Informe de la Contraloría ratifica la contaminación de Chevron en la Amazonía

Un informe de la Contraloría ecuatoriana revela que en el 80% de lugares analizados dentro un examen ambiental especial, de los campos operados por la compañía petrolera Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, en la Amazonía ecuatoriana se evidencia elevadas concentraciones de hidrocarburos.

El informe realizado desde enero de 2009 hasta 31 de mayo de 2015 concluye, entre otros puntos, que los procesos de reparación ambiental desarrollados bajo responsabilidad de Texpet-Texaco, “no se cumplieron o fueron ejecutados parcialmente ya que aún persisten concentraciones de TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo) y de HAP (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos) que superan la normativa”.

El examen correspondiente al análisis de los pasivos ambientales de los sectores aledaños a las plataformas de los pozos Aguarico 4, Sacha 99, Sacha 85, Guanta 5, Sacha 53-1, Auca Sur 1, Shushufindi 44 y Lago 31, concluye además, que “la existencia de TPH y HAP en el suelo afectó el entorno natural de los ecosistema amazónicos, alterando la composición química de los cuerpos de agua y afecta a los recursos naturales asociados en su trayecto”.

Rafael Miño, director de Auditoría de Proyectos y Ambiental subrogante, recomendó a los gerentes de Petroecuador, Petroamazonas, Operaciones Río Napo y del proyecto Amazonía Viva que recopilen y actualicen la información de los pasivos ambientales, con el fin de diseñar un plan de rehabilitación integral y que las tareas para lograr ese objetivo deberán coordinarse con el Ministerio del Ambiente.

Entre los objetivos del examen especializado estaban el determinar el estado de los pasivos ambientales en la región amazónica en los campos operados por Texpet-Texaco y verificar mediante muestreos y análisis de laboratorio el cumplimiento de los procesos de remediación y reparación ambiental, además de identificar los impactos de las áreas de influencia.

La compañía Texaco, adquirida posteriormente por Chevron, fue sentenciada por la justicia ecuatoriana a pagar 9.500 millones de dólares por las afectaciones ambientales a la Amazonía, debido a sus operaciones extractivas registradas entre 1964 y 1990, en una de las zonas más megadiversas del mundo. La demanda fue presentada por pobladores amazónicos que acusaban a la empresa de daños ambientales y a la salud.

La petrolera estadounidense, que ya no tiene activos en Ecuador, se niega a acatar la sentencia alegando que cumplió con sus obligaciones y sostiene que ello fue certificado por el Estado cuando dejó el país décadas atrás.

Andes

Informe