Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Con su reciente decisión que autoriza a detener un acusado antes del tránsito completo en juicio, que incluye a todas las instancias, conforme indica la Constitución, la máxima corte de justicia de Brasil, el STF (Supremo Tribunal Federal), adhirió a la ola conservadora que se ha diseminado en forma lenta pero inexorable sobre la sociedad brasileña y que amenaza las conquistas socioculturales del período anterior y la propia democracia aún en construcción, afirma la columnista de Brasil/247 Tereza Cruvinel, una de las periodistas mejor informadas del país. Para Cruvinel, la ola conservadora comenzó en el 2005 nutrida por el moralismo en el caso del llamado “mensalao” del Partido de los Trabajadores (PT) y ha avanzado poniendo en agenda temas como la reducción de la edad penal, medidas homofóbicas, regresión de políticas sociales y precarización de relaciones laborales.

Ahora, se suma a esa agenda “la implacable cacería a Lula, la amenaza del impeachment a Dilma sin fundamentos claros y sólidos y un Lava Jato que contribuyó fuertemente a un debilitamiento colosal de la actividad económica”. Para Cruvinel, “si hubo un error es el propio STF que puede corregirlo”, o el Congreso, “si no estuviera en una fase tan lamentable, minado por sus propias debilidades. Es decir, si entendiera que su principal tarea es preservar la democracia”.

En los flujos y reflujos de las ideas políticas, el espejo retrovisor nos indica que Brasil vivió una ola progresista entre el final de la dictadura, en 1985, y el epílogo del gobierno de Lula, en el 2010.

Desde entonces, una ola conservadora se ha diseminado en forma lenta pero inexorable sobre la sociedad, amenazando las conquistas socioculturales del período anterior y la propia democracia aún en construcción.

Ahora es la máxima corte de justicia de Brasil, el STF (Supremo Tribunal Federal), la que adhiere a esta ola, con la decisión que autoriza a detener acusado antes del tránsito completo en juicio, incluyendo todas las instancias, conforme indica la Constitución.

O sea, a partir de la segunda instancia, antes de agotadas  todas las posibilidades de apelación. Elegantemente, el juez Celso de Mello apuntó una “inflexión conservadora” en el STF. Fue más que eso.

Durante la ola progresista, salimos de la dictadura para una fase de oxigenación y de superación de viejos atrasos, algunos históricos y culturales, precedentes a la propia dictadura. La basura autoritaria fue barrida y en su lugar erigimos una Constitución democrática y preocupada con la justicia social, en un proceso que contó con gran participación popular. Rápido, probamos la resistencia del sistema democrático con un impeachment legal a un presidente.

La hiperinflación fue vencida en el primer mandato de Fernando Henrique Cardoso y en el segundo, tras las consecuencias negativas del experimento neoliberal, comenzaron a ser implantadas las políticas sociales que ganarían impulso y consistencia en el segundo gobierno de Lula, favorecidas por un ciclo de crecimiento en que todos ganaron: miserables, pobres, clases medias y ricos. Viejos tabúes fueron removidos. Las mujeres tuvieron sus derechos reconocidos y defendidos por leyes como “Maria da Penha” (contra la violencia doméstica); homosexuales salieron del confinamiento social; se ampliaron las posibilidades de realización de aborto, incluyendo el de fetos anencefálicos, lo que tangencialmente se relaciona ahora con los casos de microcefalia.

El STF tuvo un papel importante en algunos de estos avances, y agregó la autorización para pesquisas con células-madre; el derecho ambiental se organizó generando políticas que están entre las más avanzadas del mundo, los derechos humanos ganaron estatus y políticas de defensa, pese a que bolsones de la Edad Media sobreviven, como los del trabajo esclavo o semiesclavo.

Los negros y afrodescendientes ganaron derechos y políticas afirmativas; y los niños y adolescentes tienen su estatuto, que la ola conservadora amenaza destruir; millones salieron de la miseria, millones de jóvenes pobres llegaron a la educación superior, y eso y mucho más se dio durante la ola progresista.

La ola conservadora comenzó en el 2005 nutrida por el moralismo, como el caso del llamado “mensalao” del Partido de los Trabajadores (PT).

En los primeros cuatro años de gobierno de Dilma el conservadurismo avanzó, poniendo en agenda temas como la reducción de la edad penal, medidas homofóbicas, regresión de políticas sociales, precarización de relaciones laborales, etc.

Con el segundo mandato de Dilma en un marco de problemas económicos, algunos creados por el propio gobierno pero muchos causados por el escenario global, el moralismo y el antipetismo encontraron terreno fértil para gestar la crisis política que vivimos. Y aquí estamos, ante la implacable cacería a Lula, la amenaza del impeachment de Dilma sin fundamentos claros y sólidos como en 1992, ante un Lava Jato que contribuyó fuertemente a un debilitamiento colosal de la actividad económica, y ante el crecimiento de una derecha que posa como moderna y y ética para atraer a los indignados. Y ante la satanización del PT, cuyo error esencial fue haber seguido las reglas no escritas del sistema político, especialmente las del financiamiento de la política y de las campañas, que sólo valían para los otros.

Pero el STF atravesó todo este tiempo como guardián de los preceptos constitucionales, buscando garantizarlos.

El juicio dela demanda penal 470, del mensalao, tuvo muchos vicios, pero observó el rito del debido tránsito en juicio. Las detenciones ocurrieron sólo después de agotados los recursos de apelación. Después vino el juez Sergio Moro y el Lava Jato, las detenciones preventivas prolongadas para obtener delaciones premiadas, las filtraciones selectivas.

La comunidad jurídica protestó muchas veces, pero ni el STF ni el Consejo Nacional de Justicia pusieron freno a los abusos.

Estaban, como dijo el juez que hoy preside el STF, Ricardo Lewandowski, “con el cuchillo en el cuello”. El cuchillo de los medios, alineados a la reacción, y el cuchillo de la opinión conservadora. Ambas aplauden los abusos en nombre del combate a la corrupción. Alinéandose gradualmente a la reacción, el STF autorizó la detención de un senador en ejercicio del mandato, ahora liberado por decisión del propio tribunal.

Y, finalmente, con el “cuchillo en el cuello”, el STF hace lo que el juez Celso de Mello llamó “inflexión conservadora”. Abolió la exigencia de “tránsito en juicio”, autorizando detenciones a partir de la segunda instancia.

El sentido común envenenado por el moralismo dice: “Eso es bueno, dará un basta en el festival de apelaciones que garantiza la impunidad a muchos delincuentes, ya que cuando la apelación llega a ser analizada por las cortes superiores el delito prescribió”.

Contra ese sentido común, además de la Constitución, la vida real: ¿y si alguien fue injustamente condenado en primera y segunda instancia? ¿Quién devolverá los años perdidos al acusado? La respuesta está en la afirmación del juez Marco Aurélio Mello, uno de los cuatro magistrados del STF que votó contra el cambio. “Mil veces culpables sueltos que un inocente detenido”, dijo.

Juristas y abogados protestaron. “El STF quebró la Constitución. Los jueces actuaron como legítimos representantes del deseo popular de castigo. No puedo llamar corte constitucional a una corte que actúa así”, dijo el abogado Edward Carvalho, defensor del empresario Leo Pinheiro, de la constructora OAS. El abogado cree que ahora las delaciones surgirán más intensamente.

El juez Celso de Mello, el más antiguo magistrado del STF, indiscutiblemente un “garantista”, o sea, un defensor instransigente de las garantías constitucionales, llegó a admitir un “error judicial”.

Si hubo un error es el propio STF que puede corregirlo. Pero eso sólo ocurriría con un cambio profundo en su composición, o si el Congreso no estuviera en una fase tan lamentable, minado por sus propias debilidades. Es decir, si entendiera que su principal tarea es preservar la democracia que la sociedad y el propio Poder Legislativo erigió sobre las heridas del autoritarismo.