Milei y la soberanía de los poderosos: Malvinas, negocios extranjeros y doctrina del enemigo interno – Por Emilia Trabucco

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Milei y la soberanía de los poderosos: Malvinas, negocios extranjeros y doctrina del enemigo interno 

Por Emilia Trabucco*

El 20 de noviembre, cuando la Argentina conmemora la resistencia a la intervención anglo-francesa en la Vuelta de Obligado, Javier Milei tiene previsto participar de un encuentro de polo por los 250 años de la independencia estadounidense, mientras culmina la gira de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, por Malvinas y Georgias del Sur, que incluyó su paso por la base británica de Mount Pleasant. Las escenas coinciden con el intento del Gobierno de presentar como defensa de la soberanía una reforma que excede ampliamente la cuestión Malvinas y encuentra resistencias en el Congreso.

El Reino Unido reafirmó su presencia militar en el Atlántico Sur con ejercicios del patrullero HMS Medway y nuevas patrullas en las islas, al tiempo que avanza Sea Lion, el proyecto petrolero de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Argentina solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que deberá pronunciarse el 28 de noviembre. La explotación de recursos en un territorio en disputa revela la dimensión económica de la ocupación británica y su proyección estratégica hacia la Antártida.

En ese escenario, Milei impulsó la llamada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo dictamen de mayoría contiene 154 artículos y sustituye la Ley 26.659. Aunque extiende las prohibiciones de explotación sin autorización argentina a recursos como la pesca, habilita a empresas infractoras a regularizar su situación mediante multas o compromisos de inversión e introduce modificaciones en defensa, inteligencia, inversiones extranjeras y el Código Penal. El 18 de noviembre, el oficialismo reunió 126 diputados, tres menos de los necesarios para alcanzar el quórum, aunque busca convocar una nueva sesión antes de que concluya el período ordinario.

Las modificaciones al régimen de sanciones estuvieron atravesadas por gestiones diplomáticas estadounidenses. El 22 de octubre, el subsecretario de Estado Christopher Landau reconoció su preocupación por los intereses de empresas de su país, mientras Página/12 informó sobre gestiones atribuidas a Landau y Marco Rubio para limitar las sanciones a bancos, aseguradoras y proveedores vinculados con Sea Lion. El dictamen restringió las condiciones para responsabilizar a accionistas y prestadores de servicios y, en paralelo, Estados Unidos propuso terminar con el mandato del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, donde Argentina sostiene su reclamo, sin que ninguna de estas decisiones alterara la apuesta de Milei por su relación privilegiada con Donald Trump.

La transformación más profunda aparece en los títulos que no se refieren a Malvinas, con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, capaz de coordinar defensa e inteligencia y definir respuestas ante un espectro ampliado de amenazas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que esa arquitectura erosiona la separación democrática entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, y reactualiza elementos de la doctrina del enemigo interno. Tras la ampliación de la contrainteligencia dispuesta por el DNU 941/2025, se sumarían nuevas figuras penales vinculadas con la injerencia extranjera y facultades que, según el organismo, pueden favorecer la vigilancia y criminalización del conflicto social.

Esta redefinición de las amenazas está ligada a los intereses económicos cuya protección se fortalece. El CELS, FARN, el Observatorio Petrolero Sur y otras organizaciones denunciaron que la categoría de infraestructura crítica podría abarcar oleoductos de Vaca Muerta, emprendimientos mineros y centros de datos, habilitando dispositivos militares para custodiarlos, con consecuencias particularmente graves para comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones socioambientales que disputan el destino de esos territorios. La orientación ya tiene un antecedente en el Comando Unificado de Seguridad Productiva de 2024, concebido para proteger enclaves productivos, y profundiza la utilización de capacidades estatales de seguridad en defensa de intereses económicos privados.

Tierra del Fuego concentra esta disputa en un territorio estratégico para las rutas marítimas y la proyección antártica. En enero el Ejecutivo intervino el puerto de Ushuaia, donde en agosto amarró el petrolero británico VS Promise; en septiembre militares estadounidenses entrenaron junto a efectivos argentinos, mientras persisten controversias por el radar de LeoLabs en Tolhuin y la Base Naval Integrada. El 18 de noviembre fue fotografiado allí Bill Gates, cuya agenda no se difundió públicamente. La sucesión de acontecimientos expone la creciente importancia geopolítica de la provincia y las tensiones en torno al control de sus infraestructuras, recursos y espacios estratégicos.

La utilización de Malvinas como fuente de legitimidad política adquiere así otra dimensión. El Gobierno procura capitalizar el consenso histórico de nuestro pueblo sobre la recuperación de las islas para presentar como soberanista una reforma que, como denuncian organizaciones de derechos humanos, ambientales y de excombatientes, fortalece la protección estatal de inversiones privadas y amplía los instrumentos de vigilancia y coerción. En esa contradicción se expresa una orientación que facilita la apropiación económica de territorios y recursos estratégicos mientras reorganiza la fuerza del Estado frente a quienes se movilizan para defenderlos, comprometiendo los intereses nacionales y populares que el discurso oficial afirma representar.

 

*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.

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