Apertura política traicionada – Diario El Periódico, Guatemala

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El virtual colapso del gobierno presidido por Otto Pérez Molina es, ni más ni menos, el epílogo de las tres décadas (1986-2015) de regímenes “electoreros” que se han sucedido en el ejercicio del poder público, que se iniciaron con la apertura política que ocurrió después del agotamiento total de los regímenes militaristas que detentaron el poder público de 1970 a 1986, presididos por los generales Carlos Arana Osorio (1970-4), Kjell Laugerud García (1974-8), Romeo Lucas García (1978-82), Efraín Ríos Montt (1982-3) y Óscar Mejía Víctores (1983-6), que se “legalizaron” a base de fraudes electorales.

Los regímenes “electoreros” de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-91), Jorge Serrano Elías (1991-3), Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), Alfonso Portillo Cabrera (2000-4), Óscar Berger Perdomo (2004-8), Álvaro Colom Caballeros (2008-12) y Otto Pérez Molina (2012-6) han estado marcados por los escándalos de corrupción y por una grotesca impunidad, al igual que en su tiempo lo estuvieron los mencionados regímenes militaristas, con la única diferencia de que los electoreros se han “legitimado” en elecciones resultantes de multimillonarias campañas clientelares financiadas con dinero anónimo o negro, que terminó consolidando una insufrible cleptocracia.

Tanto los regímenes militaristas como los electoreros no se interesaron jamás en construir un sistema de justicia oficial que estuviera en capacidad de dirimir, con eficacia y celeridad, los conflictos entre particulares o comunidades de manera pacífica. Por consiguiente, el vacío de autoridad, la ausencia de resolución pacífica de las disputas y la impunidad (falta de castigo) han derivado en confrontación, desconfianza, divisionismo y violencia brutal.

Si no hubiera sido por la presencia de la CICIG, la débil institucionalidad hubiera sido devorada por el crimen organizado y la corrupción rampante hubiera llevado a la ruina total los servicios públicos.

La obstinada partidocracia electorera pretende relanzarse en las elecciones generales del domingo próximo, sin reconocer que el hartazgo de la población ya no da para más. La clase política asume que todo volverá a ser lo mismo, como ocurrió en 1996 cuando retornó, con más fuerza y más brío, después de la depuración de los organismos estatales que ocurrió en 1994.

Estas elecciones serán o no el parteaguas entre las opciones basadas en el “voto clientelar” y las opciones sustentadas en el “voto consciente” y el “voto adverso”, entre el statu quo político y la fuerza del cambio, entre quienes pretenden recrear la pobreza para sus fines electoreros y seguir saqueando las arcas públicas, y quienes luchan por la integridad, la honestidad y la optimización de los servicios públicos. Sin duda, se pondrá a prueba si la mayoría tiene o no conciencia política.

El Periódico