Diputados debaten la ley de medios y el nuevo código penal

Diputados celebrará hoy una de las últimas sesiones de la actual Legislatura, una de las más controvertidas y seguramente la más extensa. En el orden del día figuran dos temas complejos, polémicos y de mucha trayectoria en el Parlamento como la ley de Medios y el nuevo Código Penal.

Además, a última hora se colaron otras dos iniciativas de muchos artículos como la reforma de la ley Orgánica Policial, que pasó rápidamente el viernes 19 por la comisión, y el proyecto del Gobierno que establece el aumento para los funcionarios judiciales.

Uno de los que no tienen consenso es el proyecto de creación de un sistema de comunicación audiovisual, conocido como ley de Medios. El proyecto de ley, de 186 artículos, regula los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, pero deja fuera Internet y las redes sociales.

El martes 16 fue votado en el Senado y hoy será sancionado por Diputados solamente con los votos del Frente Amplio. El presidente electo Tabaré Vázquez ya anunció su propósito de reglamentarla apenas comience su administración el 1° de marzo.

La oposición rechaza esta iniciativa porque sostiene que puede llegar a “afectar la libertad de expresión”, porque tiene disposiciones “inconstitucionales”, porque “discrimina” y porque “afecta a los privados en beneficio del Estado, según han dicho como principales argumentos sus legisladores.

Un acuerdo del Frente Amplio con el Partido Nacional en la comisión de Constitución de Diputados, permitió que se aprobara el nuevo Código Penal, que hoy irá a sala. La principal novedad de su texto y una norma por demás polémica, es la modificación del artículo relativo al delito de abuso de funciones, que ahora se hace más específico.

El artículo modificado, propuesto por el diputado frenteamplista Daoiz Uriarte, señala que “el funcionario público que, abusando de las funciones de su cargo, realice u omita un acto en violación de la ley con el fin de obtener un beneficio económico para sí mismo o un tercero, en perjuicio de la Administración, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.

El Partido Colorado se opone a esta iniciativa y así lo hará saber hoy en la discusión.

Una de las polémicas radica en que por ejemplo, con esta nueva redacción, el exministro de Economía Fernando Lorenzo no hubiera podido ser procesado por el caso Pluna, dado que la redacción vigente hasta ahora era menos específica que la que se propone votar ahora. En tal caso se debió haber probado que Lorenzo hubiera cometido ese delito con el fin de un beneficio económico.

Judiciales.

Para el final de la extensa sesión queda el proyecto más polémico de todos, el que es promovido por el Gobierno y establece un aumento salarial del 8% para los gremios judiciales (jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio), los funcionarios del Ministerio Público (fiscales y administrativos) y los registrales (Registro Civil y Dirección General de Registros).

Estos trabajadores reclamaban un incremento del 26% a consecuencia de la aplicación de las normas de equiparación vigente y tomando en cuenta que sus sueldos se rigen por los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes en la ley de Presupuesto de 2011 fueron igualados a los senadores.

Este proyecto ya fue votado por el Senado, a puertas cerradas, pero deberá volver a la primera Cámara para que se acepten los cambios que por orden de Mujica se le hicieron en la comisión de Hacienda de Diputados, como la eliminación del artículo que rompía el “enganche” que establece que el sueldo de esos funcionarios será equivalente a un porcentaje del salario de los ministros de la Suprema Corte, con excepción de jueces y fiscales.

Las bancadas de la oposición no lo acompañaron en el Senado ni lo harán hoy en Diputados. Sus legisladores consideran que está plagado de inconstitucionales y que, para colmo, no solucionará el problema de fondo. Tampoco los funcionarios lo apoyan, a pesar de que se eliminó la norma que anulaba el “desenganche”. Es más, el viernes pidieron en la comisión de Hacienda que no fuera votado, pero el Frente insistió y así lo hará hoy.

En esta jornada también se reunirá el plenario del Senado para considerar varios temas. Uno de ellos es la prórroga por seis meses del seguro de paro especial para extrabajadores de la aerolínea Pluna.

Signorelle: “Es difícil perdonar la burrez”

“Se hace muy difícil perdonar la burrez, perdonar la soberbia, perdonar la traición. Estos son actos en cadena. Yo genero y a su vez obtengo una respuesta y la virulencia de los trabajadores del Poder Judicial responde a esas tres causas. Un estado de burrez magnífico, de los mejores que yo he visto en mi corta historia y algunos estados de soberbia de algunos actores que hacen que la sangre tana se nos suba y traición con todas las letras”.

Estas expresiones, vertidas por Carlos Signorelle, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU), al programa Poder Ciudadano, encuadran la real molestia de los trabajadores con el gobierno que encabeza el presidente José Mujica. Pero no sólo los funcionarios del Poder Judicial están de punta contra el presidente, sino que un sentimiento análogo se expresa por parte de los propios legisladores del Frente Amplio.

En la bancada frentista hay malestar con Mujica por haberse atribuido la resolución de dejar sin efecto la propuesta de “desenganchar” a los funcionarios judiciales, cuando en verdad fueron los legisladores oficialistas los que promovieron la eliminación del artículo cuarto del proyecto. Fuentes de la bancada indicaron a El País que lo que más molestó fue que la modificación del proyecto quedó como una idea del presidente, cuando fue la bancada la que resolvió realizar los cambios para contemplar los reclamos de los judiciales.

“Al final el presidente se apropia de un planteo que nació en el Parlamento”, se quejó uno de los informantes. Bajo ese clima de tensión en el oficialismo se votará en Diputados un proyecto que los trabajadores judiciales rechazan.

El País