Argentina: trabajadores de histórica fábrica recuperada consiguen titulo de propiedad

Por Adriana Meyer

Son trece años de trabajar en una fábrica de cerámicos en Neuquén y dirigir su destino, son los nenes del jardín disfrazándose de ceramistas para un acto escolar y los padres bancando su causa, eligiéndolos como diputados. Son 450 operarios y operarias que producen unos 300 mil metros cuadrados de cerámicos por mes y siguen cobrando todos el mismo salario, que paran la producción ya no para vaciar la planta, como intentaron sus anteriores dueños, sino para debatir si cortan una ruta en solidaridad a los docentes. ¿Cuál es la fórmula del éxito de la ex fábrica Zanon, hoy cooperativa FaSinPat (Fábrica Sin Patrones)? Además de la toma de decisiones en asamblea, un sólido vínculo con la comunidad neuquina, y, en los momentos críticos la determinación de dar la vida ante cada amenaza de desalojo, hay una sucesión de estrategias precisas para dar la batalla en el campo judicial a lo largo de más de una década. Y un equipo de jóvenes abogados que fueron sus protagonistas.

El empresario italiano Luigi Zanon estaba acostumbrado a recibir subsidios de los sucesivos gobiernos. Durante el menemismo no hubo excepción, y su plan era reducir la producción sólo a porcellanato, lo cual implicaba unos 300 despidos. Así comenzaron los atrasos en los sueldos y aportes, y vinieron las primeras huelgas. La primera batalla ganada fue gremial, la recuperación de la comisión interna y el sindicato ceramista.

Mariano Pedrero tenía poco más de 20 años cuando decidió mudarse a Neuquén. Conocía a Raúl Godoy, operario de cargadoras en Zanon, de la militancia en el PTS, y cuando la comisión interna empezó a acatar los paros nacionales que convocaba la CGT comenzó a ayudarlos con la cobertura legal de las medidas. “Desde ya que se hacía con reivindicaciones propias. En ese momento comienza un trabajo más en equipo para asesorar a los compañeros y compañeras”, cuenta Pedrero en diálogo con Infojus Noticias.

El grupo se repartía tareas, Pedrero en Neuquén,  Myriam Bregman en Buenos Aires, e Ivana dal Bianco se ocupaba de las causas penales que les iban iniciando a los ceramistas por cortes de ruta y otras protestas, junto a Polo Denaday. Para ellos significaba “retomar la tradición de aquellos abogados que en los ’60 y ’70 defendían presos políticos y acompañaban a los obreros en sus tomas de fábricas, como Alfredo Curuchet”, cuenta Pedrero.

En mayo del 2000 se venían despidos y suspensiones por el preventivo de crisis. Mientras tomaban las primeras medidas de fuerza falleció el operario Daniel Ferrás. Tuvo un paro cardíaco y no había ningún elemento para asistirlo ni trasladarlo al hospital. “Fue exclusiva responsabilidad de la patronal, estalló la situación y la fábrica se paró totalmente. El gobierno, en complicidad con la empresa, dictó la conciliación obligatoria para frenar la bronca. Pero la unidad en la decisión de continuar el paro y la búsqueda de apoyo en la comunidad fue fundamental para superar la pretendida ‘ilegalidad’ de la huelga”. Pedrero y Bregman salieron a sostener desde lo jurídico la decisión de la asamblea. “Plantear la legalidad o ilegalidad de una huelga o una medida de fuerza es una falsa dicotomía. La clave es si la huelga y el reclamo son legítimos o no. Esta fue la lógica jurídica, si se puede llamar así, para fundar cada planteo que trasvasaba los límites de la legalidad como, por ejemplo, la violación de la conciliación obligatoria, la ocupación de la planta, la puesta en producción bajo control obrero”, describe el abogado.

Era la primera vez que Pedrero entraba a la fábrica, y fue para explicar que se podía desacatar la conciliación obligatoria. “Oculto entre el tumulto de compañeros para que no me detuvieran los de seguridad del portón y la guardia, fue una experiencia que llevo grabada en la piel porque tenía 24 años y hacía poco me había recibido”, relata. Aquella huelga triunfó porque no hubo despidos e impusieron a la empresa la implementación de medidas de seguridad e higiene.

Era sólo el comienzo de una larga batalla. En 2001 la empresa empezó a incumplir el pago de salarios, trataba de desmoralizar a sus empleados diciendo que ya no podía seguir, había listados de retiros voluntarios. La respuesta fue otra huelga y la exigencia de que los Zanon abrieran sus libros de contabilidad para demostrar su supuesta crisis. En septiembre cerraron la planta: si no aceptaban los despidos masivos y la rebaja salarial bajarían la persiana para siempre. Los trabajadores le seguían hablando a la comunidad, dijeron que ellos podían producir. Y como no hubo respuesta tomaron la planta, ubicada sobre la ruta 7, entre Neuquén y Centenario.

Lock out y bolones de cerámica

El fuego cruzado llegó hasta Tribunales. Los Zanon denunciaron a los trabajadores ante la justicia penal y exigieron que fueran desalojados. Bregman y Pedrero, por su parte, presentaron una denuncia por lock out ofensivo, esto es, los acusaron por haber hecho un paro patronal con cierre de la fuente laboral para intentar su vaciamiento. “Dimos vuelta la situación jurídica. Se desactivó la orden de desalojo y se condenó a la empresa por ese ilícito”, explican.

La jueza laboral Elizabeth Rivero de Taiana, y luego la Cámara de Apelaciones, les dio la razón al considerar que “carece de viabilidad alguna toda defensa basada en el único y aislado derecho de propiedad sobre los bienes y el dinero del empleador, y el derecho al alimento por el trabajo prestado se posiciona con igual consideración de inviolable y amparado por el ordenamiento jurídico todo pues sin seres humanos no hay derecho a aplicar”. En su fallo, que los propios trabajadores y las organizaciones que los apoyaban calificaron como histórico, la magistrada explicó que “lock out significa ‘dejar afuera’ e ‘implica el derecho del patrono a suspender el trabajo por su sola voluntad, sin obligación de pagar el salario’.

Para Rivero de Taiana, la empresa Zanon S.A. “socavó la voluntad de los trabajadores para hacerlos desistir de la relación laboral para barajar y dar de nuevo en su exclusivo beneficio, prescindió del derecho a la subsistencia de 331 familias desconociendo el carácter alimentario de los salarios adeudados manteniendo en miras solo la recuperación de su fuente de beneficios a costa del hambre y la degradación de las personas”.

Semejante fallo legitimó la ocupación de la planta y en diciembre del 2001, mientras el país iba hacia el caos que terminaría en masacre, resolvieron en asamblea el inicio de la producción bajo gestión obrera.

La empresa se presentó en concurso preventivo y pidió al juez comercial el desalojo de la planta. “Hubo cinco intentos de desalojo y todos se enfrentaron primero desde la movilización y el apoyo de la gente, y después en Tribunales. Con esa fuerza, en la legitimidad de la defensa de los puestos de trabajo, en el planteo que la fábrica no podía transformarse en un galpón vacío, en un cementerio de chatarra, cuando en el país faltan viviendas y Zanon produce pisos y revestimientos, con todo ello logramos en distintas instancias judiciales revertir los desalojos”, recuerda Pedrero.

Uno de los momentos de mayor tensión fue el 8 de abril de 2003, cuando la Gendarmería ya tenía orden de disolver la toma. Afuera estaban los grupos sociales que los apoyaban, entre ellos una decena de curas, “pero del portón para adentro estaban dispuestos a morir con tal de no ser desalojados”, según el relato de Godoy. Perfeccionaron las guardias obreras que habían creado para cuidar las máquinas y las instalaciones, se ubicaron en los techos, acumularon bolones de cerámica y gomeras, tachos con agua para neutralizar el efecto de los gases, y baldes con ácido. La orden de desalojo se suspendió, y los bolones blancos circularon entre la gente como souvenirs.

Camino a la expropiación

Siguieron las chicanas judiciales, el boicot comercial, incluso amenazas y aprietes por parte de la empresa. Los trabajadores ya habían demostrado que Zanon no sólo era viable con 60 obreros, como pretendía don Luigi, así que empezaron a aumentar los puestos de trabajo y a producir a pesar de no tener capital ni crédito, y con proveedores que exigían precios altísimos además de impedirles explotar las canteras. Los salvaron los mapuches, quienes les vendieron la arcilla. La fábrica se abrió a la ciudad: en el playón tocó la Bersuit y Attaque 77, entre otros, había visitas de colegios y muestras de arte.

Los proyectos presentados ante legisladores provinciales y nacionales no avanzaban. En 2005 la justicia comercial decretó la quiebra del grupo Zanon y, recién en ese momento, aceptó el funcionamiento bajo la figura de la cooperativa FaSinPat. “Esto siempre lo consideramos una variante transitoria porque los acreedores de Zanon, el síndico y el juez pretendían avanzar con el remate. Nosotros nos oponíamos en defensa de los puestos de trabajo y seguíamos luchando por la sanción de la ley”, explican.

En agosto del 2009, entre llantos curtidos y abrazos duros, consiguieron que la expropiación se hiciera realidad con la aprobación de la ley. Aunque recuerda que fue un momento inolvidable, el abogado aclara que “el proyecto que se aprobó no es el nuestro, porque la fábrica no se estatizó y se reconoce el pago a los acreedores. Para nosotros la deuda era de la familia Zanon y son ellos quienes deben pagarla. De todas maneras la expropiación es un hecho enorme para dar aliento a otros trabajadores de empresas autogestionadas del país que aún no pueden cerrar sus procesos”.

De hecho, recién tres años más tarde el gobernador Jorge Sapag firmó el decreto que autorizó los fondos para el pago del monto expropiatorio: 23 millones que cobraron el Iadep (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo), la empresa Sacmi Impianti SA y la Corporación Financiera Internacional. Mientras tanto, tuvieron que sortear planteos de inconstitucionalidad que quedaron desechados en diciembre de 2012. Hace casi un año, el juez comercial Alberto Aleman firmó el acta que cerró el proceso expropiatorio y traspasó la planta, las máquinas y la marca Zanon a la gestión obrera.

El 15 de enero la Justicia efectivizó la entrega del título de propiedad a los trabajadores de la fábrica. ¿Fue acaso la victoria definitiva? En Neuquén aún no van a levantar la copa para brindar. Lo que sigue es la renovación tecnológica, porque ahora si se rompe un horno su arreglo les afecta el salario. Para eso ya cuentan con la inscripción legal de la fábrica y están en condiciones de pedir crédito. Piensan en los créditos Bicentenario del gobierno nacional, y dicen que “Axel Kiciloff nos dio su apoyo cuando aún no era ministro de Economía”, según expresó hace pocos días a Infojus Noticias Marcelo Morales, uno de los 450 de la ex Zanon. En definitiva, será una fábrica manejada por sus propios obreros pero debe competir en un mercado donde las reglas las pone el capitalismo.

http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/la-ingenieria-juridica-detras-de-zanon-1206.html