El Procurador General del Ecuador, Diego García, señaló que apelará la decisión de la Corte Distrital de La Haya que desestimó el pedido de anulación que el estado ecuatoriano presentó por varios laudos arbitrales dictados por ese tribunal en el caso Chevron III.

Según García, La Haya conoce la demanda presentada por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra el Ecuador por un supuesto fraude judicial ocurrido en el juicio que condenó a la petrolera a una indemnización para reparar la contaminación causada durante los años de operación de Texaco en el país. La compañía ahora busca que el estado ecuatoriano asuma la indemnización del juicio que siguen en su contra comunidades amazónicas por daño ambiental.

Además resaltó el claro error de los jueces holandeses al rechazar argumentos sólidos como la imposibilidad de aplicar retroactivamente el Tratado internacional o para admitir que contra su propia normativa un Estado puede intervenir en las decisiones judiciales.

El Ecuador presentó los pedidos de anulación respecto de los laudos de jurisdicción parcial e interinos por los cuales el Tribunal consideró que tenía competencia para conocer el caso y otros en los que se ordenó al Ecuador tomar acciones para que la sentencia del juicio ambiental no sea ejecutada.

Todavía el Tribunal Arbitral no se ha pronunciado sobre el fondo de la pretensión de Chevron, decisión que aún está pendiente y que se sigue en un proceso diferente al de la anulación.

Los argumentos del país sudamericano se centraron en la incompetencia del Tribunal que se consideró facultado para conocer la demanda arbitral en razón de que el Tratado Bilateral suscrito con Estados Unidos, que es el único instrumento que podría otorgar jurisdicción al Tribunal, entró en vigencia en 1997 es decir cinco años después de que Texaco abandonó el Ecuador.

Los laudos además atentan contra el orden público del Ecuador, en razón de que a través de ellos se ordena que el propio gobierno ecuatoriano sea el que desconozca una sentencia válidamente emitida por sus cortes, impidiendo así que cualquier análisis sobre la legalidad de dicha sentencia pueda ser practicado por las cortes ecuatorianas. Es por ello que la defensa del estado ecuatoriano explicó al Tribunal arbitral la imposibilidad de acatar los laudos arbitrales porque hacerlo estaría contra su orden público.

El procurador también rechazó las declaraciones de Chevron efectuadas en torno a esta decisión, mismas que realzan la supuesta legitimidad de los laudos arbitrales, cuando aún no se han agotado las instancias de revisión ante las cortes holandesas y equivocadamente anuncian una victoria en el laudo definitivo a ser dictado en el proceso arbitral en curso.

Por último resaltó que debe tomarse en cuenta que el tribunal arbitral en su última decisión se ha alejado de los argumentos de Chevron pues en marzo de 2015 la compañía declaró que no existió impedimento para la presentación de la demanda ambiental contra la compañía por parte de los litigantes de Lago Agrio.

Todo ello, permite colegir que el Tribunal Arbitral está examinando cuidadosamente los argumentos de Ecuador antes de pronunciarse, sin que quepa atribuirse ningún triunfo por parte de Chevron.

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