Negociadores del Gobierno viajan hoy a La Habana a reunirse con las Farc tras la instrucción de Santos de firmar la paz lo antes posible. Discutirán sobre desarme, desmovilización y concentración de la guerrilla; cese al fuego bilateral y refrendación.

Los voceros del Gobierno y las Farc empiezan esta semana un nuevo ciclo de conversaciones de cara a lo que muchos consideran  “la etapa final del proceso  de paz”, que se inició oficialmente el 19 de noviembre de 2012 en La Habana.

Esta fase crucial, como lo anunció el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle Lombana, “monopolizará la energía de las partes para abordar los puntos de refrendación y fin del conflicto”. De la Calle también prometió un trabajo de “tiro largo” en la búsqueda del acuerdo final. Lea además: Presidente Santos pedirá al Congreso ley para concentrar a Farc.

Este trabajo incluye dejar listo el acuerdo sobre el punto tres,‘fin del conflicto’, que incluye los pormenores  de la desmovilización, desarme y concentración de la guerrilla, sobre el cual vine trabajando una subcomisión técnica integrada por militares desde marzo del año pasado.

El punto tres también contempla la consecución de un cese al fuego bilateral y definitivo entre el Ejército y la guerrilla, que sea verificable internacionalmente por una entidad aún por acordar.

También se debe lograr consensos sobre el mecanismo de refrendación, el punto seis de la agenda de diálogos,  ya que el Gobierno impulsa el Plebiscito por la Paz como forma de legitimar el acuerdo, mientras que las Farc buscan una Asamblea Nacional Constituyente.

Otros puntos como la forma de escoger a los magistrados del Tribunal Especial de Paz, cuántas zonas de concentración habrá para la guerrilla y cómo será su funcionamiento, son temas sueltos que se deben resolver en esta última etapa de negociación.

La primera sesión de conversaciones de 2016 que arranca el miércoles 13 de enero, inicia con la cada vez más cercana señal en el faro del 23 de marzo como fecha límite fijada para llegar a la firma; también, la preceden hechos como la solicitud del presidente Juan Manuel Santos de convocar sesiones extras en el Congreso con el objetivo de reformar la Ley de Orden Público para crear las zonas de concentración de los desmovilizados de las Farc, así como el paso a estudio en la Corte Constitucional del proyecto de ley estatutaria Plebiscito por la Paz.

A lo anterior se suma el concepto favorable que emitió la Corte Suprema de Justicia CSJ respecto a la solicitud de extradición que hiciera la justicia de Estados Unidos contra Octavio Orrego Sánchez alias Sebastián, insurgente al que se le atribuye responsabilidad en el secuestros de tres contratistas estadounidenses. Aunque la última palabra la tiene el presidente Santos, la decisión de la CSJ podría verse como un pero en la reanudación de los diálogos.

De todas formas, el Gobierno es optimista respecto al panorama que avista en esta fase crucial, mientras la oposición al proceso se reafirma en su rechazo a lo que se ha acordado y lo que se pueda acordar durante los próximos meses. EL HERALDO recogió las voces de varios analistas, quienes desde su ámbito hacen un diagnóstico de lo que  puede venir en el proceso  de diálogos con las Farc, en cuyo transcurrir ya se han logrado acuerdos en la mayoría de puntos de la agenda.

El año de las definiciones
El senador Armando Benedetti Villaneda, miembro de la Comisión Primera que trata, entre otros asuntos, reformas constitucionales y estrategias para la paz, calificó el año que comienza como el más importante para Colombia después de la Independencia. “La agenda contempla firma de los acuerdos, dejación de armas, plebiscito y Acto Legislativo para la Paz. Vamos con todo”. Afirma uno de los principales defensores en el Congreso de las negociaciones en La Habana.

A la par con la evacuación de los puntos de la agenda, el congresista barranquillero ha rezumado un optimismo que lo hace afirmar una y otra vez que la paz no tiene reversa y que, incluso, puede darse antes de la fecha establecida. “A los que les gusta la guerra, que piensen en buscar oficio. Que se vayan para Siria”, es su mensaje a los detractores de los diálogos.

De otro lado, Ancízar Marroquín, politólogo y director académico del Instituto de Altos Estudios para la Gestión Pública, dice que este año inicia con “mucha expectativa y gran temor” de si se va a firmar o no la paz. Considera que, a dos meses del día pactado, hay muchos temas por definir, como cuáles y cuántas serán las zonas de concentración para los desmovilizados y qué  van a hacer estos, o de qué van a vivir una vez dejen las armas.

Marroquín estima que el Gobierno ha puesto las cartas sobre la mesa y que ha sido generoso en el sentido de hacer las reformas necesarias para llevar a cabo el proceso; ante tales circunstancias –agrega– es difícil que la guerrilla no acepte, más aún, cuando ya se ha creado un ministerio para el posconflicto y se sabe que van a llegar recursos  de organismos y bancos internacionales, al estilo del Plan Colombia, pero enfocado a la reconciliación nacional. “Cada vez  se cierran más las posibilidades para que las Farc se puedan escapar”, advierte.

Las zonas de concentración para la guerrilla

El Caguán fue la última experiencia que involucró la concentración de la guerrilla en una zona geográfica.
Aquellas regiones que en noviembre pasado las Farc llamaron “zonas especiales de paz”, son sobre las cuales  el presidente Santos llamó a legislar en las sesiones extraordinarias que podrían darse en febrero. Tal como  lo anunció el mandatario en el reciente cónclave por la paz realizado en Cartagena, el objetivo de dicho pedido al Congreso es el de tramitar una reforma a la Ley 418 de 1997 de Orden Público que le confiera facultades al Ejecutivo para crear las zonas de concentración o de distensión.

Y aunque ya el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco y otros senadores como Viviane Morales e Iván Cepeda Castro expresaron su respaldo a la propuesta gubernamental, para los opositores del proceso de paz, la bancada del Centro Democrático, preocupa el carácter unánime y a su juicio “facilista” con que se están atendiendo temas tan complejos como la reforma a la 418.

El senador de dicha colectividad Jaime Amín Hernández considera que el Gobierno “solo está en modo paz”. Advierte que su partido no conoce el texto de dicha reforma y que su preocupación se fundamenta en dos razones: que las Farc han venido exigiendo más de ochenta puntos de despeje y que dicha ocupación se haría con los miembros del grupo rebelde armados, ya que en torno al tema se han manejado sofismas como que las armas van “a entregarse a un tercero o van a quedar engavetadas”.

“El Gobierno ha hecho del tema del proceso de paz un completo galimatías. Que nos digan de una vez por todas si se va a repetir lo de unos nuevos ‘caguancitos’ como ya el país lo conoció y lo padeció”, reclama el legislador barranquillero, para quien lo más viable sería la creación de no más de tres zonas verificables por el Gobierno y un organismo internacional como la Organización de las Naciones Unidas ONU.

Sobre el particular, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco recalca que, a diferencia de la mala experiencia vivida bajo el mandato de Andrés Pastrana Arango, esta vez las zonas de despeje no surgen como condición para iniciar los diálogos, sino como consecuencia de un cierre definitivo del el proceso de paz, en cuyo contexto debe darse el desarme.

En una visión independiente de la oposición y de las tesis de la coalición gubernamental, el jurisconsulto y expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, apunta que el Gobierno, amparado en el artículo 22 de la Constitución Nacional, tiene el deber de buscar la paz, pero que en vista de que en una democracia hay tantos y tan distintos puntos de vista, el presidente debe buscar por todos los medios un consenso en el que participen todas las fuerzas políticas y sociales, incluidas la academia y la rama Judicial.

Lo que viene en materia de refrendación
El reinicio de los diálogos coincide con el paso  a estudio por la Corte Constitucional del Plebiscito por la Paz aprobado por el Congreso en el anterior periodo legislativo y que representa el mecanismo de refrendación adoptado por el Gobierno para que los colombianos se pronuncien en las urnas a favor  o en contra de lo acordado en  la mesa de La Habana. Según ha trascendido, el proyecto puede quedar en manos de uno de los siguientes magistrados: María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio o Alejandro Linares; todos caracterizados por sus posturas liberales.

Mientras se decide la suerte del proyecto en la Corte, siguen generándose opiniones respecto a si el recurso de aprobación y la forma como hizo tránsito en el Congreso es la más adecuada o la más conveniente para el país, democráticamente hablando. El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, dice que Santos como jefe de Estado no estaba obligado a convocar un plebiscito, pero que él mismo fue quien decidió someter los acuerdos pactado a la aprobación popular.

Hernández estima que es válido que Santos se hubiera comprometido con este mecanismo de refrendación, lo que no comparte es que el proyecto haya sido“manipulado” con la introducción de un umbral del 13%, meta que no considera representativa de la voluntad del electorado. “Tal como están las cosas, con ese umbral tan bajo, no creo que la aprobación en las urnas del proceso de paz vaya a tener dificultad”, sentenció el expresidente de la Corte Constitucional.

El  umbral del 13% implica que del censo electoral aproximadamente 4,4 millones de ciudadanos deben votar por el ‘sí’ para que se aprueben los pactos de la mesa, pero este resultado debe superior a los votos por el no. Justo este fue uno de los temas que más escozor  les produjo a los parlamentarios del Centro Democrático en la etapa del estudio legislativo.

Para Jaime Amín el plebiscito es abusivo y traído de los cabellos. “El 13 por ciento es precario, crítico, un número inventado que le tuerce el pescuezo a la Constitución”, asevera, y recalca que la cifra no es representativa para consultar a los colombianos sobre un tema tan trascendental como la paz.

A su turno el experto Ancízar Marroquín se pregunta, teniendo en cuneta que el resultado de este plebiscito sería vinculante, ¿qué pasaría si gana el no en las urnas?, ¿volverían las Farc al monte? Sobre el grupo insurgente, al que no lo convence el plebiscito, Marroquín afirma: “a las Farc no le gusta nada que implique una camisa de fuerza”. Resalta que el mecanismo de refrendación por el que se inclina el ejército rebelde, la Asamblea Nacional Constituyente, es en lo único en que coinciden las Farc con el Centro Democrático.

Concluye que aunque la Constitución del 91 es buena, aún sigue quedando mucha gente por fuera de la institucionalidad. “No hay que tenerle miedo a una constituyente”, puntualiza.

Lo acordado hasta ahora
En más de tres años y 47 ciclos de conversaciones, el Gobierno y las Farc han definido acuerdos en cuatro de los seis puntos de la agenda y han aprobado consensos parciales en temas como la justicia transicional y el punto de víctimas. El primer punto acordado, en 2013, fue el de tierras  y la implementación de un sistema integral agrario; a este le siguieron los acuerdos sobre el tema de drogas ilícitas y la participación en política de los miembros de las Farc.
Se sumaron luego, el año pasado, los trascendentales consensos sobre la implementación de una  Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la atención de víctimas. El primero de ellos, septiembre 23 de 2015, suscitó el icónico apretón de manos entre el presidente Santos y el jefe guerrillero alias Timochenko, hecho que a decir de los entendidos se convirtió en la prueba irrefutable de que el proceso de paz llegará a un exitoso final.
En tanto el segundo, el acuerdo de víctimas pactado en diciembre y que trata de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, motivó la crítica de Human Rights Watch HRW. “Es una piñata de la impunidad”, lo calificó así José Miguel Vivanco, director para América Latina  del organismo.
La crítica fue respondida por el presidente Santos y los negociadores mediante una misiva en la que, entre otros temas, expresan que a pesar de que el proceso de paz de Colombia no es perfecto, el acuerdo de justicia transicional al que llegaron las partes es el mejor logrado en la historia de los conflictos.

El Heraldo

Farc presiona por indulto anunciado por Santos a 30 guerrilleros

A dos días de que se reanuden los diálogos de paz en La Habana, las Farc exigieron al gobierno colombiano que haga efectivo el indulto a 30 de sus guerrilleros presos anunciado el 22 de noviembre.

“No percibimos causas de fondo para que a más de 45 días de expedida la medida, no se haya hecho efectiva en ninguno de los casos”, se quejó la delegación de paz de la guerrilla en un comunicado emitido este lunes en la capital cubana.

El gobierno de Juan Manuel Santos anunció en noviembre el perdón de la pena a 30 rebeldes de la Farc, condenados por rebelión y delitos menores.

Santos justificó la medida como un gesto de confianza hacia el proceso de paz que negocia con las Farc desde hace tres años, y con el que las partes buscan terminar con más de medio siglo de lucha armada.

El 25 de diciembre, la organización comunista denunció las “trabas y la indolencia” de funcionarios colombianos para concretar la orden presidencial.

Al rechazar los señalamientos, el gobierno de Santos afirmó que estaba agilizando los trámites de excarcelación y pidió a las Farc “más moderación y menos pelea”.

En su comunicado, el grupo rebelde coincidió en que “no es momento de escalamientos verbales, ni presunciones de mala fe”, pero subrayó que tampoco de “ambages innecesarios”.

“¿Cuánto más debemos esperar para que se haga efectivo el indulto? ¿Tardará tanto que llegarán primero ordenes de libertad condicional, vencimiento de términos o penas cumplidas para nuestros prisioneros?”, cuestionó.

Ambas partes reanudarán el miércoles sus conversaciones en La Habana, con miras a firmar la paz el 23 de marzo.

El País