Puerto Rico: comisionado residente en Washington aceptará apoyo de demócratas para impulsar ley de quiebras
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, decidió cambiar de estrategia y permitirá que más de una docena de legisladores demócratas se unan como coauspiciadores a su proyecto 870 que impulsa el acceso de empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
Pierluisi había querido evitar que la legislación se tornara en un proyecto demócrata -lo que ya sucede con la medida del Senado- pero afirmó que colegas comenzaron a advertirle que sus electores le cuestionaban por qué no apoyar la medida.
Hoy se sumaron 14 demócratas al 870, aunque, a su juicio, la medida -frenada por la mayoría republicana-, no debe ser considerada partidista.
«El proyecto de ley no le costaría al gobierno federal un solo centavo, ha sido respaldado por al menos 90 organizaciones e individuos, entre ellos numerosas personas y organizaciones conservadoras como Americans for Taxpayer Reform y el Council for Citizens Against Government Waste. De hecho, la semana pasada, el reputado conservador Ramesh Ponnuru escribió un artículo de opinión apoyando el proyecto», indicó Pierluisi, en una declaración escrita.
La líder de la minoría, Nancy Pelosi (California); el portavoz demócrata en el Comité de lo Jurídico, John Conyers (Michigan); el responsable de la minoría en el subcomité de Reformas Regulatorias, Hank Johnson (Georgia), y los tres congresistas demócratas puertorriqueños -José Serrano y Nydia Velázquez (Nueva York), y Luis Gutiérrez (Illinois)-, estarán entre los coauspiciadores.
También se sumará el presidente del Caucus Demócrata, Xavier Becerra, número cuatro de la minoría.
Otros coauspiciadores son Charles Rangel (Nueva York), Raúl Grijalva (Arizona), Ted Deutch y Alan Grayson (Florida), y los delegados Eleanor Holmes Norton (Distrito de Columbia); Madeleine Bordallo (Guam), y Gregorio Kilili Camacho Sablan (Islas Marianas del Norte).
El proyecto similar del Senado, el 1774 -que también persigue un proceso ordenado para reestructurar deuda del gobierno de Puerto Rico- tiene 14 coauspiciadores, todos demócratas.
En medio de la oposición de firma de inversiones, el presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, el republicano Bob Goodlatte (Virginia), anunció en julio que el 870 no tiene los votos para ir hacia delante. En el Senado, se prevé que en algún momento pueda haber una audiencia en el Comité de lo Jurídico, pero su presidente, Charles Grassley (Iowa), no lo favorece.
«El proyecto también ha sido respaldado por el secretario del Tesoro Jack Lew; por la no partidista Conferencia Nacional de Quiebras y por juristas de todos los colores políticos más sobresalientes en sus respectivos campos; por los principales actores en el sector privado de Puerto Rico; por empresas radicadas en los Estados Unidos continentales que hacen negocios en Puerto Rico; y por casi todas las juntas editoriales más importantes (en EE.UU.), incluyendo el Washington Post, Los Ángeles Times, el New York Times, el Wall Street Journal, Bloomberg, el Miami Herald, el Pittsburgh Post-Gazette, y el Boston Globe», agregó el comisionado residente.
Pierluisi recordó que Puerto Rico fue parte del capítulo 9 entre 1938 y 1984, cuando fue excluido sin explicación alguna.
Ahora, firmas de inversiones y grupos conservadores, como la Asociación 60 Plus, han convencido a los republicanos de que no se debe incluir las corporaciones públicas de Puerto Rico -algunas de las cuales pueden quedar insolventes- pues ello representaría un cambio en las reglas bajo las cuales bonistas compraron participación en la deuda del gobierno puertorriqueño.
«El capítulo 9 proporciona un foro para que los tribunales federales tomen en cuenta los mejores intereses de todas las partes envueltas y se llegue a una solución justa, equitativa y vinculante. El capítulo 9 puede ser una herramienta útil incluso si no se utiliza, ya que la mera posibilidad de una presentación de capítulo 9 por parte de una corporación pública puede fomentar negociaciones voluntarias entre una corporación pública y sus acreedores», afirmó el comisionado Pierluisi.
