Indígenas vuelven a la calle y se extienden los diálogos por ley de herencia y plusvalía

El archivo de las enmiendas constitucionales y el rechazo al trámite legislativo de las leyes de herencias y de plusvalía serán temas centrales de la marcha convocada para hoy y con la que los movimientos sociales quieren ratificar su unidad, según el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jorge Herrera.

Ayer, a las 15:00, se instaló una asamblea popular en el parque El Arbolito con dirigentes sindicales, indígenas, maestros, estudiantes, profesionales y ciudadanos. Discutieron seis temas: enmiendas, plataforma unitaria, corrupción, criminalización de la lucha social, estado plurinacional, intercultural y multiétnico y crisis económica. Antes de instalarse, expresaron su rechazo a que el régimen persista en la aprobación de reformas a las leyes de herencias y de plusvalía.

“Nosotros estamos en contra del incremento desmesurado al impuesto a las herencias y a la plusvalía, porque nuestros hermanos que han emigrado, con tanto esfuerzo lograron comprar su propiedad, y que en este rato venga el Gobierno a decir que ese trabajo es para el Estado y no para sus hijos, lo menos que podemos hacer es resistir a esa política impuestera”, sostuvo Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari.

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Pablo Serrano, considera que el régimen busca por todo lado obtener más dinero ante su nivel de gasto corriente.

Aseguró que desde las 16:30 de hoy, trabajadores, indígenas, estudiantes, médicos saldrán a expresar su rechazo a estas dos leyes que se anuncian, y a pedir el archivo de las enmiendas constitucionales, el libre acceso a la universidad y el respeto al derecho a la resistencia.

En esta asamblea popular participó Alberto Acosta, expresidente de la Constituyente de Montecristi.

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Gobierno enviará Ley de Herencias a Asamblea en partes, según Senplades

Los proyectos de Ley de Herencias y Plusvalía, planteados por el Ejecutivo, aún mantendrían un 38% de rechazo de la ciudadanía, según cifras del Gobierno. Y para contrarrestar esas cifras este prevé reformular sus contenidos, en un debate que se extendería hasta diciembre.

El secretario nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Pabel Muñoz, presentó ayer a la prensa una evaluación de los denominados ‘Diálogos por la equidad y la justicia’, que convocó el presidente Rafael Correa el 18 de junio pasado, y de los que el funcionario resalta un objetivo alcanzado: “Una excelente valoración política”.

Estos encuentros se realizaron en los últimos tres meses para enfrentar las continuas protestas ciudadanas que se realizaron desde junio pasado en contra de estas leyes y otras políticas gubernamentales.

La que más preocupaba era la propuesta sobre el cobro de impuestos a las herencias, por ello el Ejecutivo decidió cambiar la tabla. Para patrimonios heredados, la base exenta propuesta era de 100 salarios básicos, es decir, $35.000; y ahora pasaría a 480 salarios o $169.920.

Los recursos que se obtengan de estas tasas, según Muñoz, se emplearán en las becas estudiantiles para los sectores indígenas y afroecuatorianos.

Además, dijo que atenderán el pedido del sector empresarial para mantener la tabla vigente para los negocios en marcha, que es del 17,5%.

Este cuerpo legal se mantendrá suspendido temporalmente del debate en el Legislativo, hasta que en diciembre próximo, Carondelet tome la decisión política de presentarlo.

No obstante, Muñoz anunció que enviarán en estos días un alcance de propuesta legal para “luchar contra la evasión, a través de las sociedades, fundaciones, fideicomisos, sobre todo los del exterior”.

El secretario no dio una fecha específica, pero adelantó que no tendrá el carácter de económico urgente, y contendrá artículos que podrán “contarse con los dedos”.

El proyecto de Ley de Plusvalía, que atañe a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), también continuará en análisis hasta diciembre, “pues hay elementos particulares en su implementación que ameritan seguir discutiendo”, dijo Muñoz, sin dar más detalles.

Las cifras del oficialismo dan cuenta que estos dos proyectos generaron un 60% de rechazo ciudadano, que ahora “con información adecuada” bajó a 38%, agregó la autoridad.

Y bajo ese “paraguas”, en 2.173 encuentros con 2.019 organizaciones y 150.168 ciudadanos, estos aprovecharon para plantear demandas, como que la economía popular participe en compras públicas; o se eliminen trámites burocráticos.

A este acto acudió el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, y concluyó que “no importa” que sectores críticos al régimen no hayan participado, porque ya son los “directos beneficiarios” de los acuerdos alcanzados.

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