Sectores académicos y de la sociedad civil se pronuncian por un cambio del método de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para evitar que dentro de siete años se presente de nuevo una situación parecida a la que se vivió en esta elección, sobre todo porque a esas alturas probablemente la polarización de fuerzas en el Congreso será mayor. ¿Conviene o no seguir con la Junta Nominadora? ¿De qué forma se puede disminuir el ingrediente político? ¿Por qué la Junta Nominadora no incluyó en el listado de 45 a representantes de los partidos Libre y Pac?

Estas son algunas de las preguntas que desde ya se hacen los observadores del acontecer de la justicia y su mayor deseo es que la crisis que se vivió en este sector no se repita. El rechazo de las fuerzas políticas de oposición a una lista de 15 candidatos apoyados por los partidos Nacional y Liberal hizo que los togados no fueran electos en votación de nómina el 25 de enero, porque no se alcanzó la mayoría calificada de 86 votos. Esto hizo que por primera vez se procediera a una elección directa y secreta que se realizó cinco veces durante 17 días y que generó una crisis política. Al final se eligió a los 15 candidatos de la lista inicial que era respaldada por los partidos tradicionales.

El método actual de 15 magistrados funciona desde hace 14 años, cuando el Congreso reformó el artículo 311 constitucional, creando la Junta Nominadora para que presente una lista de 45 candidatos de donde se escogerá a los 15 magistrados que durarán en sus cargos siete años. Para el académico y abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, “el Congreso cometió un error reformando el artículo 311 porque las facultades del Congreso, según el artículo 206 de la Constitución son indelegables”. Este artículo dice: “Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto la de recibir la promesa constitucional a los altos funcionarios del gobierno, de acuerdo con esta Constitución”.

El Heraldo