Por Francisco J. Cantamutto

Víctima de un accidente automovilístico, falleció ayer el ex fiscal federal Hugo Cañón, reconocido por su incansable labor en defensa de los derechos humanos.

Un choque frontal entre un auto y una camioneta en la ruta 51, en el partido de Olavarría, produjo la muerte de 4 personas, entre las que se encontraba Hugo Cañón. Una pena inmensa nos invade con la noticia. Perdimos a una gran persona, un incansable defensor de los derechos humanos.

Abogado de profesión, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, transitó diversos cargos en las dependencias del Poder Judicial, para lograr ser nombrado fiscal general federal de su natal Bahía Blanca al regreso de la democracia en los ’80. Fue allí donde dio inicio a la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, territorio operativo del V Cuerpo del Ejército (causa 11/86). Por su minuciosa tarea, se empezó a dar a conocer las torturas, vejaciones y asesinatos cometidos en el centro de detención clandestina “La Escuelita”.

Los avances en ésta y otras causas similares se vieron severamente comprometidos con la ley de Punto Final (N° 23.492), que limitaba a un plazo de 30 días a partir de su promulgación para presentar denuncias por delitos de violaciones de derechos humanos. La aprobación fue el 5 de diciembre de 1986 y su promulgación fue el 24 de ese mes, por lo que la fecha perentoria para reclamar Justicia coincidía con la feria judicial, lo que funcionaba como una traba extra para lograr ingresar nuevas denuncias. Cañón tomó la osada responsabilidad de recibir nuevas denuncias durante ese período. Él mismo relató el febril trabajo que esto implicó, la premura por lograr presentaciones fundamentadas. Al opinar sobre la inconstitucionalidad de esta ley, fue apercibido por el Procurador Juan Gauna.

Esta labor se vería reconocida por el público general al año siguiente. En 1987 fue el único fiscal federal en impugnar por inconstitucional la Ley de Obediencia Debida (N° 23.521), impugnación que más tarde la Corte Suprema rechazaría. Mientras tanto, su necesario trabajo continuó su curso, hasta una nueva y más atroz interrupción: los indultos que Menem comenzó a decretar en octubre de 1989. Cañón volvió a impugnar por inconstitucionalidad a estos decretos. Según él dijo, fue entonces cuando pasó “el momento más duro de mi vida”. Primero, a la usanza de ese gobierno, se lo tentó con cargos, y cuando esto no funcionó, llegaron las presiones. El entonces secretario de Justicia César Arias ordenó sumariarlo y el Procurador Oscar Roger lo citó para cuestionarlo. La Corte menemista también terminaría contrariándolo. Venían los años donde la política oficial era tratar de borrar del mapa político el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

El clima político de la ciudad de Bahía Blanca tampoco ayudaba. Estaba severamente condicionado por la presencia permanente de las tres Fuerzas Armadas y el apoyo irrestricto (apologético) del poder mediático local comandado por el diario La Nueva Provincia y la radio de frecuencia AM LU2. Pero, contra la política oficial y con el apoyo de las organizaciones sociales, Cañón continuó buscando grietas para que la Justicia funcione. En 1999 protagonizó como fiscal acusador los Juicios de Verdad en Bahía Blanca, procedimiento de investigación sin efectos penales que servía para abonar al reclamo de Verdad, aunque no pudiera resolver el de Justicia. Ese año fue también el impulsor –junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel- de la creación de la Comisión Provincial por la Memoria, para salvaguardar la reciente desclasificación de documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. La comisión luego amplió sus alcances para impulsar programas como el de Jóvenes y Memoria, o el monitoreo del sistema penitenciario en la actualidad. De esos años data también la colaboración con el juez español Baltazar Garzón en los procedimientos llevados a cabo en aquella jurisdicción.

Cuando en 2003 se declaró la nulidad de las leyes de Impunidad, nuevos bríos cobró la situación. Los juicios por delitos de lesa humanidad ahora tendrían efecto legal. Cañón continuó su trabajo en la fiscalía hasta 2007, y su esfuerzo permanente fue una luminaria para muchos otros. La minuciosa tarea que llevó a cabo por más de dos décadas fue la base argumental con la cual los nuevos y jóvenes fiscales pudieron llevar a juicio a los represores en Bahía Blanca. Esta mega-causa, cuyo desarrollo se pudo atestiguar en las instalaciones de la Universidad Nacional del Sur, llegó a incluir la acusación al empresario periodístico Vicente Massot por instigación y complicidad, en un osado giro hacia la inclusión de la responsabilidad ideológica del genocidio (para leer en detalle sobre estos juicios, ver aquí).

Hugo Cañón fue una pieza clave en los avances para tener Memoria, Verdad y Justicia. Su militancia social y su actuación jurídica permitieron que generaciones enteras no quedásemos como huérfanas políticas. De férreas convicciones, cordial y franco, Hugo fue un baluarte de la democracia. Lo recordaremos siempre con respeto y afecto. Como escribió el periodista y amigo Diego Kenis ante la noticia, “sólo el ejemplo inmenso que nos queda supera el tamaño infinito de esta tristeza”.

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