Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Más allá de las denuncias y pullazos propios de la campaña electoral, hay temas que suscitan consenso entre los candidatos. Entre estos se encuentran el aumento de la inversión en infraestructura y en educación básica, el fortalecimiento de las comisarías, la modernización del aparato estatal y, por supuesto, la formalización de la economía.

Como se sabe, aproximadamente uno de cada siete peruanos trabaja al margen de cualquier protección legal y sin pagar tributos. Si nos comparamos solo con países con similar nivel de ingresos, la incidencia de la informalidad es 20 puntos porcentuales más alta que la que debería ser. No sorprende, entonces, que la mayoría de candidatos coincida en que ampliar la base tributaria e incluir a los trabajadores en el mercado de trabajo formal es una necesidad urgente.

Pero las coincidencias entre los aspirantes a la banda presidencial con respecto a la formalización trascienden, además, las declaraciones de buena voluntad: ningún partido parece tener mayor interés en atacar los problemas de fondo que determinan la informalidad en el Perú.

Por el contrario, no son pocos los candidatos que se muestran a favor de un incremento del salario mínimo pese a que este es una barrera de entrada para aquellas personas que están fuera del mercado formal y que tienen menos posibilidades de acceder a un empleo bien remunerado. Según el Banco Central de Reserva, ante un alza en la remuneración mínima vital (RMV), “trabajadores con menores ingresos tienen menores probabilidades de mantener el empleo, siendo menor aun entre los trabajadores jóvenes, mientras que los trabajadores de mayores ingresos tienen mayores probabilidades de mantener sus empleos”.

Algunos candidatos, como Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y César Acuña, promueven un régimen tributario diferenciado favorable para las micro y pequeñas empresas. Este primer paso puede ser interesante –y de hecho ya ha sido ensayado–, pero mantiene intactos los beneficios laborales y las rigidices del sistema que hacen al mercado de trabajo peruano poco dinámico e inclusivo. En este sentido, resulta curiosa –por no decir contradictoria– la escueta propuesta del plan de gobierno de Alianza para el Progreso para “flexibilizar el mercado laboral aumentando los beneficios a los trabajadores”.

Es revelador que candidatos como Kuczynski, García y Fujimori se hayan mostrado a favor de la derogatoria de la llamada ‘ley pulpín’ –la cual ofrecía un régimen laboral más flexible para los jóvenes con el fin de hacer más atractiva su contratación–. Si bien esta norma no era la solución definitiva a los problemas que afectan el mercado laboral, sí era un paso en la dirección correcta.

Entonces, el cálculo político primó sobre los intereses de aquellos más desprotegidos. Tristemente, la campaña electoral de estas semanas deja entrever un razonamiento similar. Con riesgo de perder puntos en las encuestas, los candidatos –sin excepción– mantienen silencio cómplice sobre las medidas necesarias para combatir la informalidad y que pasan por reducir los sobrecostos laborales (vacaciones, gratificaciones, entre otros), mantener o diferenciar el salario mínimo por tamaño de empresa y, más importante aun, flexibilizar las normas de contratación y despido de trabajadores.

En esta discusión, y contrariamente a lo que muchos argumentan, no son las grandes empresas las perjudicadas ante incrementos mandatorios en los beneficios laborales y en las barreras de entrada al mercado formal. Estas compañías, al fin y al cabo, pagan por lo general salarios por encima de la RMV y compiten entre sí en la provisión de beneficios para atraer a los mejores trabajadores.

Los principales afectados son los trabajadores menos capacitados y las micro y pequeñas empresas que se debaten entre la formalidad y la informalidad. Para ellos, la discusión política que se desarrolla en esta campaña es finalmente irrelevante y las barreras de acceso al mercado “oficial” de trabajo permanecerán tan altas como siempre.

El Comercio