Desaparecidos: ministro de Defensa se defiende de las críticas y los pedidos de renuncia

“La actitud de este ministerio ha sido siempre la de aportar la información al alcance de sus posibilidades, abriendo el camino a las investigaciones e investigadores en todo momento”, afirmó el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, en un comunicado de prensa publicado ayer en la página web de Presidencia.

Estos dichos se contraponen a las numerosas expresiones de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que han subrayado las “demoras” y el ocultamiento de archivos militares que podrían esclarecer responsabilidades en delitos de lesa humanidad cometidos en Uruguay durante la última dictadura cívico-militar.
Una semana después de que calificara de “enfermitos” a quienes “permanentemente hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares”, el ministro difundió el documento que presentó al presidente Tabaré Vázquez el lunes durante el Consejo de Ministros como respuesta a los “ataques sistemáticos (y genéricos) que ha sufrido”. En el documento Fernández Huidobro señala que entre 2011 y 2015 su cartera dio respuesta a 211 de los 237 oficios judiciales recibidos.

Consultados por la diaria, integrantes de organizaciones sociales que cuentan con numerosas copias de estos expedientes indicaron que la mayoría de estas respuestas sostienen: “Esta sede carece de información”. “Pareciera que para el ministro, responder es tipear la carta. Tipear es una cosa, responder es otra”, agregaron. Raúl Olivera, de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, remarcó: “El tema no es si contesta los oficios o no, sino qué información aporta en esas respuestas, y si los datos son útiles a la causa o si cumplen meramente con un trámite. El MDN cumple tarde y mal”.

El ministro excusa las “demoras en la tramitación” de los oficios por “la complejidad en cuanto a la ubicación de la información y documentación requerida”, y se remite a un mensaje que envió en 2013 a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el que dice haber “ofrecido” a las sedes penales correspondientes “coordinar” para que los jueces se dirijan a los comandos militares, analicen allí los legajos originales y soliciten copia de las “fojas relevantes para la causa”.

Tanto abogados patrocinantes de diversas causas de derechos humanos como algunos jueces no recordaban una circular de la SCJ que diera cuenta de esta “coordinación”. Sin embargo, existe. Es la 48/2013 y fue girada el 13 de mayo de 2013 a los jueces con competencia penal de todo el país. Remite a una comunicación de Fernández Huidobro en la que expresa las “dificultades” para aportar el listado (nombres y legajos) de los funcionarios del MDN en causas que abarcan el período dictatorial. En dicha comunicación, el ministro establece que “corresponde” que el legajo personal de los oficiales o sus hojas de servicio “permanezcan en la Unidad Militar correspondiente” y subraya la falta de “recursos financieros (en fotocopias, tóner, hojas, etc.) y humanos, no previstos a tal fin” y lo “difícil” que es “desafectar de su labor normal” a los funcionarios “para cumplir esta tarea que es cada vez más demandante”. En esta misiva, Huidobro no habla de “coordinar” con la SCJ sino de “intentar arbitrar medidas alternativas” que permitan superar las dificultades “a través de la determinación concreta y acotada de la información que se requiere”. “Es un ofrecimiento tramposo porque no existe capacidad del Poder Judicial para revisar toneladas de expedientes, sin el auxilio de especialistas en criminología o de funcionarios del MDN”, opinó el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia.

“La imposibilidad de ubicar los legajos a partir de alias de posibles implicados en delitos de lesa humanidad” es “preocupante”, expresó Chargoñia. “Las víctimas estaban encapuchadas, como parte del método del terror aplicado. Los represores no se presentaban con su cédula”, añadió, y consideró que Fernández Huidobro “banaliza la tragedia”, “ofende décadas de investigaciones realizadas por los familiares, que son quienes más han aportado datos”, y brinda “una insólita aclaración que oscurece”. “Está concluyendo que no hay forma de localizar a aquellas personas que torturaron. El comunicado del MDN es una declaración de negación institucional de Justicia para el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y marca una desprotección absoluta a las víctimas. No hay voluntad política ni capacidad para resolver las investigaciones”, agregó.

“Fernández Huidobro ha mostrado una sintonía fina con los militares condenados”, manifestó el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien aseguró que, además de que las respuestas de esta cartera “demoran meses”, “no han aportado nada sustantivo” a las causas.

Otro de los puntos cuestionados es que el MDN afirma que no han encontrado registros del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), mientras que el equipo coordinado por Álvaro Rico accedió a documentos, como expedientes de la Justicia Militar, en los que se nombra dicho organismo.

Ayer los sectores del Frente Amplio Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo pidieron, en sendos comunicados, la “inmediata remoción” del ministro, sumándose al reclamo de la Vertiente Artiguista.

La Diaria

COMUNICADO DE PRENSA

Montevideo 26 de mayo de 2015

En razón de los sucesos de público conocimiento relacionados con este ministerio, su relación con el pasado reciente y la búsqueda de la Verdad y los ataques sistemáticos (y genéricos) que ha sufrido; se adjunta el documento presentado al Señor Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez y a los demás integrantes del Consejo de Ministros en su pasada reunión.
La actitud de este ministerio ha sido siempre la de aportar la información al alcance de sus posibilidades, abriendo el camino a las investigaciones e investigadores en todo momento. La Universidad de la República y su equipo de historiadores liderado por Álvaro Rico, actuando por la Presidencia de la República y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente trabajaron durante meses en el Archivo pasivo de Sanidad Militar revisando cientos de miles de Historias Clínicas encontrando 23 historias caratuladas de detenidos políticos. Oportunamente este equipo de la Universidad finalizó su trabajo. Fue informado posteriormente que el Archivo pasivo de Sanidad Militar continuaba abierto para lo que entendieran pertinente.
Las acusaciones imperantes se propinan de forma genérica, sin conocer la particularidad de los pedidos de la justicia, carecen por tanto del manejo de la información pertinente. De 2011 a 2015 se han tramitado un total de 237 oficios, dándose respuesta a 211 de los mismos. Quedan pendientes de contestación 26 oficios, los cuales están actualmente en trámite, de los cuales el Sr. Ministro informa en el documento presentado ante Presidencia.
Por tanto, desde la asunción del actual Ministro el 26 de julio de 2011 se ha dado trámite a 5,1521 expedientes por mes, aproximadamente uno por semana.

Montevideo, 25 de mayo de 2015.

En relación a la tramitación de oficios provenientes de la Justicia Penal Ordinaria relativos a causas de denuncias vinculadas
a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período 1973 – 1985 cabe informar que:

a) se ha tramitado un total de 237 oficios en el período 2011 – 2015, dándose respuesta a 211 oficios.

b) en la actualidad hay pendiente de contestación 26 oficios.
Las demoras en la tramitación están radicadas en la complejidad en cuanto a la ubicación de la información y documentación requerida, que incluye solicitudes de testimonios de legajos personales correspondientes a personal superior y subalterno que revistaron en distintas dependencias de este Ministerio.
En el año 2013 se informó a la Suprema Corte de Justicia sobre la complejidad que implica el proporcionar a las sedes penales copia autenticada de los legajos de los señores oficiales ya que los mismos tienen un volumen aproximado de entre 200 y 300 fojas cada uno. Cada foja debe ser certificada en su autenticidad previo control de la existencia de datos personales de terceras personas que pueden estar protegidas por legislación específica.
Existen antecedentes donde las sedes penales han requerido la totalidad de los legajos correspondientes al personal que prestó servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, en el período 1973 -1985, el cual estimamos era de 30.000 funcionarios.

En otras oportunidades se ha requerido la copia autenticada de los legajos de todos los funcionarios de una Unidad Militar en uno o varios años.
Ante esto se ofreció en el año 2013 a las Sedes penales coordinar con el Ministerio la comparecencia a los Comandos respectivos para analizar los originales de los Legajos y solicitar copia de aquellas fojas que resultaren relevantes para la causa. En relación a este procedimiento estuvo de acuerdo la Suprema Corte de Justicia, pero hasta el momento ninguna Sede Penal ha solicitado acceder a través de este mecanismo.

Otra parte de las dificultades en la tramitación de información radica en la complejidad de determinar por ejemplo los datos completos de personas que son identificadas por alias. Los Juzgados solicitan se proporcione nombre completos y domicilio actual de personas identificadas como “el galgo”, “el gato”, “el tomatera”, “el negro”, etc.
Por otra parte, no existe un registro general, sistematizado y electrónico del personal subalterno que prestó servicios en los años multicitados, por lo que no es viable acceder a una información certera.
Asimismo, cabe destacar que no hemos encontrado registros de la OCOA.

En agosto del año 2009 se entregó al Archivo General de la Nación todos los archivos que fueron encontrados en la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado.

Eleuterio Fernández Huidobro
Ministro de Defensa Nacional

MDN