "sin fundamento".
Y aun así, los medios insisten.… pic.twitter.com/XKYufkoPDj
— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) October 12, 2026
La dirección de la coalición política argumentó que no existe ningún proceso judicial ni cargos penales activos contra el exmandatario en territorio norteamericano. Según consignó la organización en su pronunciamiento, tanto funcionarios gubernamentales como la Embajada de Colombia en Washington catalogaron las versiones circulantes como afirmaciones «sin fundamento» y carentes de hallazgos concretos sustentados por autoridades judiciales competentes.
Asimismo, el documento aclaró la naturaleza de los mecanismos administrativos aplicados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La colectividad remarcó que las decisiones de la OFAC no constituyen un juicio penal ni implican condenas procesales, sino que operan como instrumentos administrativos que han sido objeto de cuestionamientos por parte del propio entorno del expresidente.
«No existe ningún proceso judicial activo. Funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, citados por The New York Times bajo condición de anonimato, confirmaron que el expresidente Petro no enfrenta cargos penales en territorio estadounidense», detalló la Dirección Nacional del Pacto Histórico en el texto divulgado a la opinión pública.
El comunicado también cuestionó la eventual implementación del Estatuto Antiterrorista y la creación de mecanismos de señalamiento sin control judicial previo. La colectividad alertó que el uso de estas herramientas sin garantías del debido proceso busca menoscabar los derechos de los líderes de oposición e influir en la narrativa política nacional.
Frente a esta coyuntura, la dirigencia partidista exigió el respeto irrestricto a la presunción de inocencia de Gustavo Petro Urrego y de sus familiares allegados. De igual forma, hizo un llamado a los medios de comunicación a rectificar las informaciones difundidas que carezcan de decisiones judiciales firmes, solicitando al Congreso de la República el archivo de iniciativas que pretending institucionalizar listas administrativas sin fiscalización del poder judicial.
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Finalmente, el movimiento político convocó a organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes a movilizarse en las calles el 14 de octubre de 2026 bajo la consigna «#Este14YoMarchoPorLaVida», reiterando que no existen pruebas ni imputaciones formales contra la dirigencia del sector.
Exigencias institucionales impulsadas por el Pacto Histórico
El pronunciamiento expedido en Bogotá busca contener el impacto de las versiones periodísticas e institucionales surgidas alrededor de los activos financieros del exmandatario y su equipo cercano. Las directivas sostienen que la defensa del debido proceso es una garantía fundamental para preservar la democracia y evitar persecuciones contra líderes políticos y sociales en el país.
Las bancadas parlamentarias afines a la colectividad reiteraron que mantendrán el seguimiento a las decisiones administrativas e internacionales que comprometan la imagen del expresidente, asegurando la movilización activa del Pacto Histórico.
