Comuneros de la Amazonía ecuatoriana denuncian amenazas y presiones por parte de Chevron

La compañía petrolera estadounidense Chevron ha amenazado a los ciudadanos ecuatorianos, quienes se han organizado en el Frente de Defensa de la Amazonía para luchar por la reparación de los daños ambientales causados durante la explotación de crudo, entre 1964 y 1990.

“Y tenía una cámara con fotos, pero en un rato de distracción me la robaron. Hay muchos seguidores de la parte contraria (Chevron) que nos están vigilando lo que nosotros hacemos. Hay mucha gente que está atrás de nosotros”, confesó Alejandro Soto, presidente de la Asociación de Afectados por Texaco.

Pero este no es el único caso, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos recoge una serie de denuncias que vinculan a la petrolera en casos de amedrentamiento a los dirigentes amazónicos que demandaron a la petrolera.

María Espinosa es una defensora de derechos humanos que trabaja en la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de “Aguarico” y que además se desempeña en calidad de coordinadora de la Red de Líderes Comunitarios “Ángel Shingre”, en la provincia de Orellana. Ella presentó su denuncia en esa institución.

John Rosero es el presidente de la Junta Parroquial de Dayuma e integrante de la Red de Líderes Comunitarios “Ángel Shingre”, en la provincia de Orellana y uno de los líderes del proceso de resistencia establecido en contra de la contaminación ambiental producida por los derrames de petróleo en el Amazonía. Él ha denunciado presiones y agresiones por defender su causa.

Para el abogado de los indígenas y colonos afectados por Chevron, Juan Pablo Sáenz, el principal mecanismo de presión y de amedrentamiento de la transnacional petrolera ha sido los procesos legales abiertos en Estados Unidos en contra de los afectados, sus abogados y asesores que colaboran en el país norteamericano.

Durante 26 años, entre 1964 y 1990, la petrolera estadounidense Texaco explotó el crudo de la Amazonía ecuatoriana, en lo que hoy son las provincias de Sucumbíos y Orellana. Tras su salida del país, la empresa dejó en aquella zona pasivos ambientales a los que peritos internacionales atribuyen la muerte de 1.041 ciudadanos, todos afectados de cáncer.

Ahora Chevron-Texaco pretende desconocer el fallo que en su contra dictó la corte de Sucumbíos, que la obliga a pagar 19.000 millones de dólares. Para ello, han implementado una campaña de desprestigio de más de 400 millones de dólares, cuyas mentiras han amplificado medios nacionales e internacionales.

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