Puerto Rico: líderes religiosos advierten graves consecuencias del plan fiscal para las mayorías vulnerables

La Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico reiteró hoy, lunes, su advertencia de que los sectores trabajadores y los más vulnerables no pueden llevar el mayor peso de la enorme carga que conlleva la solución a la crisis fiscal y económica del País, así como en su reclamo de que el gobierno de Estados Unidos y los acreedores de la deuda de la Isla tiene que compartir ese sacrificio.

En un documento firmado por 13 líderes religiosos, y que titulan “Respuesta de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa al Plan de Ajuste Fiscal del gobierno de Puerto Rico”, señalan que el plan tiene ideas positivas para atender la crisis fiscal y recogen además la conclusión del mismo de que durante las pasadas décadas se han implementado medidas de austeridad que han empobrecido a la población.

“Estas medidas han sido incapaces de solucionar la crisis fiscal de Puerto Rico. No obstante, el informe recomienda una política de control de gastos y recortes para subsanar la brecha deficitaria del gobierno”, afirmaron en una declaración escrita.

Las ideas positivas que le reconocen al Plan son la aprobación de un mecanismo legal que permita un proceso ordenado a Puerto Rico para renegociar su deuda con los bonistas; la aprobación de un tratamiento tributario que propicie el crecimiento y desarrollo de la industria a través de la inversión de Estados Unidos y otros países, en Puerto Rico, al igual que la derogación de las leyes de cabotaje para reducir los enormes costos asociados a los altos fletes marítimos en la actualidad.

Tras plantear que, como líderes religiosos, tienen “la responsabilidad pastoral y ministerial de velar por los justos derechos de nuestra grey, en particular de las y los más desventajados y débiles” presentan cinco preguntas al gobierno de Puerto Rico, que reclaman se respondan “con claridad y firmeza”.

Cuestionan, por ejemplo, si Puerto Rico “va a promover la misma receta de austeridad que ha fallado y empobrecido al pueblo durante la pasada década y a otras jurisdicciones como Argentina y Grecia, o de lo contrario, promoverá medidas creativas que impulsen el desarrollo de la economía desde la solidaridad y la equidad”.

Preguntan, además, “¿cómo se van a ver afectados los servicios a la ciudadanía en la medida que se reduzcan los recursos económicos disponibles para ofrecer los mismos y cuáles incentivos promoverán que los jóvenes emprendedores se queden en Puerto Rico si las políticas que se están proponiendo les restan derecho y empeoran su calidad de vida?”.

Cuestionan igualmente la creación de la Junta de Control Fiscal al preguntar lo siguiente: “¿En qué fundamento se basa la actual administración de gobierno para proponer la creación de una Junta de Ajuste Fiscal como mecanismo para atender la crisis fiscal, cuando la creación de esta tiene el riesgo de atentar contra el proceso democrático dentro de la sociedad puertorriqueña?”

“¿Por qué si el gobernador (Alejandro García Padilla) públicamente indica que no va a promover políticas de austeridad para atender la crisis, las políticas que propone el actual plan implican recortes de fondos y beneficios, que a su vez van a afectar principalmente a los más necesitados, la clase media y trabajadora?”, es la quinta interrogante que sometió el grupo.

“Estas interrogantes nacen de una genuina preocupación con respecto a los efectos sociales que proyectan los cambios propuestos por la actual administración de gobierno en el Plan de Ajuste Fiscal. Entendemos que la actual administración tiene la responsabilidad de velar y hacer valer primero el bienestar del pueblo de Puerto Rico y no de los mercados”, agrega la declaración.

“Con esto no queremos evadir la responsabilidad histórica de cumplir con la obligaciones de Puerto Rico, sino más bien de reafirmar que primero es el pueblo puertorriqueño y luego lo demás”, añaden.

Estrategia para la crisis

El grupo de religiosos propone como estrategia para enfrentar la crisis fiscal que “el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe proponer a los bonistas un ‘hair cut’ de la deuda de alrededor de 50%. Este recorte debe estar acompañado por un ‘deferment’ sobre el servicio de su deuda. Esto se traduce en que los recursos dirigidos para cumplir con el pago de la deuda actualmente se puedan utilizar para promover el desarrollo económico a través de la inversión en Puerto Rico”.

Reafirma, además, que “la actual administración, antes de pedir más sacrificios a nuestro pueblo, devastado por la crisis, debe exigir más al gobierno de los Estados Unidos, a los bonistas y en particular a los llamados ‘fondos buitres’, puesto que ellos son parte fundamental en esta crisis. De modo que los Estados Unidos, como los bonistas, al ser parte de la crisis, deben ser parte de la solución al problema fiscal y deben por consiguiente aportar de forma equitativa”.

“No podemos permitir”, insisten, “que la mayor carga se siga imponiendo sobre la clase trabajadora, media y profesional, es decir, el sector productivo del País. Se trata de involucrar a todas las partes del conflicto al momento de proponer soluciones permanentes a la crisis”.

Asimismo, la Coalición reitera a los “Cinco Principios” que proclamaron en una declaración anterior y que fueron publicados el pasado 31 de agosto.

Estos principios son que “no deben haber más políticas de austeridad que afecten a las personas pobres y más vulnerables; cualquier solución debe fundamentarse sobre una política de inversión en el pueblo puertorriqueño y de crecimiento económico; se requiere un alivio de la deuda lo suficiente para que nuestra deuda se mantenga en niveles sostenibles y de posibilidad de pagos; alentamos que todas las soluciones se manejen con total trasparencia pública y presupuestaria; y requerimos una mayor participación en la solución a esta crisis y que se permita trabajar con el gobierno en las soluciones de manera que garanticemos la protección de nuestro pueblo”.
Insisten, por otra parte, que “es tiempo de traer a la mesa a todas las partes, para escuchar más ideas.

Es tiempo de compartir las responsabilidades. Es tiempo de hacer un plan de acción de cara al futuro de Puerto Rico, que forje un mejor porvenir para la gente, en particular las personas más necesitadas, el sector más vulnerable, quienes más sufren con los recortes en servicios. Es tiempo de mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos puertorriqueños. Es tiempo de empoderar a quienes todos los días se levantan a construir una mejor sociedad para todos y todas”

Firman el documento el monseñor Roberto O. González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico; el monseñor Rubén González Medina, obispo de la Diócesis de Caguas; el monseñor Eusebio Ramos Morales, obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao; el reverendo Rafael Moreno Rivas, obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico y presidente Concilio de Iglesias de P.R.5; el reverendo Felipe Lozada Montañez, obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en Puerto Rico; el reverendo Miguel A. Morales Castro, pastor general de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico; el reverendo Roberto Dieppa Báez, ministro ejecutivo de las Iglesias Bautistas en Puerto Rico; el reverendo Edward Rivera Santiago, pastor general de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico; el reverendo Esteban González Dobles, pasado pastor de la General Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo); el reverendo Héctor Soto Vélez, secretario ejecutivo del Concilio de Iglesias de Puerto Rico; la reverenda Eunice Santana Melecio, directora del Instituto Caribeño de Acción y Formación Ecuménica; el reverendo Juan A. Vera Méndez, obispo emérito de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, así como Heriberto Martínez Rivera, secretario general de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico.

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